¿Una Ley Agua Arriba? El debate que enfrenta al campo mexicano con el gobierno de Sheinbaum

La tormenta llega al Congreso: El campo se moviliza

El miércoles 3 de diciembre, una caravana de decenas de tractores irrumpió en la Ciudad de México, bloqueando el acceso al Congreso de la Unión. No se trataba de una manifestación más: era el clamor del campo mexicano, representado por campesinos principalmente del norte del país, que alzaban la voz contra la propuesta de una nueva Ley General de Aguas.

“Si afecta al campo, afecta a la ciudad”, decía una pancarta colgada entre dos tractores estacionados en la entrada de la Cámara de Diputados. Y vaya que lo han hecho saber.

La protesta se produce en un momento de creciente tensión entre el sector agrícola y el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo partido Morena tiene mayoría en el Congreso y promueve la aprobación de esta nueva legislación que, según los campesinos, representa una amenaza directa para su subsistencia.

¿Qué propone la nueva Ley General de Aguas?

El objetivo central de esta ley es establecer controles más estrictos sobre el uso del agua en todo el país. Entre otras cosas, propone:

• Regular y revisar las concesiones de agua actualmente vigentes.
• Imponer penas más severas por delitos relacionados con el uso indebido o ilícito del recurso hídrico.
• Reforzar la fiscalización del uso industrial y comercial del agua.

La intención, de acuerdo con el gobierno, es atacar problemáticas históricas como la corrupción en la asignación de concesiones y garantizar un acceso equitativo al agua. Aunque suene razonable, los campesinos ven otro escenario.

¿Por qué el campo dice “no”?

Jorge Robles, un agricultor del estado de Chihuahua, resumió el sentimiento general de su gremio: “Nos quieren quitar el agua y con ella, nuestras tierras”.

Los agricultores temen que esta reforma dé al gobierno federal un poder demasiado amplio para revocar o modificar concesiones, sin suficientes garantías legales para proteger a los usuarios rurales del recurso hídrico.

Además, sostienen que la ley no diferencia entre el uso agrícola de subsistencia y el uso industrial o comercial a gran escala. En otras palabras: temen que una regulación uniforme penalice al pequeño productor mientras favorece a grandes corporaciones con capacidad de negociar directamente con el gobierno.

Una lucha antigua por el agua

En México, la historia de las luchas campesinas por el agua no es nueva. Desde la Revolución Mexicana —cuando el lema “Tierra y Libertad” también incluía el acceso al agua para el cultivo— hasta conflictos más recientes como el de la presa La Boquilla en Chihuahua en 2020, el control sobre los cuerpos de agua ha sido epicentro de tensiones sociales y políticas.

Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), el 76% del volumen concesionado a nivel nacional se destina a la agricultura, mientras que el 14% es para uso público urbano y un 10% para usos industriales. Sin embargo, en la práctica, el acceso es profundamente desigual: el 1% de los usuarios controla más del 33% del agua concesionada.

Por eso, para muchos líderes campesinos, esta ley no representa una democratización del agua, sino una re-centralización del poder hídrico en el Estado, algo que ya ocurrió en el siglo XX con resultados desiguales.

Una protesta agrícola con múltiples frentes

La manifestación frente al Congreso no fue un acto aislado. Apenas una semana antes, campesinos y transportistas habían llevado a cabo bloqueos de carreteras en al menos siete estados del país. Las demandas eran varias, pero todas tenían un denominador común: mayor apoyo del Estado al sector agrícola.

Además de la ley del agua, exigían mejores precios de garantía para el maíz y el trigo y mayor seguridad en las carreteras, que han sido escenario de constantes asaltos a productores agrícolas. Tras protagonizar estos bloqueos masivos, los líderes campesinos acordaron levantar las protestas tras conversaciones con la Secretaría de Gobernación. Pero el compromiso fue claro: si no hay cambios sustanciales en la ley del agua, las movilizaciones continuarán.

