El precio de vivir en Michoacán: Una guerra sin fin entre narcos, política y limones

“El narco tiene al estado en sus manos”

La frase del padre Gilberto Vergara sintetiza dolorosamente la situación de Michoacán, el estado mexicano donde la extorsión, la violencia y el control del crimen organizado han desbordado a la ciudadanía, la política y la economía. A través de testimonios desgarradores, asesinatos de líderes comunitarios y el fracaso de los gobiernos para implementar una estrategia efectiva, el estado es, según muchos, una zona de guerra en tiempo real.

La muerte del ‘Bukele mexicano’: Carlos Manzo

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue acribillado durante la celebración del Día de Muertos frente a su pueblo. Siete disparos acabaron con un hombre que, según muchos michoacanos, era el único político que verdaderamente enfrentaba a los cárteles. Manzo era una rareza en la política local: había expulsado policías corruptos, denunciaba abiertamente a los narcos en redes sociales y mantenía una posición crítica aunque era parte de Morena, el partido en el poder.

Con él no solo cayó un funcionario: cayó también una esperanza colectiva de transformación real. Su asesinato fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación. De los nueve detenidos hasta ahora, siete eran escoltas del propio Manzo. Lo mataron quienes debían cuidar de él, un símbolo más del profundo nivel de infiltración criminal.

Líderes asesinados, pueblo silenciado

Semanas antes del asesinato de Manzo, Bernardo Bravo, representante de los productores de limón, fue ejecutado. Él y otros agricultores denunciaban públicamente que los cárteles obligaban a vender cada kilogramo de fruta por debajo del coste de producción. La extorsión era tan severa que muchos estaban dejando los cultivos.

“Es un secuestro comercial permanente”, decía Bravo antes de morir. Hoy, los limoneros no tienen voz. Abandonan plantaciones, no por falta de clima, sino por el asedio persistente de quienes matan por controlar hasta el precio del jugo de limón.

Michoacán: la cuna de las autodefensas y de las derrotas estatales

En 2013, cuando Hipólito Mora fundó las autodefensas campesinas para resistir a los narcos, parecía una nueva etapa de esperanza. Sin embargo, ese movimiento fue desmantelado y cooptado. Años después, su hermano Guadalupe Mora necesita escoltas del ejército para moverse tras haber denunciado la inacción gubernamental.

En esta guerra constante, comunidades como Sevina, de origen indígena, han decidido no esperar más. Se autogestionan, montan patrullajes armados y guardias nocturnas; pero incluso ellas han sufrido ataques directos de grupos criminales armados que intimidan liderazgos y amenazan sus formas de autonomía.

“Los narcos ya llegan en camionetas, derriban los portones y amenazan a todos”, cuenta un integrante del Consejo Indígena de la región.

Claudia Sheinbaum, entre la presión internacional y el desgaste doméstico

Desde que asumió la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta su mayor reto político: un estado que, según sus habitantes, ha sido abandonado o traicionado por las políticas federales. Tras el asesinato de Manzo, desplegó 2.000 soldados adicionales —6.300 efectivos en total sumando los anteriores— y prometió una estrategia “basada en inteligencia y coordinación”.

Pero como dice el padre Vergara: “Michoacán es la suma de errores pasados. No están comprometidos a fondo. Nadie ve una política seguida de acciones firmes”. Y a juicio del analista en seguridad David Saucedo, la militarización podría acabar fortaleciendo más al Cártel Jalisco, el máximo poder cuando se eliminan a los grupos rivales pequeños.

La presión estadounidense crece. Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, escribió: “Que su memoria (la de Manzo) inspire acciones rápidas y efectivas”. Estados Unidos vigila de cerca Michoacán, no solo por las sustancias químicas para drogas sintéticas que importan desde allí, sino también porque el estado abastece la mayoría del aguacate que se consume en ese país.

Cuando hablar cuesta la vida y callar significa morir de hambre

El caso del agricultor que acudió al padre Vergara resume la tragedia cotidiana: pierde dinero cada vez que cosecha, no cosechar significa hambre. Hablar o denunciar puede significar muerte inmediata. El narcoterror es doble: obtienen la renta mediante amenazas, y destruyen comunidad civil organizada matando a quienes representan la voz colectiva.

Desde hace meses, incluso las carreteras están peligrosamente minadas. Las explosiones matan animales, aterrorizan a civiles y obligan a familias enteras a huir. El retorno al campo ocurre solo cuando hay presencia del ejército, pero todos saben que es temporal. “Sabemos que se van a ir, como siempre”.

¿Qué significa vivir así? Una mujer que prefirió el anonimato lo explica: “Mandé a mi hijo de 19 años a Estados Unidos. Aquí lo iban a reclutar, o lo iban a matar”.

El eterno retorno de las peores políticas

Desde Vicente Fox hasta López Obrador, ningún presidente ha logrado implementar una estrategia con efecto sostenido. Todos han recurrido, en mayor o menor medida, a la militarización. Pero las Fuerzas Armadas terminan convertidas en “retenes turísticos” que solo posan para la prensa. No hay inteligencia plena ni coordinación verdadera, y la corrupción sigue carcomiendo desde dentro a las instituciones.

El crimen organizado en Michoacán ya no necesita ocultarse. Instala cámaras en las calles, despliega drones con explosivos, crea granadas con impresoras 3D y cobra cuotas de guerra a todo el que comercie algo: desde limones hasta tortas. La lógica del narco-estado se ha fusionado con la vida económica.

Y el mayor temor ahora, tras el asesinato de Carlos Manzo, no es sólo que no haya justicia, sino que nadie quiera ocupar su lugar. “¿Quién va a luchar ahora?”, se preguntan los ciudadanos.

Michoacán como síntoma de México

La historia de este estado va más allá de sus fronteras. Es reflejo de lo que ocurre en Guerrero, Tamaulipas o Zacatecas. Allí donde el Estado se reduce a boletines de prensa, y donde la vida vale menos que una cuota de protección.

La resistencia surge desde lo más íntimo: curas comprometidos, comunidades indígenas autónomas y productores organizados. Pero todas estas formas tienen límites sin el respaldo de un Estado consistente, comprometido y honesto.

Como resume Vergara con dolorosa exactitud: “Esto es una guerra infinita, y el Estado parece haber elegido la comodidad de la indiferencia”.