Feminicidios en Brasil: una ley necesaria, pero ¿realmente suficiente?

Una firma presidencial en medio de la indignación

Brasil dio un paso significativo en su lucha contra la violencia de género con la firma de una nueva ley por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que fortalece las medidas de protección para las mujeres víctimas. Sin embargo, la celebración de este avance legal choca con una realidad alarmante: los feminicidios alcanzaron un récord histórico con 1.492 casos en 2024, según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

¿Qué contempla la nueva ley?

Entre las acciones permitidas por esta legislación está la suspensión del porte de armas, la expulsión del agresor del domicilio común, y la imposición de restricciones para evitar cualquier tipo de contacto con la víctima. Además, introduce el uso obligatorio de tobilleras electrónicas para los agresores, lo que activa una alarma cuando estos violan la distancia mínima permitida respecto a la víctima, brindándoles un aviso a través de un dispositivo de seguridad.

También eleva las penas para delitos como la violación de menores de 14 años, pasando de un máximo de 15 años a 18 años, y en casos donde la víctima resulta asesinada, la pena puede llegar hasta 40 años de cárcel.

Un problema que exige algo más que leyes

Pese al respaldo de sectores pro derechos de la mujer y parte del Congreso, diversas voces críticas advierten que una solución estructural necesita ir más allá de incrementar penas. La socióloga Isadora Vianna, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, lo resume así:

“Las penas más duras son populares, pero los estudios indican que no previenen los delitos. Lo que realmente cambiaría el panorama sería avanzar en educación sexual y fomentar espacios de denuncia desde la infancia”.

Crímenes que conmocionaron a la nación

La presión social que impulsó la ley fue alimentada por casos extremadamente violentos y mediáticos. Uno fue el de Taynara Souza Santos, atropellada y arrastrada más de un kilómetro por su expareja, lo que provocó la amputación de sus piernas. Otro, el de la profesora de inglés Catarina Kasten, violada y estrangulada mientras caminaba hacia una clase de natación.

El dolor colectivo se intensificó con imágenes de una mujer golpeada más de 60 veces por su pareja en un ascensor, video que se volvió viral. Estos actos no solo consternaron a la opinión pública, sino que también activaron manifestaciones en más de 90 ciudades del país.

Un contexto desesperante: cifras que impactan

• Más de 1 de cada 3 mujeres en Brasil fue víctima de violencia sexual o de género entre 2024 y 2025.
• El récord de feminicidios fue de 1.492 mujeres asesinadas en 2024, el mayor desde la tipificación del delito en 2015.
• El 90% de los casos de violencia de pareja ocurre en el entorno doméstico, en muchas ocasiones frente a testigos infantiles.

Activistas exigen recursos, no solo leyes

Para la activista feminista y defensora del derecho al aborto Tatianny Araújo, es claro que el problema requiere una transformación cultural. Señala que la estructura de la sociedad brasileña sigue estando marcada por el sexismo, la misoginia y el racismo, y que sin cambiar estos fundamentos, las leyes tendrán alcance limitado.

“Ningún cambio penal será eficaz si no modificamos la raíz machista que nos violenta y nos mata”, afirma.

Del mismo modo, enfatiza la urgencia de mayores presupuestos para prevención, capacitación a cuerpos judiciales y de salud, además de campañas educativas masivas.

¿Qué papel juega la educación?

La educación sexual integral, hoy foco de disputa ideológica en Brasil, es considerada por expertos como una herramienta crucial. Sin embargo, los debates legislativos continúan dominados por agendas morales, frenando políticas basadas en evidencia científica.

El bloqueo a estas iniciativas tiene una consecuencia tangible: menores (especialmente niñas) que no disponen de herramientas para identificar, nombrar y denunciar el abuso. En tanto, los machismos cotidianos se perpetúan incluso en los entornos educativos y familiares.

Una ley moderna, pero a contrarreloj

La ley firmada por Lula da Silva es, sin duda, reflejo de una voluntad política que responde a un clamor social imposible de ignorar.

Rachel Ripani, una de las organizadoras de las protestas que reunieron multitudes en distintas ciudades de Brasil, declaró:

“Es un avance. Pero demuestra que, sin presión popular permanente, estas leyes quedan en segundo plano”.

Las autoridades deberán ahora demostrar que el endurecimiento de condenas irá acompañado de mecanismos reales de aplicación y seguimiento. De poco sirven las prohibiciones si los agresores siguen evadiendo a la justicia, o si las víctimas no confían en los sistemas de denuncia.

El desafío de proteger antes de castigar

Brasil está, en muchos sentidos, entre reconocer formalmente la gravedad del problema y llevar adelante un cambio estructural que salve vidas. Aumentar penas puede tener efecto disuasorio inmediato, pero los datos y experiencias muestran que lo fundamental es actuar antes de que ocurra el crimen.

Programas de “hombres por la equidad”, espacios de conversación en escuelas, servicios de atención accesibles, casas refugio, y sobre todo, una cultura que deje de romantizar el control, los celos y la posesión como formas de amor, deben integrarse a cualquier política de seguridad femenina.

La realidad sigue siendo dura: cada nueva ley llega para evitar que el próximo cuerpo sin vida tenga nombre, rostro y familia. Pero muchas de estas muertes quizás ya podrían haberse evitado con atención médica, con un maestro educativo preparado, o con un policía con perspectiva de género.

Mientras no haya un esfuerzo integral y sostenido, estas leyes existirán como parches en un sistema que aún permite que se mate por el simple hecho de ser mujer.