El precio del silencio: Los multimillonarios acuerdos por abusos sexuales que sacuden a la Iglesia Católica en Estados Unidos

Una herida que no deja de sangrar

La Iglesia Católica en Estados Unidos enfrenta una de las crisis más severas y desgarradoras de su historia: los abusos sexuales a menores cometidos sistemáticamente por miembros del clero. Década tras década, nuevas víctimas se animan a hablar, nuevas estadísticas surgen a la luz y los tribunales tienen que lidiar con una avalancha de demandas. En total, se estima que la Iglesia ha pagado más de $4 mil millones en compensaciones a víctimas de abuso. Pero, ¿es suficiente dinero para reparar el daño causado?

La más reciente ola: Nueva York y Nueva Orleans hacen historia... otra vez

En junio de 2024, la Arquidiócesis de Nueva York anunció la creación de un fondo de $300 millones destinado a compensar a víctimas de abuso sexual clerical. "Este fondo tiene un solo propósito: reparar, en parte, el daño causado", dijo el cardenal Timothy Dolan en un comunicado. Los fondos provendrán de la venta de bienes, incluyendo el edificio donde solía estar su sede en Manhattan.

Ese mismo día, un juez federal aprobó un acuerdo que obliga a la Arquidiócesis de Nueva Orleans a pagar al menos $230 millones a cientos de víctimas. Este acuerdo se da tras la declaración de bancarrota de la arquidiócesis en 2020, una estrategia legal para gestionar más de 500 demandas individuales pendientes.

Una larga lista de dolor

Estos acuerdos no son casos aislados. Desde los primeros escándalos a principios de los años 2000, decenas de diócesis estadounidenses han tenido que enfrentar la verdad. A continuación, algunos de los acuerdos más grandes registrados:

• Arquidiócesis de Los Ángeles: En 2024 acordaron pagar $880 millones a más de 1,000 víctimas. Ya habían pagado más de $740 millones anteriormente, elevando el total a más de $1.5 mil millones.
• Diócesis de San Diego: En 2007 se alcanzó un acuerdo de $198 millones por más de 140 casos. En 2024, ante otras 400 denuncias, se declaró en bancarrota.
• Provincia de Oregón de los Jesuitas: En 2011 pagaron $166 millones a más de 450 víctimas, muchas de ellas nativos americanos y alaskenses abusados en internados religiosos.
• Diócesis de Orange, California: En 2004 pagó $100 millones a unas 90 víctimas. En 2007, se añadieron $7 millones más.
• Arquidiócesis de Boston: Epicentro del escándalo mundial revelado por el equipo Spotlight del Boston Globe, en 2003 acordó pagar $85 millones a más de 500 víctimas.
• Diócesis de Covington, Kentucky: En 2006 desembolsó más de $81 millones a más de 200 víctimas. Un informe reciente indica que al menos 90 religiosos cometieron abusos desde los años 50.
• Arquidiócesis de Filadelfia: Hasta 2022 habían pagado $78 millones por 438 reclamos. En 2023 se sumaron $3.5 millones más por un caso particular.
• Diócesis de Wilmington, Delaware: En 2011 acordó pagar $77 millones a cerca de 150 víctimas.
• Arquidiócesis de Portland: Primer diócesis en declararse en bancarrota en 2004. Pagó cerca de $90 millones tras resolver más de 300 casos.
• Diócesis de Oakland, California: En 2005 se alcanzó un acuerdo de $56 millones para 56 víctimas. En 2023 enfrentaron más de 300 nuevas denuncias, lo que llevó a otra bancarrota.

¿Qué hay detrás de las cifras?

Estas cifras reflejan algo más profundo que meras decisiones legales. Representan una historia sistemática de encubrimiento, silencio institucional y revictimización. En muchos casos, arzobispos y obispos reubicaron a sacerdotes denunciados a otras parroquias sin informar a las comunidades afectadas o a las autoridades civiles.

La importancia de los informes periodísticos, como los de Spotlight en Boston, no puede subestimarse. Según una investigación de John Jay College of Criminal Justice, más de 4,392 sacerdotes católicos en EE.UU. fueron acusados entre 1950 y 2002 de abusar sexualmente de menores.

¿Por qué se declaran en bancarrota tantas diócesis?

La bancarrota permite a las diócesis reorganizar sus finanzas para poder pagar múltiples demandas sin colapsar. También evita litigios individuales que podrían revelar aún más testimonios escabrosos. Sin embargo, muchas víctimas y críticos lo ven como una forma de evadir la responsabilidad moral y pública.

"No quieren enfrentar la verdad. Prefieren esconderse tras el sistema legal como lo hicieron tras sotanas por décadas", dijo una víctima durante una manifestación en Nueva York en 2020.

Los escudos legales empiezan a caer

Varios estados han optado por introducir reformas legales. En California y Nueva York, por ejemplo, se aprobaron leyes que extienden temporalmente los plazos de prescripción para permitir que las víctimas denuncien décadas después del abuso, cuando pueden estar mejor preparadas emocionalmente para enfrentar el proceso judicial.

Gracias a estas leyes, las diócesis enfrentan un número sin precedentes de demandas. En muchos casos, las propias autoridades eclesiásticas han obligado al Vaticano a entregar documentos y registros antes clasificados como secretos.

¿Qué dicen los líderes católicos?

Las respuestas varían. Algunos, como el cardenal Dolan de Nueva York, han mostrado disposición a colaborar. Otros se han limitado a ofrecer disculpas generales, sin asumir una verdadera responsabilidad institucional.

"La Iglesia ha fallado en proteger a sus fieles. Falló en custodiar a sus más vulnerables", reconoció Daniel J. Buckley, el juez retirado encargado de mediar en varios de estos casos, incluyendo los recientes en Nueva York y Los Ángeles.

¿Y las víctimas?

Para muchas víctimas, el dinero no basta. "No compran mi infancia robada. No devuelven mi fe. No curan mis pesadillas", dijo una sobreviviente en un documental de PBS.

Las organizaciones de apoyo a víctimas insisten en la necesidad de justicia penal, castigos ejemplares para los encubridores y una política de cero tolerancia en la Iglesia. Algunas víctimas, sin embargo, utilizan las compensaciones para pagar sus tratamientos psicológicos, mudarse o intentar cerrar un ciclo doloroso.

El silencio empieza a romperse

La cultura del silencio clerical ha sido una de las armas más peligrosas. Pero ya no es invencible. Testigos, periodistas, fiscales y víctimas están desmantelando esas murallas paso a paso.

"No es solo una cuestión de fe. Es una cuestión de humanidad básica. De ética. De justicia", afirma la historiadora Karen Liebreich, autora del libro “Fallen Order: Intrigue, Heresy, and Scandal in the Rome of Galileo and Caravaggio”, que ya en su momento exploraba la conexión entre poder eclesiástico y abuso.

¿Qué sigue?

La presión contra el Vaticano por reformar estructuras y crear verdaderos sistemas de investigación independientes crece. Aunque el Papa Francisco ha tomado algunas medidas, organizaciones como Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) exigen la creación de una comisión internacional, completamente separada de cualquier jerarquía eclesial.

"La Iglesia tiene una oportunidad única de mostrar al mundo que puede reformarse desde dentro... o demostrar, una vez más, que sus cimientos están podridos", dice un comunicado de SNAP.