La campaña secreta de EE. UU. contra narcos en altamar: ¿una guerra sin ley?
El operativo militar impulsado por Trump en aguas internacionales deja más de 80 muertos, genera inquietud en el Congreso y podría redefinir los límites legales del uso de la fuerza contra el narcotráfico
Una operación encubierta en plena expansión
Desde septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques militares contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico cerca de las costas de Venezuela. Lo que comenzó como una acción aislada, rápidamente escaló hasta convertirse en una campaña sostenida, con al menos 22 ataques confirmados y más de 87 personas fallecidas, según informaron fuentes legislativas.
La situación ha encendido las luces de alerta en el Congreso, donde crecen las voces críticas que cuestionan tanto la legalidad del operativo como su proporcionalidad. Durante una sesión informativa reciente, el almirante Frank "Mitch" Bradley confirmó que había ordenado un segundo ataque contra los restos de una lancha hundida. Este bombardeo finalizó con la muerte de dos hombres que se habían refugiado en los restos flotantes tras sobrevivir el primer ataque.
¿Narcos o combatientes? El dilema legal
El punto más preocupante no es solo la muerte de sospechosos, sino que muchos de estos habrían sido atacados mientras ya no representaban una amenaza inmediata. El representante demócrata Adam Smith declaró tajantemente que los dos sobrevivientes estaban “derivando en el agua —hasta que llegaron los misiles y los mataron”.
Senadores republicanos como Tom Cotton han defendido la percepción de amenaza continua, sugiriendo que los individuos intentaban reorganizarse o recuperar suministros. Sin embargo, esto abre el debate sobre cuándo una persona deja de ser combatiente y merece protección bajo el derecho internacional humanitario, especialmente en contextos fuera de un conflicto armado formal.
La legalidad en entredicho: ¿una redefinición peligrosa del enemigo?
La administración Trump sostiene esta operación en una base legal altamente controvertida: una opinión interna del Departamento de Justicia que clasifica a los narcotraficantes como equivalentes a terroristas. Esta lógica permitiría el uso de fuerza letal preventiva por parte del ejército estadounidense, incluso sin que existiera una declaración de guerra formal o el consentimiento del Congreso.
Esta reinterpretación de la ley ha provocado preocupación incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Se ha revelado que los abogados militares de los comandos especiales no tuvieron acceso a esa opinión legal hasta casi dos meses después de iniciada la campaña, un hecho que podría invalidar decisiones operacionales fundamentales y dejar expuesto al personal militar a futuras responsabilidades.
¿Quién tenía el control real de la operación?
Otro punto sospechoso es que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, aparentemente no estaba presente al momento del segundo ataque que mató a los sobrevivientes del primer ataque. Mensajes contradictorios, falta de claridad en las reglas de enfrentamiento y una cadena de mando difusa generan dudas sobre la coordinación y supervisión real de estos operativos.
El Congreso ha solicitado el acceso completo a las órdenes ejecutivas militares que guiaron las operaciones, documentos que incluirían las reglas de compromiso para los soldados en altamar. También buscan acceder a posibles grabaciones o transcripciones de las reuniones donde se planeó la operación inicial.
La reacción militar y política
Mientras el Pentágono insiste en que las acciones fueron legítimas y necesarias para proteger al país de la entrada de drogas, los legisladores demócratas ven con horror la posibilidad de que EE. UU. esté lanzando una guerra encubierta contra objetivos no estatales en el hemisferio occidental sin supervisión adecuada.
La controversia ha escalado hasta tal punto que el propio almirante Alvin Holsey, comandante de las fuerzas estadounidenses en Centro y Sudamérica, anunció su retiro anticipado. Holsey estuvo al mando de la operación hasta su salida, y muchos quieren saber cuánto sabía y cuánto decidió por su cuenta.
¿La guerra contra las drogas convertida en guerra total?
Desde la década de 1980, EE. UU. ha adoptado un enfoque militarista frente al narcotráfico. Bajo la administración Reagan, y más tarde con George H. W. Bush, se utilizaron fuerzas militares para apoyar parcialmente operaciones contra carteles colombianos. Pero nunca antes se había establecido una campaña urbana y marítima con esta escala letal.
Durante el mandato de Trump, este enfoque se ha intensificado. Algunos analistas ven en esta ofensiva un intento del expresidente de mostrar liderazgo internacional y combatir la creciente ola de fentanilo y cocaína que supuestamente proviene de corredores latinoamericanos.
Precedente legal peligroso
Los especialistas en derecho internacional advierten que este operativo podría sentar un precedente global peligroso. Si otras potencias adoptan el criterio de atacar objetivos no estatales más allá de sus fronteras sin consenso internacional, se abriría la puerta a múltiples conflictos encubiertos y abusos de derechos humanos.
La falta de supervisión judicial y la ambigüedad legal que rodea toda la operación preocupan no solo a defensores de los derechos humanos, sino incluso a antiguos oficiales militares que consideran que esto "degrada la legitimidad del poder militar estadounidense".
¿Y ahora qué?
El Congreso ha dejado en claro que investigará en profundidad, exigiendo la desclasificación del dictamen legal completo redactado por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Se espera también la comparecencia de funcionarios clave como Bradley, Holsey y Hegseth.
La pregunta principal sigue sin respuesta: ¿puede el presidente de los Estados Unidos lanzar una campaña militar prolongada fuera del país sin aprobación del Congreso ni supervisión judicial, simplemente reetiquetando a los criminales como terroristas?
La respuesta a esta interrogante no solo definirá el rumbo de esta campaña en particular, sino que podría redefinir los límites del poder presidencial en tiempos de incertidumbre global.
Fuentes:
- Comisión de Servicios Armados del Congreso de EE. UU.
- Declaraciones oficiales del Almirante Frank M. Bradley
- Declaraciones públicas de los senadores Adam Smith y Tom Cotton
- Washington Post, NYTimes y análisis de Human Rights Watch
