La batalla por los datos de inmigración en el programa SNAP: ¿Lucha contra el fraude o ataque político?

Por más de una década, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ha sido un pilar para combatir el hambre en Estados Unidos. Con más de 42 millones de beneficiarios, representa uno de los programas antipobreza más grandes y efectivos del país. Sin embargo, se encuentra actualmente en el centro de una intensa batalla política y legal que pone a prueba los límites entre seguridad, privacidad y ayuda social.

¿Qué está pasando con SNAP?

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), liderado por la secretaria Brooke Rollins, anunció recientemente una medida drástica: retener fondos federales destinados a gastos administrativos del programa SNAP para los estados que no entreguen cierto tipo de información de los beneficiarios, incluidos sus estados migratorios.

Según Rollins, esta decisión no busca castigar políticamente, sino simplemente mejorar la capacidad del gobierno federal para detectar fraude en el sistema. Sin embargo, esta exigencia ha provocado una oleada de resistencia y demandas judiciales, especialmente de estados liderados por demócratas.

El costo de SNAP y su administración

SNAP cuesta al erario federal cerca de $100 mil millones anuales. De esa cifra, unos $94 mil millones corresponden directamente a beneficios, mientras que el resto se destina a los costos administrativos del programa. Hasta ahora, el gobierno federal ha reembolsado aproximadamente el 50% de los gastos administrativos de los estados, aunque está previsto que esta cifra baje al 25% a partir de octubre del próximo año.

Algunos ejemplos del reparto de estos fondos en el año fiscal 2023:

• California: más de $1.200 millones para administración (10% del total estatal recibido).
• Wyoming: menos de $9 millones (12% del total).
• Florida: $84 millones, poco más del 1% del monto estatal.

¿Qué pasaría si se retienen los fondos? Algunos expertos advierten que esto puede significar que ciertos estados tengan que abandonar el programa por no poder cubrir sus costos operativos.

Ejemplo reciente: Connecticut ha separado $500 millones para cubrir una posible reducción del financiamiento del programa federal.

¿Por qué exige el gobierno estos datos?

La administración afirma que necesita estos datos —especialmente información migratoria— para detectar fraudes dentro del sistema. Rollins ha mencionado que, gracias a los datos ya recibidos de 28 estados (todos republicanos excepto Carolina del Norte), se descubrió que:

• 186.000 personas fallecidas seguían recibiendo beneficios.
• Unas 500.000 personas cobraban beneficios en más de un estado.

Sin embargo, estos números han sido puestos en duda por expertos que aseguran que muchas de estas “anomalías” se deben simplemente a fallos temporales en los sistemas de actualización o registros inexactos, más que a actividades fraudulentas deliberadas.

Una disputa partidista más allá del fraude

El contexto político es ineludible: todos los estados que se niegan a proporcionar los datos están gobernados por demócratas, o tienen fiscales generales demócratas. De los 22 estados (más Washington DC) que demandaron al gobierno federal por esta medida, ninguno tiene una administración republicana.

Incluso en casos mixtos, como Nevada (gobernador republicano, fiscal demócrata), ha habido doble estrategia: cumplieron con la exigencia y también demandaron. Kansas, por su parte, ni cumplió ni demandó, y se encuentra apelando su posible exclusión de los fondos.

Una jueza federal en San Francisco suspendió temporalmente la medida por presuntas violaciones a la privacidad.

La privacidad como argumento de defensa

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su rechazo en un programa local:

“Aunque seas beneficiario de SNAP como otros 42 millones de estadounidenses, ¿deberías aceptar que tu privacidad sea violada o que debas entregar información que no tiene nada que ver con el propósito del programa?”

Detractores de la medida sostienen que la lógica de exigir datos migratorios —que el gobierno federal ya puede conseguir por otras vías seguras— tiene más motivaciones políticas que administrativas. Además, se teme que estas exigencias provoquen miedo entre los posibles beneficiarios, reduciendo su disposición a solicitar ayuda necesaria.

El peso del fraude en SNAP: ¿real o inflado?

La representante demócrata de Connecticut, Jahana Hayes, expresó su preocupación:

“Cualquier abuso de los fondos federales es problemático, pero SNAP es el programa antipobreza más eficiente y transparente que tenemos. No debemos convertir esta política en una guerra ideológica.”

Datos del USDA muestran que el fraude en SNAP es menor al 1% del total de fondos, una cifra notablemente baja para un programa de esta magnitud. El enfoque intensivo en «depurar» el programa puede crear más problemas de acceso que soluciones.

Lo que se avecina para SNAP

Además de esta disputa legal, otras modificaciones ya previstas para SNAP son potencialmente igual de polémicas. A partir de la ley tributaria firmada por el entonces presidente Trump en julio, más personas deberán:

• Trabajar, estudiar o realizar voluntariado para seguir recibiendo beneficios por más de tres meses cada tres años.

Entre los nuevos afectados estarán:

• Adultos entre 55 y 64 años.
• Personas sin techo.
• Padres con hijos entre 14 y 17 años.

A partir de 2028, los estados también enfrentarán pagos compensatorios si se equivocan en más del 6% de las asignaciones.

¿Hacia dónde vamos?

A medida que esta situación avanza hacia los tribunales, el futuro inmediato de SNAP parece estar lleno de incertidumbre. Por un lado, los beneficios directos siguen garantizados por el presupuesto aprobado. Pero la amenaza de cortar los fondos administrativos podría empeorar la eficiencia de entrega y aumentar los errores, irónicamente lo que se busca prevenir.

Más allá del debate técnico y económico, se impone la pregunta: ¿Estamos usando el combate al fraude como excusa para restringir el acceso a un servicio vital?

De momento, 42 millones de personas —incluyendo niños, ancianos, veteranos y trabajadores pobres— siguen dependiendo de SNAP para mantenerse a flote. Y eso debería ser razón suficiente para que pensemos en cómo proteger el programa en lugar de convertirlo en campo de batalla política.