¿Puede un forastero elegir morir en Nueva Jersey? El debate sobre el suicidio asistido y las fronteras estatales

La muerte asistida, también conocida como suicidio médicamente asistido, es uno de los temas más delicados —y debatidos— en el ámbito de la medicina, el derecho y la ética contemporánea. En días recientes, un fallo del Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos reafirmó con firmeza que solamente los residentes de Nueva Jersey pueden acceder legalmente a medicamentos para finalizar su vida bajo la ley estatal.

¿Qué dice la ley en Nueva Jersey?

Desde que el gobernador demócrata Phil Murphy firmó el Acta de Elección de Fin de Vida en 2019, Nueva Jersey se sumó a la limitada lista de jurisdicciones estadounidenses que permiten, bajo condiciones estrictas, que pacientes con enfermedades terminales accedan a asistencia médica para morir. Pero este permiso está disponible únicamente para residentes adultos del estado.

La ley contempla varios requisitos:

• Dos médicos deben certificar que el paciente tiene menos de seis meses de vida.
• El paciente debe hacer dos solicitudes separadas del medicamento con intención de morir, una de ellas por escrito y firmada por dos testigos (al menos uno no puede tener intereses materiales en la herencia o ser personal médico implicado).
• El paciente debe administrar el medicamento por sí mismo.

Además, la ley exige que los médicos informen todas las opciones paliativas disponibles antes de proceder, asegurando que la decisión del paciente sea plenamente informada.

El caso que provocó el fallo judicial

El fallo reciente deriva de una demanda presentada por una mujer oriunda de Delaware con linfoma en etapa cuatro, quien deseaba tener la opción de morir con dignidad en Nueva Jersey. La mujer falleció después de que se llevaran a cabo los argumentos orales en la corte. Su caso fue respaldado también por un médico de Nueva Jersey que quería ayudar a pacientes como ella.

De forma paralela, otra demandante de Pensilvania con cáncer de mama metastásico y un segundo médico también estaban involucrados, pero ninguno pudo continuar con el litigio —uno falleció y el otro se jubiló.

La corte decidió que Nueva Jersey tenía derecho a limitar esta opción únicamente a sus ciudadanos. El juez Stephanos Bibas escribió en su dictamen que las decisiones sobre este tipo de políticas sanitarias recaen en los estados. No es un derecho constitucional fundamental el que los pacientes fuera del estado puedan acceder a su legislación más flexible.

“La muerte trae cosas buenas a su fin, pero rara vez lo hace de forma ordenada,” escribió el juez Bibas. “Muchos pacientes terminales enfrentan una realidad sombría: una muerte inminente y dolorosa. Algunos pueden querer evitar ese sufrimiento con la ayuda de un médico. Nueva Jersey permite que sus residentes tomen esa decisión, pero solo sus residentes.”

¿Qué estados permiten la muerte asistida?

Hasta la fecha, solamente 11 estados (más el Distrito de Columbia) permiten alguna forma de muerte médicamente asistida. De esos, sólo Vermont y Oregón extienden el permiso a personas de otros estados. El resto, como Nueva Jersey, Arizona, California y Maine, imponen restricciones de residencia obligatoria.

Esta disparidad refleja la amplitud del debate político, ético y médico a nivel nacional. En contraste, más de 30 estados han rechazado proactivamente proyectos de ley sobre muerte asistida, argumentando consideraciones morales y religiosas.

¿Qué opinan los defensores del derecho a morir?

Organizaciones como Compassion & Choices han abogado por una visión más inclusiva del derecho a morir dignamente, alegando que la enfermedad terminal no conoce fronteras estatales. Según estadísticas de esta organización, al menos un 70% de los estadounidenses apoyan alguna forma de muerte asistida bajo circunstancias controladas.

Los defensores argumentan que obligar a personas a mudarse para recibir asistencia médica que respete sus deseos finales es no solo logísticamente cruel, sino una forma de negligencia institucional.

“Negarle a alguien la posibilidad de morir en paz solo porque vive a unas millas de distancia de la línea del estado es inhumano,” señaló Kim Callinan, presidenta de Compassion & Choices en una rueda de prensa reciente. “Estamos obligando a los enfermos terminales a convertirse en refugiados médicos.”

Una batalla entre justicia y jurisdicción

El argumento de la corte fue claro: el suicidio asistido no es un privilegio fundamental protegido por la Constitución —al menos por ahora. En su fallo, el tribunal también apeló al principio de federalismo: cada estado tiene soberanía para diseñar sus propias leyes de salud.

Esto significa que una acción del Congreso o un eventual fallo del Tribunal Supremo podría cambiar el panorama en el futuro, pero por ahora los litigantes deben adaptarse a una serie fragmentada de regulaciones donde el código postal determina qué tan humanamente puedes morir.

El dilema moral desde la religión y la bioética

La muerte asistida no solo es un tema legal, sino uno moral de grandes dimensiones. Mientras que algunas confesiones religiosas —particularmente la Iglesia Católica— se oponen férreamente al suicidio médico, otros sectores dentro del judaísmo reformista o el protestantismo liberal han comenzado a abrir espacios de debate reconociendo el valor de la autonomía personal.

Phil Murphy, gobernador de Nueva Jersey, quien se identifica como católico practicante, explicó su posición así en 2019:

“Mi fe me llevaría a no optar por la muerte asistida, incluso si estuviera terminalmente enfermo. Pero aquí no estamos legislando una doctrina personal; estamos respetando la soberanía moral de cada ciudadano.”

También desde la bioética se plantean preguntas cruciales: ¿cómo garantizar que la decisión sea realmente voluntaria y no producto de presión familiar o económica? ¿Qué tan accesible es la opción para personas de bajos ingresos? ¿Hay igualdad racial en el acceso?

El panorama en América Latina

Mientras en EE.UU. se discute estado por estado, en países de América Latina, el debate avanza en paralelo. En 2022, Colombia se convirtió en el primer país del continente en legalizar la eutanasia activa sin la necesidad de enfermedad terminal. En Perú, el caso de Ana Estrada abrió un precedente para aplicar el derecho a morir dignamente en determinados contextos.

No obstante, la mayoría de los sistemas legales latinoamericanos siguen considerándola un delito, lo que genera una doble discriminación: por condición médica y por localización geográfica.

¿El principio de igualdad territorial está en jaque?

Con este fallo del tribunal del tercer circuito, se valida el concepto de que los derechos pueden depender del lugar donde vives. Aunque esto se respalde desde la lógica del federalismo, abre una discusión delicada en un país que aspira a ser una unión de Estados con igualdad de oportunidades.

¿Acaso una persona con los mismos síntomas, la misma formación, las mismas creencias sobre autonomía corporal, pierde su capacidad de decidir sobre su cuerpo al cruzar la línea entre Filadelfia y Camden?

Este debate no ha terminado. De hecho, recién comienza. El derecho a una muerte digna podría convertirse en uno de los temas centrales en el siglo XXI para las futuras generaciones de jueces, legisladores y ciudadanos.

Por ahora, morir con dignidad sigue siendo una cuestión de código postal.