¿Quién controla realmente los deportes universitarios? El debate por la ley SCORE sacude al Congreso

Una nueva batalla política se ha encendido en Washington, D.C., y esta vez tiene como epicentro a los campos, canchas y estadios de las universidades estadounidenses. La propuesta conocida como la ley SCORE (Students' Choice in Opportunity, Rights, and Education Act), defendida por la NCAA, el Comité Olímpico Estadounidense y hasta la Casa Blanca, ha encontrado serios obstáculos en el Congreso. Lo que parecía una iniciativa dirigida a traer estabilidad a los deportes universitarios ha revelado una lucha de poder mucho más profunda.

¿Qué es la Ley SCORE y qué busca?

El proyecto de ley SCORE fue concebido como una respuesta federal a los crecientes desafíos legales y organizativos que enfrenta el atletismo universitario en Estados Unidos. Uno de sus principales objetivos es poner en orden las reglas relativas a la remuneración de los atletas universitarios a través de acuerdos de nombre, imagen y semejanza (Name, Image and Likeness, o NIL), en el marco de acuerdos judiciales que han puesto en jaque al sistema tradicional de amateurismo que defendía la NCAA.

Según sus promotores, la legislación busca garantizar uniformidad frente a las crecientes diferencias entre leyes estatales y proporcionar estabilidad tanto legal como financiera para universidades y conferencias deportivas. La Casa Blanca llegó a afirmar que “es necesaria una acción federal urgente para preservar oportunidades deportivas y proteger a los estudiantes-atletas”.

La NCAA, en el ojo del huracán

Desde su fundación en 1906, la NCAA ha sido la brújula que regula los deportes en las universidades estadounidenses. Sin embargo, su autoridad ha sido constantemente desafiada en la última década, especialmente tras sentencias históricas como el caso O'Bannon v. NCAA (2014) y el fallo de la Corte Suprema en el caso NCAA v. Alston (2021), que erosionaron significativamente los fundamentos legales del amateurismo deportivo.

El empuje del NIL, que comenzó a implementarse a nivel estatal desde 2021, ha creado un mosaico regulatorio desigual. Algunos estados como California, Texas o Florida ofrecen mayores libertades para que los atletas moneticen su imagen, mientras otros mantienen restricciones severas. Esto ha dado lugar a desigualdades competitivas que la NCAA busca corregir con una legislación federal que preempañe esas leyes estatales.

¿Quién se opone y por qué?

El proyecto, sin embargo, ha encontrado resistencia en múltiples frentes:

• Legisladores demócratas y republicanos temen que se trate de una legislación apresurada que favorece a las grandes conferencias y universidades poderosas.
• Central sindical AFL-CIO lo ha llamado una “política antisindical disfrazada”, ya que impide que los atletas universitarios sean clasificados como empleados, negándoles derechos laborales fundamentales.
• Fiscales generales de varios estados consideran que la ley erosiona la soberanía estatal al anular regulaciones locales ya aprobadas.
• Atletas y representantes estudiantiles denuncian que otorga poder excesivo a la NCAA, sin dar voz a quienes están en el campo de juego.

El congresista Chip Roy (R-Texas) resumió la sensación general: “Siento que no está lista para el horario estelar. Hay muchas cuestiones por resolver”. Más contundente fue el representante Byron Donalds (R-Florida), quien arremetió contra la NCAA: “No deberíamos hacer nada para ayudarlos. Ellos crearon este desastre”.

¿Los atletas son empleados?

Uno de los debates más explosivos es el que gira en torno a la clasificación de los atletas como empleados. En los últimos años, han surgido múltiples demandas y propuestas que buscan otorgarles beneficios laborales, incluyendo salarios, negociación colectiva y seguros.

En 2021, la Junta Nacional de Relaciones Laborales publicó un memorándum señalando que, en ciertas condiciones, los atletas universitarios podrían ser considerados empleados bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales. Desde entonces, universidades como la Universidad del Sur de California han enfrentado peticiones sindicales de parte de sus atletas de fútbol americano.

La ley SCORE buscaría bloquear este tipo de movimientos, estableciendo que los atletas no son empleados bajo ninguna legislación federal, lo cual ha avivado las acusaciones de que esta ley es una forma de “congelar” el momento político actual en beneficio de universidades e instituciones poderosas.

El respaldo de la Casa Blanca y el Comité Olímpico

Es inusual ver respaldo tan explícito de la Casa Blanca en un tema legislativo de nicho, pero el gobierno de Joe Biden ha defendido la ley por considerar que garantiza “equidad, estabilidad y oportunidades continuas en los deportes universitarios”. Asimismo, el Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. ha mostrado su apoyo, preocupado por cómo estos cambios podrían afectar a atletas olímpicos en formación, muchos de los cuales surgen del sistema universitario estadounidense.

Sin embargo, ni siquiera ese respaldo institucional ha podido superar la creciente división partidaria y las dudas internas entre los propios republicanos.

El dinero… siempre el dinero

En el corazón de este debate está el negocio multimillonario de los deportes universitarios. En 2023, se estimó que las universidades de la División I generaron colectivamente más de $15 mil millones en ingresos, gran parte proveniente de los contratos de televisión del fútbol americano y el baloncesto masculino.

La NCAA, por su parte, genera más de $1.000 millones anuales—el 87% proveniente del torneo de baloncesto masculino—, según sus propios informes financieros. Y sin embargo, hasta hace poco, los atletas no recibían compensación directa alguna, siendo el único eslabón de la cadena sin retribución monetaria.

La irrupción del NIL cambió ese paradigma. Hoy, estrellas del colegial como el mariscal Shedeur Sanders o la gimnasta Livvy Dunne pueden ganar millones con acuerdos publicitarios. Pero la falta de guía nacional ha generado desigualdad, confusión y posibles problemas de cumplimiento con reglas fiscales y de elegibilidad.

¿Y ahora qué?

La esperanza de aprobar la ley este año parece desvanecerse. El líder de la mayoría republicana, Steve Scalise, señaló que se tomará más tiempo para “solidificar una coalición”. Mientras tanto, la Cámara de Representantes enfrenta otros temas más urgentes como el presupuesto de defensa y el posible vencimiento de subsidios clave del Obamacare.

Esto significa que la ley podría no volver a votarse durante 2024. Y quizás para entonces, el entorno deportivo, político y judicial se haya modificado, generando nuevas condiciones para legislar o, por el contrario, enterrando la propuesta para siempre.

Repercusiones más allá del terreno de juego

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de los deportes universitarios, sino también el modelo de negocios, la gobernanza y los derechos laborales en las instituciones educativas más importantes del país. La ley SCORE es, en muchos aspectos, un espejo que refleja cómo EE.UU. lidia con los derechos individuales dentro de estructuras jerárquicas y tradicionales.

Y por ahora, lo que queda claro es que ni siquiera una coalición entre el deporte, la Casa Blanca y sectores empresariales puede imponer una reforma sin enfrentarse abiertamente a los intereses emergentes de atletas, estados y sindicatos que buscan un nuevo equilibrio de poder en el ecosistema deportivo.

El futuro del atletismo universitario, en suspenso

En palabras del congresista Donalds: “Estamos en la infancia de lo que serán los deportes universitarios del futuro. No deberíamos intervenir aún, sólo porque la NCAA quiere tener todo el control”.