El papel de Claudia Sheinbaum: ¿escuchar o imponer?

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, ha intentado posicionarse como una líder progresista y científica, con sensibilidad ambiental. La propuesta de ley está alineada con sus banderas de sostenibilidad y combate a la corrupción.

La mandataria ha dicho que es necesario definir claramente la propiedad del agua, bajo el argumento de que se trata de un recurso estratégico para el desarrollo sustentable del país. Además, argumenta que la ley permitirá evitar los excesos de grandes industrias extractivas y prevenir conflictos por uso del agua.

Pero su enfoque top-down (de arriba hacia abajo) ha generado fricciones. En este contexto, las protestas del campo se convierten en una señal de alarma sobre el potencial autoritarismo de ciertas políticas ambientales, incluso si parten de buenas intenciones.

¿Y qué dice Morena?

El partido gobernante Morena ha cerrado filas en torno al proyecto. En la Cámara de Diputados, donde cuenta con mayoría, ya se inician las discusiones para aprobarla antes de que termine el actual periodo legislativo.

Los legisladores oficialistas apuntan que la ley es indispensable para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente el Objetivo Nº 6 relacionado con el acceso equitativo al agua. Además, citan ejemplos internacionales como Chile y Sudáfrica, donde las reformas hídricas modernas han demostrado ser efectivas para equilibrar su uso.

Sin embargo, organizaciones civiles y observatorios legislativos han denunciado falta de transparencia en el proceso, y señalan que el proyecto no fue puesto a consulta suficiente con las comunidades afectadas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México.

El agua en cifras

• 76% del agua concesionada en México va a la agricultura.
• 10% se destina a usos industriales.
• 33% del volumen de agua concesionado es controlado por solo el 1% de los usuarios.
• 65% de los cuerpos de agua superficial están contaminados, según la Conagua.
• 21% de los acuíferos del país están sobreexplotados.

Estas cifras evidencian no solo la dependencia del campo respecto al agua, sino también la necesidad urgente de una reforma hídrica integral, aunque lo ideal sería que dicha reforma naciera del diálogo y no de la imposición.

Voces desde las comunidades

En estados como Veracruz, Oaxaca y Sonora, asambleas ejidales han comenzado a circular documentos de rechazo a la propuesta de ley. En ellos se denuncia una potencial privatización indirecta del agua, y se exige que el nuevo marco legal reconozca el agua como elemento fundamental de soberanía territorial.

Algunos activistas, como la organización Agua para Todos, insisten en incorporar una perspectiva de derechos humanos y autonomía comunitaria. Señalan que, sin estas garantías, zonas indígenas y comunidades rurales quedarán nuevamente a merced de intermediarios o autoridades centralizadas sin conocimiento local.

¿Reforma necesaria o amenaza velada?

La discusión sobre el agua pone sobre la mesa un problema estructural: la tensión entre sostenibilidad y justicia social. En su intento por modernizar el marco hídrico, el gobierno mexicano corre el riesgo de exacerbar desigualdades si no escucha a los principales usuarios del recurso: los productores rurales.

Si bien la iniciativa responde a una realidad urgente de sobreexplotación y desaprovechamiento del agua, su efecto colateral podría ser la consolidación de un control discrecional del recurso por parte del Estado sin participación efectiva de los ciudadanos.

Como muestra un análisis del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “la gobernanza del agua es efectiva solo cuando hay corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y las comunidades locales”. Algo que, por ahora, está lejos de alcanzarse con esta propuesta.

¿Qué sigue?

Con el proceso legislativo en marcha, y una mayoría parlamentaria que podría aprobar la reforma sin necesidad de consensos, la presión social parece ser la única manera en que los productores puedan incidir en el resultado final.

Mientras tanto, el país observa con atención un debate que rebasa lo técnico y cuestiona el modelo de desarrollo hídrico que México desea construir: ¿uno público, participativo y descentralizado, o uno tecnocrático desde el poder central?