La Corte Penal Internacional bajo presión: ¿Puede sobrevivir el bastión de la justicia global?

Un tribunal creado para impedir la impunidad

La Corte Penal Internacional (CPI) nació en 2002 con un mandato ambicioso: ser el tribunal de última instancia para juzgar a perpetradores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión. Más de 120 países firmaron el Estatuto de Roma, lo cual simbolizó el inicio de una era en la que incluso los líderes mundiales podrían rendir cuentas ante un cuerpo judicial internacional.

Sin embargo, en su reunión anual más reciente, celebrada en La Haya, el ambiente fue sombrío. Mientras diplomáticos y activistas de todo el mundo se congregaban, la CPI se enfrentaba no solo a desafíos logísticos, políticos y legales, sino también a una preocupante disminución de apoyo por parte de los mismos países que un día la respaldaron.

Una tormenta de frentes legales y políticos

La CPI navega un mar de controversias. Entre las más relevantes:

• Sanciones de EE. UU. impuestas durante la administración de Donald Trump, dirigidas a fiscales y jueces de la corte.
• Crisis de liderazgo debido a la investigación por mala conducta sexual contra el fiscal jefe Karim Khan, quien debió apartarse del cargo temporalmente.
• Retiros oficiales y simbólicos de países como Hungría, Malí, Burkina Faso y Níger.
• Negativa de países a cooperar, como el caso de Italia y Libia o Hungría e Israel, al ignorar órdenes de arresto de la CPI.

Según palabras de Tomoko Akane, presidenta del tribunal, durante el acto de apertura de la asamblea anual de los Estados Parte: “Nunca aceptamos ningún tipo de presión”. Un mensaje desafiante, pero que revela el peso que la presión internacional ha comenzado a tener sobre la institución.

El efecto devastador de las sanciones estadounidenses

Uno de los puntos clave en la situación actual de la CPI son las sanciones de EE. UU. impuestas en 2020 como represalia por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. Estas sanciones incluyeron congelamiento de activos y restricciones de viaje a funcionarios de la CPI.

Actualmente, nueve miembros del staff están sancionados: seis jueces y el fiscal jefe. Esto ha provocado el retiro de organizaciones estadounidenses de eventos internacionales vinculados a la CPI por temor a represalias legales. Además, grupos europeos como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), optaron por excluir a su personal estadounidense de reuniones con presencia de personal sancionado.

Como dijo Adam Keith, director de Human Rights First: “Estas medidas han lanzado una sombra inquietante sobre los procedimientos de la corte”.

Una justicia global sin dientes: la falta de cooperación estatal

La CPI carece de una fuerza policial propia. Para arrestar a los sospechosos debe contar con la cooperación de los países miembros. Cuando no ocurre —como en los polémicos casos de Hungría e Italia—, la corte queda imposibilitada de llevar a cabo su mandato.

En 2023, por ejemplo:

• Hungría evitó arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ignorando una orden de arresto emitida por la Corte.
• Italia repatrió a un líder de guerra libio buscado por la CPI en lugar de entregarlo al tribunal.

Estas decisiones gubernamentales impactan directamente la legitimidad e integridad del sistema de justicia internacional. Y si más países adoptan este comportamiento, el futuro de la Corte podría pender de un hilo.

Karim Khan y la incertidumbre sobre el liderazgo en la Corte

Paralelamente, la CPI espera el resultado de una investigación externa sobre presuntas conductas sexuales inapropiadas del fiscal jefe, Karim Khan. Mientras tanto, Khan ha sido apartado temporalmente del cargo, debilitando aún más la administración del tribunal.

La presidenta de la Asamblea de Estados Partes, Päivi Kaukoranta, reconoció el descontento general: “Soy consciente de que los Estados están frustrados por la duración de este proceso”. Se espera que el informe del caso esté finalizado antes de finalizar el año.

Desbandada institucional: retirada de países clave

Desde la última reunión anual, cuatro países anunciaron su intención de dejar de formar parte de la CPI. Algunos de manera oficial y otros de hecho:

• Hungría: alegando que no reconocen órdenes de arresto inconsistentes con sus intereses nacionales.
• Malí, Burkina Faso y Níger: en movimientos interpretados como parte de una desconexión más amplia de instituciones multilaterales.

Si bien su salida aún no es formal, estos pronunciamientos son altamente simbólicos y representan una erosión de la confianza en la institución.

En medio de la crisis: señales de vida en la actividad judicial

A pesar de los escollos, la CPI ha visto un leve resurgimiento en el número de casos activos.

Algunos de los más destacados incluyen:

• Mahamat Said Abdel Kani, líder miliciano de la República Centroafricana, actualmente en juicio por crímenes contra la humanidad.
• Khaled Mohamed Ali El Hishri, transferido por Alemania en diciembre por su presunta implicación en abusos en cárceles libias.
• Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, acusado de crímenes de lesa humanidad por ejecuciones extraoficiales ligadas a la guerra contra las drogas.

Estos procesos, si bien son alentadores, también están poniendo a prueba la capacidad logística y financiera de la corte.

Una batalla por la supervivencia

La Corte Penal Internacional solicitó un presupuesto de 195 millones de euros para 2025. La financiación adecuada será clave para mantener su operatividad. Sin embargo, muchos países miembros están reevaluando sus compromisos, especialmente tras ver que las presiones políticas y diplomáticas desestabilizan fácilmente a la institución.

La Corte nació con la promesa de que ningún criminal, por poderoso que fuera, se libraría de la justicia. Pero 21 años después, esa misión enfrenta su prueba de fuego. Entre escándalos de liderazgo, abandono de aliados y amenazas externas, la CPI está en un momento de fragilidad histórica.

La pregunta es inevitable: ¿puede la justicia internacional mantenerse en pie cuando los poderosos se niegan a someterse a sus reglas?