¿Cuidado médico o discriminación? El fallido intento de Georgia de negar tratamiento hormonal a personas trans en prisión

La decisión que marca un precedente: lo que dictó la corte

El estado de Georgia intentó restringir drásticamente el tratamiento médico de personas transgénero en situación de reclusión. Sin embargo, una orden federal permanente emitida por la jueza del Tribunal de Distrito, Victoria Marie Calvert, frenó esta medida legislativa, alegando que violaba la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

La jueza dictaminó que negar la terapia hormonal a personas diagnosticadas con disforia de género representaba un tratamiento médico significativamente inadecuado y ponía en riesgo la integridad y la salud mental y física de los afectados. "El tribunal considera que no hay disputa genuina de hecho sobre que la disforia de género es una necesidad médica seria", escribió Calvert en su decisión.

¿Qué prohíbe exactamente la ley de Georgia?

En mayo, el estado promulgó una ley destinada a prohibir el uso de fondos estatales para tratamientos médicos que afirmen la identidad de género, como terapias hormonales o cirugías de transición, entre la población penitenciaria. El senador Randy Robertson, republicano y promotor de la medida, afirmó: “No es un tema de salud que deba estar a cargo del contribuyente”.

A raíz de esta legislación, los funcionarios del sistema penitenciario incluso comenzaron a planear la eliminación progresiva de la terapia hormonal existente.

El trasfondo: ¿qué es la disforia de género y por qué es crítica la atención médica?

La disforia de género es una condición médicamente reconocida caracterizada por un conflicto entre el género asignado al nacer y la identidad de género del individuo. Según la American Psychiatric Association, el acceso a terapias afirmativas como el tratamiento hormonal reduce significativamente la tasa de depresión, ansiedad y riesgo suicida entre pacientes transgénero.

En 2016, Georgia comenzó a ofrecer esta atención médica luego de una demanda anterior representada por el Centro por los Derechos Constitucionales. Para agosto de 2023, más de 340 internos habían sido diagnosticados con disforia de género; y hasta junio, al menos 107 recibían tratamiento hormonal.

La defensa del Estado y las pruebas rechazadas

Los abogados del estado intentaron argumentar que retirar u omitir el tratamiento hormonal no equivale a "indiferencia deliberada", el estándar legal clave para determinar violaciones constitucionales en el sistema carcelario. Para legitimar su punto, presentaron estudios que fueron rechazados por la jueza Calvert.

La corte también desestimó los testimonios de los médicos penitenciarios, ya que no basaban sus decisiones en criterios médicos, sino en el cumplimiento de la nueva ley. En palabras de la jueza: “Los acusados no pueden negar atención médica y luego evitar una orden judicial diciendo que aún no ha ocurrido nada malo”.

Georgia apela: el inicio de una batalla legal mayor

El estado presentó de inmediato una notificación de apelación ante la Corte del 11º Circuito. El fiscal general republicano Chris Carr, quien busca la gobernación, prometió: “luchar contra esta absurda demanda hasta la Suprema Corte”.

Georgia cita como respaldo la decisión de la Corte Suprema en junio de 2023 que mantuvo la prohibición del estado de Tennessee al tratamiento médico afirmativo para menores de edad transgénero. En la misma línea, también menciona un fallo reciente del 11º Circuito que exime a un condado de Georgia de cubrir una cirugía de transición para un oficial del sheriff.

¿Discriminación institucional o política pública legítima?

Los críticos interpretan estas medidas como una forma gubernamental de discriminación institucionalizada. Human Rights Campaign, una de las mayores organizaciones pro derechos LGBTQ+ en EE.UU., ha denunciado esta “política de castigo” contra personas trans, tanto dentro como fuera de prisión.

Desde 2021, más de 20 estados, muchos de ellos gobernados por republicanos, han planteado o aprobado normas que niegan derechos o acceso a servicios a personas trans. Estas incluyen desde la participación en deportes hasta el acceso a baños públicos e incluso el derecho al tratamiento médico.

Una de las preocupaciones más profundas sobre la ley de Georgia es su impacto en un grupo extremadamente vulnerable: las personas trans en entornos penitenciarios, quienes ya enfrentan tasas significativamente más altas de abuso, aislamiento y problemas de salud mental.

El costo humano y financiero de negar atención

Contrario a la creencia de que brindar terapia hormonal representa una carga para el sistema de salud, estudios han demostrado que su costo es relativamente bajo y se amortiza con la reducción en intervenciones de salud mental, hospitalizaciones y medidas disciplinarias dentro de los sistemas penitenciarios.

Un informe de 2020 del American Journal of Public Health indicó que las personas trans en prisión que no reciben atención médica adecuada son hasta nueve veces más propensas a intentar suicidarse. Además, los costos de salud derivados de estas crisis son varias veces superiores al de las medicaciones hormonales.

La jurisprudencia nacional: un terreno dividido

Este caso se suma a un mosaico jurídico cada vez más fragmentado. Mientras algunos jueces federales —como Calvert en Georgia— reconocen el derecho médico de las personas trans como parte integral de su dignidad humana, otros tribunales han apoyado leyes estatales que restringen estos derechos.

En otros casos similares:

• En 2020, un tribunal de Missouri falló en contra de una prohibición al tratamiento hormonal en prisión, citando las obligaciones del sistema penitenciario para ofrecer atención médica real a todos sus internos.
• En 2022, Texas implementó una política semejante a la de Georgia, actualmente también bajo disputa legal.

Una guerra política con consecuencias humanas

El caso de Georgia demuestra cómo las políticas partidistas pueden llegar a tener consecuencias profundas para personas en situación de extrema vulnerabilidad. Lo que para algunos legisladores es una bandera ideológica, para muchas personas trans puede ser una cuestión de vida o muerte.

Las decisiones sobre salud no deberían depender del estado de residencia ni del partido político que esté en el poder. Particularmente en entornos como el penitenciario, donde los individuos carecen de poder para cambiar su entorno, las obligaciones del Estado hacia sus derechos fundamentales son incluso más pronunciadas.

En palabras de la jueza Calvert: “Una ley no puede tener más peso que el derecho de un ser humano a recibir cuidado médico esencial”.

¿Y ahora qué?

El fallo de Calvert es una victoria temporal en una batalla legal que probablemente continuará su curso hasta instancias superiores. Pero más allá de la legalidad, lo que está en juego es el reconocimiento de la humanidad, dignidad y derechos básicos de todas las personas, incluso aquellas que el Estado mantiene bajo custodia.

El siguiente paso podría tener consecuencias para cientos, incluso miles, de personas trans en prisiones de todo EE.UU. En un país profundamente dividido, este caso pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién merece ser tratado con dignidad y quién no?