¿Amenaza a la democracia? El peligroso uso de la Guardia Nacional y la politización de la salud en EE.UU.

Una línea que no debe cruzarse: el uso de la Guardia Nacional en la política interna

Desde su fundación, Estados Unidos ha mantenido una delgada pero clara separación entre el uso de las fuerzas armadas y el gobierno civil. Esa tradición, sin embargo, ha sufrido tensiones en los últimos años. Uno de los casos más controversiales surgió con la decisión del entonces presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en diversas ciudades del país sin el consentimiento de los gobernadores.

El Congreso, específicamente el Comité de Servicios Armados del Senado, ahora se prepara para interrogar directamente a los líderes del Pentágono sobre esta situación sin precedentes. Democráticos y algunos republicanos acusan a Trump de haber vulnerado principios constitucionales, abusando de facultades propias del poder ejecutivo para influenciar en conflictos sociales, migratorios o incluso electorales.

Choques entre la Casa Blanca y las autoridades locales

Uno de los casos más dramáticos ocurrió en California, donde Trump movilizó a más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional para proteger instalaciones federales en Los Ángeles, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom. El juez federal Charles Breyer ordenó que esas tropas regresaran al control del estado, aunque la administración Trump inició una apelación.

El despliegue de tropas en suelo nacional ha generado tensiones por razones legales y administrativas. La Guardia Nacional, tradicionalmente activada para desastres naturales como tornados o inundaciones, fue utilizada esta vez en contextos de protestas y redadas migratorias. La senadora Tammy Duckworth, veterana de guerra y miembro de la Guardia Nacional de Illinois, expresó su preocupación: “Nuestra fuerza militar está siendo puesta en peligro por políticas temerarias”.

Un escenario devastador: consecuencias humanas y políticas

El empleo de tropas no solo ha generado preocupaciones legales, sino también trágicos episodios. Dos soldados de la Guardia Nacional provenientes de Virginia Occidental fueron víctimas de un tiroteo justo a tres cuadras de la Casa Blanca. La especialista Sarah Beckstrom murió al día siguiente. El sargento Andrew Wolfe permanece internado.

Estos eventos han potencializado el debate sobre los costos humanos y materiales de una política decidida unilateralmente desde Washington. Duckworth, en la antesala del interrogatorio al Pentágono, también subrayó los efectos sobre el entrenamiento de tropas, el estado de preparación ante emergencias y la seguridad jurídica de los soldados en operaciones que, según ella, rozan lo inconstitucional.

Trump, redistritaciones polémicas y amenazas partidarias

Paralelamente a estas tensiones castrenses, el expresidente Trump ha incrementado su participación en decisiones estatales mediante presiones políticas. En Indiana, presionó agresivamente para lograr una redistritación que otorgue los 9 distritos federales del estado al Partido Republicano, eliminando los actuales bastiones demócratas de Indianápolis y áreas urbanas cercanas a Chicago.

El mandatario incluso amenazó con respaldar candidatos rivales en las primarias contra legisladores republicanos que no apoyaran los nuevos mapas electorales. La estrategia, en palabras de muchos analistas, revela una instrumentalización del aparato estatal para asegurar poder a cualquier costo.

El Congreso y el caos sanitario: los subsidios desvanecen

Otro punto candente es el colapso de las negociaciones para mantener los subsidios sanitarios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), una línea de vida para millones de estadounidenses tras la pandemia.

El Senado se disponía a votar dos proyectos: uno demócrata que proponía mantener los subsidios por tres años, y otro republicano que apostaba por eliminarlos y reemplazarlos con cuentas de ahorro para la salud. Ninguna propuesta tenía apoyo bipartidista suficiente para ser aprobada, lo que significaría el fin de estos beneficios el 1 de enero.

Según el Centro para el Progreso Americano, alrededor de 15 millones de personas podrían ver un aumento de hasta el 50% en sus primas mensuales si los subsidios se eliminan. Esto ha generado pánico en la población que depende de ellos para tratamientos crónicos, maternidad, salud mental y más.

Obamacare, aún en el centro del debate

Desde su creación en 2010 bajo la presidencia de Barack Obama, el programa ha sido blanco constante de los republicanos, quienes lo tildan de estatista e ineficiente. Gracias a maniobras legislativas, los demócratas habían logrado extender los subsidios durante la pandemia. Pero actualmente, los republicanos buscan desmontarlo pieza por pieza.

“Cuando las personas vean cómo se disparan sus pagos mensuales, sabrán que fueron los republicanos quienes lo causaron”, afirmó el líder demócrata Chuck Schumer el mes pasado.

Un Congreso que se bloquea a sí mismo

La polarización ha paralizado literalmente al Congreso. Durante seis semanas entre octubre y noviembre, los demócratas forzaron un cierre gubernamental exigiendo una extensión de los beneficios de salud que finalmente no obtuvieron. Su decisión, sin embargo, fue criticada cuando un pequeño grupo de senadores moderados aceptaron reabrir el gobierno a cambio de una votación simbólica sin garantía de éxito.

El senador Angus King, independiente aliado de los demócratas, acusó a sus colegas republicanos de usar el tema del aborto como moneda de cambio para arruinar las negociaciones. Los republicanos pedían restricciones adicionales que la bancada progresista consideró como líneas rojas inaceptables.

Decisiones que afectan vidas reales

Mientras tanto, millones de estadounidenses se enfrentan a la incertidumbre. Algunos estudios sugieren que hasta 5 millones de personas podrían quedar sin cobertura médica tras el 1 de enero. Este no es solo un problema partidario sino una verdadera crisis humanitaria en potencia.

El congresista republicano Kevin Kiley advirtió que, si no se actúa inmediatamente, el índice de aprobación del Congreso se desplomará aún más. Dijo: “La gente va a sentir el impacto directamente en su bolsillo. Será muy difícil para nosotros justificar esta parálisis”.

¿Un país al borde del autoritarismo blando?

El uso de recursos militares en suelo nacional con fines polémicos, el control político sobre distritos electorales, la inacción ante una necesidad básica como la salud: todos estos factores apuntan hacia un fenómeno recurrente en democracias en crisis: la erosión institucional desde dentro.

No se trata, al menos por ahora, de un golpe de Estado ni de la instalación abierta de una dictadura. Pero sí de algo igualmente alarmante: el uso del poder del Estado con fines partidarios, prescindiendo del consenso, de los derechos ciudadanos o incluso de la legalidad básica.

¿Qué puede hacer el votante?

Más allá de los debates políticos, la presión ciudadana y el voto informado siguen siendo las herramientas más poderosas para contener estas dinámicas.

La próxima elección será crítica. Las decisiones que ahora parecen legislativas o lejanas se traducirán en aumentos en la factura del médico, en la presencia —o no— de soldados en las calles, y en la calidad de la democracia que los estadounidenses podrán ejercer en el futuro próximo.

La democracia no muere de un día para otro; muere poco a poco, con cada norma quebrantada, con cada institución debilitada, con cada votante que se resigna.