El dilema del uso de la fuerza en el Caribe: ¿lucha legítima contra el narcotráfico o crímenes de guerra?

Una operación letal que no deja de generar preguntas

El 2 de septiembre de 2023, un ataque militar estadounidense en el Mar Caribe contra una embarcación sospechosa de tráfico de drogas terminó con la vida de nueve personas en el primer bombardeo y dos más en un segundo ataque posterior. Lo que al principio fue presentado como parte de una legítima operación contra el narcotráfico ha evolucionado en una controversia política, legal y ética de grandes proporciones.

Desde entonces, senadores y representantes del Congreso han exigido la publicación del video completo del segundo ataque, asegurando que podría contener evidencia de una ejecución ilegal. Por su parte, el expresidente Donald Trump ha oscilado entre defender la operación y delegar la decisión de publicar el video al secretario de Defensa, Pete Hegseth. ¿Se justifica el uso de la fuerza contra sobrevivientes en el contexto del combate al narcotráfico? ¿Estamos frente a una estrategia militar necesaria o ante una potencial violación del derecho internacional humanitario?

Antecedentes del operátivo: narcoestado y militarización

La administración de Trump justificó la intensificación de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico como parte de una campaña para detener el flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. En sus propias palabras, el entonces presidente afirmó que el país se encontraba “en guerra armada con narco-terroristas”.

Desde septiembre, se han llevado a cabo al menos 22 operaciones similares, resultando en la muerte de unas 87 personas. Muchas de estas embarcaciones habrían tenido presuntos vínculos con carteles de narcotráfico operados desde Venezuela, un país al que Washington acusa de servir de puente logístico para el narcotráfico global.

Las acciones, sin embargo, parecen no estar exentas de errores tácticos ni de controversias. En este tipo específico de guerra no convencional, el combate a enemigos no estatales presenta desafíos legales complejos, sobre todo cuando los blancos no tienen uniforme ni estatus militar reconocido.

La segunda explosión: ¿ejecución extrajudicial?

El segundo ataque, dirigido a dos sobrevivientes de la primera explosión que intentaban “volver a poner en pie el barco”, según Trump, es el eje de la controversia. Para el presidente republicano, esa acción implicaba hallar armas o drogas escondidas, y por tanto justificaba el nuevo disparo de misil.

“No queríamos ver que ese barco volviera a estar operativo porque estaba repleto de drogas”, aseguró Trump a la prensa. Pero esta justificación no ha convencido a muchos legisladores demócratas y analistas legales.

Jim Himes, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que el video del ataque “fue profundamente perturbador”. Por su parte, Adam Smith, del Comité de Servicios Armados, afirmó que “no parecía que estos dos sobrevivientes representaran una amenaza activa ni estuvieran en condiciones de continuar el enfrentamiento”.

En contraste, Tom Cotton, senador republicano, no halló nada problemático: “Se ve como muchos otros ataques a camionetas o jeeps en Medio Oriente. No lo considero un hecho alarmante”.

¿Qué dice el Derecho Internacional Humanitario?

El uso de la fuerza letal está regulado por la Convención de Ginebra y otras normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario. Estas estipulan que debe haber proporcionalidad, distinción y necesidad militar. Atacar a sobrevivientes que ya no representan una amenaza evidente puede considerarse una ejecución extrajudicial, lo cual está prohibido.

En este sentido, varios expertos, como Sarah Knuckey, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia, han señalado que el segundo ataque podría infringir estas normas si los objetivos no estaban armados ni combatían activamente.

Como explicó el almirante Frank “Mitch” Bradley en sesiones clasificadas, el segundo ataque fue una respuesta táctica directa. Sin embargo, dejó claro que no existió una “orden de matar a todos” proveniente del secretario Hegseth. Aun así, las imágenes han generado duda sobre la existencia de una amenaza creíble que justificara más fuego letal.

El juego político entre pilares de poder

La controversia llegó al Congreso en forma de una potencial batalla presupuestaria. Los legisladores demócratas han condicionado la aprobación del presupuesto de Defensa —más de $900 mil millones— a la entrega del video sin editar del operativo. En específico, podrían retener una cuarta parte del presupuesto de viajes del secretario Hegseth si no hay transparencia.

