El dilema de los activos rusos congelados: ¿solidaridad europea o riesgo financiero?
Bélgica rechaza usar los fondos congelados de Rusia para financiar a Ucrania, desafiando así el plan clave de la Unión Europea
En medio de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea se encuentra ante una encrucijada crucial. Con el conflicto devastando la infraestructura ucraniana y drenando recursos, apoyar económicamente a Kiev se ha vuelto una prioridad estratégica. Pero existe un debate candente dentro del bloque comunitario: ¿debería la UE utilizar los cerca de 300 mil millones de euros en activos rusos congelados como fuente de financiación para el esfuerzo bélico y la estabilidad económica de Ucrania?
La controversia ha tomado otro giro cuando Bélgica, sede del principal centro de compensación financiera europeo, Euroclear, albergando más de 194 mil millones de euros en activos rusos congelados, expresó su rechazo al plan liderado por la Comisión Europea. Veamos qué hay detrás de esta decisión y qué implica para el futuro de la ayuda a Ucrania.
¿Qué propone la Unión Europea?
Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, la UE ya ha destinado más de 170 mil millones de euros a Ucrania en diferentes paquetes de ayuda militar, humanitaria y presupuestaria. Pero las necesidades a medio plazo siguen siendo monumentales: se estima que Ucrania requerirá unos 130 mil millones de euros solo en 2026 y 2027.
Una de las alternativas que está siendo impulsada por la Comisión Europea es un mecanismo de préstamo llamado "reparations loan" (préstamo por reparaciones). Básicamente, la idea consiste en utilizar como colateral —no como confiscación directa— los activos rusos congelados para respaldar préstamos internacionales destinados a Ucrania. Según la lógica de Bruselas, estos fondos serían restituidos una vez que Rusia pague compensaciones por los daños provocados durante la guerra, algo que Kiev ha exigido en repetidas ocasiones.
Bélgica dice no: soberanía financiera en juego
El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, fue tajante en su intervención ante los ministros de la OTAN en Bruselas el pasado 3 de diciembre. "La opción del préstamo por reparaciones es la peor de todas", sentenció. Para Bélgica, este mecanismo representa riesgos financieros, económicos y legales sin precedentes.
Prévot subrayó que se trata de una ruta inexplorada, sin garantía legal clara, y que podría abrir la puerta a represalias judiciales o económicas por parte de Rusia. De hecho, el gigante financiero Euroclear, con sede en Bruselas, podría enfrentar demandas si Moscú decide iniciar acciones legales por el uso indebido de sus activos.
“No aceptamos que se utilice el dinero y nos dejen solos enfrentando los riesgos”, expresó Prévot.
El dilema legal: ¿acto de solidaridad o robo institucional?
Rusia ha calificado estos movimientos como un acto de "robo", y no sin cierta razón. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, confiscar activos de un Estado soberano —aunque éste esté bajo sanciones— sin una sentencia judicial o acuerdo multilateral puede violar principios establecidos.
La ONU, aunque no ha intervenido directamente, mantiene una postura prudente sobre acciones que puedan alterar el orden normativo global. Además, el Banco Central Europeo (BCE) teme que esta política pueda desestabilizar la confianza internacional en el euro como divisa de reserva, un riesgo considerable si se considera que más de un 20% de las reservas monetarias mundiales están denominadas en euros.
Una visión divergente: ¿quién apoya el plan de la Comisión?
A pesar de las reticencias belgas, países como Francia, Polonia, Estonia, Lituania y la propia Comisión Europea siguen defendiendo la propuesta. El presidente francés Emmanuel Macron incluso la abordó recientemente en su gira diplomática por Asia, destacando la necesidad de mecanismos sostenibles para mantener a Ucrania en pie.
Estos Estados argumentan que los activos rusos congelados no solo deben permanecer inmovilizados, sino también desempeñar un papel activo en la reconstrucción ucraniana, al menos mientras Moscú no ofrezca compensaciones directas. La paradoja es evidente: se exige solidaridad a los países miembros de la UE para con Ucrania, pero esta solidaridad no parece equilibrada dentro del propio bloque.
Los intereses belgas detrás del rechazo
Entre las motivaciones para rechazar el plan, Bélgica tiene múltiples intereses directos. Es el país que más activos congelados rusos alberga por medio de Euroclear, lo que le otorga protagonismo y a la vez exposición al riesgo. Además, el gobierno ha estado percibiendo ingresos fiscales derivados de los intereses generados por estos activos, lo que representa un estímulo económico nada despreciable.
Estos intereses podrían verse amenazados si el plan se implementa sin garantías. Si Rusia decide atacar el sistema financiero belga con litigios o medidas simbólicas, el efecto podría minar la imagen de Bruselas como centro financiero estable.
¿Existen precedentes?
El uso de activos congelados como colateral o garantía para terceros países es prácticamente inaudito en la historia reciente. Si bien se han utilizado fondos incautados para fines humanitarios —como ocurrió con parte de los fondos del régimen de Gadafi en Libia—, nunca con esta magnitud ni con implicaciones geopolíticas tan grandes.
El caso más cercano podría ser el de las indemnizaciones pagadas por Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquellas fueron producto de acuerdos de paz negociados y no de decisiones unilaterales por parte de un bloque de Estados.
¿Qué opciones maneja la UE?
Bélgica propuso una alternativa más tradicional y jurídica: que la UE emita bonos a nivel internacional para recaudar fondos y financiar a Ucrania. Esta ruta concilia con prácticas ya utilizadas en otros contextos, como durante la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, cuando se creó el fondo Next Generation EU.
Los bonos emitidos por la UE tienen alta aceptación en los mercados, y con los intereses actuales, la emisión podría realizarse con cierta previsibilidad y sin comprometer la legalidad financiera. Sin embargo, implicaría mayor endeudamiento conjunto, algo que países como Alemania o Países Bajos podrían resistirse a aceptar.
¿Qué se juega en la próxima cumbre del 18 de diciembre?
La cumbre de líderes europeos del 18 de diciembre en Bruselas podría marcar un antes y un después en la política de ayuda a Ucrania. Allí se decidirá si se adopta la propuesta de préstamos respaldados por activos rusos o si se opta por una solución más conservadora como la deuda conjunta.
No solo está en juego la estabilidad financiera de Ucrania, sino también la cohesión interna de la UE. Si los países miembros no logran consensuar una estrategia común, podrían perder influencia colectiva frente a potencias rivales como China y Estados Unidos, quienes observan atentamente estos movimientos.
Ucrania en el centro de una tensión que divide a Europa
En última instancia, la tensión entre lo jurídicamente aceptable y lo políticamente necesario se ha convertido en una constante en el conflicto ruso-ucraniano. Para Ucrania, el acceso a fondos estables es crucial para resistir y reconstruir. Pero para países como Bélgica, la necesidad de proteger sus activos y su reputación financiera no es negociable.
¿Puede Europa evitar este choque de trenes y encontrar una fórmula que combine legalidad, solidaridad y realismo financiero? En tiempos de guerra, las decisiones tomadas pueden determinar no solo el resultado de un conflicto, sino también el destino de una alianza.
Mientras tanto, queda por ver si los activos rusos seguirán siendo piezas inertes en el tablero geopolítico o si activarán el motor financiero que Ucrania tanto necesita.