Este conflicto también refleja una creciente preocupación sobre el uso del aparato militar para objetivos políticos. Muchos legisladores cuestionan si estas operaciones están siendo diseñadas para reforzar una narrativa electoralista de “mano dura” contra las drogas.

De hecho, varios documentos filtrados por el Departamento de Defensa indican que esta operación fue diseñada para satisfacer exigencias personales del secretario Hegseth más que como parte de una estrategia militar clara.

¿Qué papel juega Venezuela?

La imputación del régimen de Nicolás Maduro como colaborador de carteles parece haber sido clave en la expansión de estos operativos marítimos. Desde 2020, Estados Unidos ha emitido recompensas por la captura de figuras vinculadas al narcotráfico venezolano. No obstante, algunos expertos alertan sobre el riesgo de estas acusaciones, que podrían llevar a justificar acciones que bordean el conflicto armado sin declarar una guerra formal.

Los ataques contra botes sospechosos de provenir de costas venezolanas forman parte de una narrativa estratégica que ubica al régimen de Caracas junto a países como Irán o Corea del Norte como amenazas a la seguridad hemisférica.

Un video que podría cambiarlo todo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo recientemente que está evaluando cuidadosamente si difundir el video del segundo ataque. “Debemos ser muy responsables de lo que decidimos publicar”, dijo en una entrevista ante Fox News desde la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan.

La publicación podría esclarecer si los sobrevivientes aún presentaban amenaza o si se trató de un uso innecesario de fuerza letal. Legales o no, estas imágenes habrían estremecido incluso a miembros habituados a visualizar operativos de campo.

En un caso similar de 2010, la publicación del video “Collateral Murder”, en el que soldados estadounidenses abren fuego contra civiles en Irak desde un helicóptero, tuvo consecuencias globales y motivó investigaciones periodísticas y judiciales al más alto nivel. Ahora, algo similar podría pasar.

El doble filo de las guerras secretas

Las llamadas “targeted killings”, es decir, asesinatos selectivos con base en inteligencia, se han convertido en un pilar de la política exterior estadounidense en la última década. Sin embargo, el caso del Caribe pone en tela de juicio este enfoque.

Si bien Trump popularizó esta forma de acción como respuesta rápida e implacable, con drones o misiles, la falta de supervisión adecuada puede dar pie a errores estratégicos y daños reputacionales.

Ya en 2013, miembros de Naciones Unidas advirtieron que las operaciones extraterritoriales sin clara rendición de cuentas podrían debilitar el orden legal internacional. La historia parece repetirse con nuevos escenarios, desde Yemen hasta el Caribe.

El Congreso no quiere mirar hacia otro lado

Ante el clima de polarización política, tanto demócratas como algunos republicanos han exigido respeto por el debido proceso, incluso en conflictos no convencionales. El representante Jim McGovern fue más allá, pidiendo una audiencia especial sobre las reglas de enfrentamiento en estas operaciones.

El hecho de que la muerte de los dos sobrevivientes haya sido percibida como innecesaria o desproporcionada puede abrir una nueva etapa de revisión en la doctrina de uso de fuerza estadounidense. Además, pone presión sobre el Pentágono para establecer protocolos más claros en zonas grises del conflicto armado.

Más allá de la droga: ¿estamos redefiniendo la guerra?

Una de las grandes preguntas que abre este artículo es si Estados Unidos está transformando su combate al crimen organizado en una forma de guerra con reglas propias. Las implicaciones son enormes. Si los traficantes se equiparan a enemigos militares, podrían ampliarse los márgenes del uso de la fuerza… y también las posibilidades de exceso.

En palabras del académico David Kaye, exrelator de Naciones Unidas, “la guerra contra las drogas nunca fue una justificación legal para matar sin consecuencias legales”. Si se permite este tipo de precedentes, se desdibuja la línea entre justicia y barbarie.

“Lo que está en juego aquí no es solo una operación, sino la definición de nuestras reglas morales en tiempos de incertidumbre”, sentenció el constitucionalista Noah Feldman.

Sin duda, el video en discusión podría no solo ser una prueba más. Puede convertirse en el espejo que revele el verdadero rostro de las guerras no declaradas del siglo XXI.