¿Quién debe regular la inteligencia artificial? El choque entre estados, empresas y la Casa Blanca

En abril de 2024, el expresidente Donald Trump firmó una polémica orden ejecutiva que tiene como objetivo bloquear las regulaciones estatales sobre Inteligencia Artificial (IA). Esta decisión ha desatado un tenso debate sobre quién debería tener el control sobre una tecnología que está transformando a pasos agigantados sectores esenciales de la vida moderna.

La postura de Washington y de los estados, así como la presión de gigantes tecnológicos, activistas por los derechos civiles, sindicatos y expertos en ética tecnológica, han convergido en un punto de inflexión sobre el futuro legal y ético de la IA en Estados Unidos.

Trump y el temor a una “maraña de reglas” frente al avance chino

Durante la firma de la orden ejecutiva, Trump fue enfático: “China tiene un gobierno central que decide todo. Aquí no podemos permitir que 50 estados diferentes pongan trabas a una industria que es crucial para el liderazgo global”.

La administración del expresidente argumenta que las leyes estatales sobre IA generan una carga regulatoria que podría frenar el desarrollo tecnológico del país. El documento firmado instruye al Departamento de Justicia a crear un grupo de trabajo con la misión de impugnar dichas leyes estatales. Además, amenaza con restringir fondos federales —como programas para infraestructura de banda ancha— a los estados que mantengan normas consideradas “problemáticas”.

David Sacks, capitalista de riesgo con fuerte inversión en tecnologías emergentes y asesor de Trump en materia de IA y criptomonedas, justificó el movimiento: “No estamos en contra de medidas de seguridad para los niños o consumidores. Pero hay regulaciones que de verdad alejan a la inversión del país”.

Colorado, California, Texas y Utah: los estados que ya legislan sobre IA

Cuatro estados ya han establecido reglas que impactan a las empresas que desarrollan y utilizan IA. Estas leyes, impulsadas principalmente por preocupaciones sobre la privacidad y la discriminación algorítmica, incluyen:

• Limitación en la recolección de datos personales sensibles.
• Obligación de transparencia en el uso de algoritmos.
• Evaluación de riesgos por sesgos en sistemas de IA.

Las regulaciones responden a crecientes evidencias de fallos en sistemas de IA que impactan en la vida cotidiana. Por ejemplo, algoritmos que deciden a quién entrevistar para un trabajo, asignar un crédito o incluso si una persona merece atención médica prioritaria, han mostrado sesgos contra mujeres y minorías raciales.

Un estudio del MIT y Stanford de 2019 reveló que los sistemas de reconocimiento facial eran hasta 34% menos precisos para identificar mujeres de piel oscura respecto a hombres blancos. Estos tipos de sesgos, cuando se usan en procesos automatizados de contratación, vigilancia o beneficios sociales, pueden tener consecuencias devastadoras.

Regulaciones más específicas: porno deepfake y campañas políticas

Más allá de leyes amplias, numerosos estados han aprobado normas que abordan amenazas puntuales de la IA. Entre las más destacadas:

• Prohibición del uso de deepfakes en períodos electorales.
• Sanciones penales por generar pornografía sin consentimiento mediante IA.
• Limitaciones al uso de IA en sistemas de vigilancia estatal y policial.

Estas medidas reflejan la preocupación pública por la manipulación de imágenes y vídeos gracias a IA generativa, especialmente cuando se utilizan con fines políticos o de chantaje sexual. Según The Brookings Institution, el 96% del contenido de deepfake identificado en 2023 era pornográfico, y más de dos tercios afectaban a mujeres.

El Congreso pide regulación federal… pero no hay consenso

Curiosamente, tanto legisladores demócratas como republicanos coinciden en que se necesita regulaciones más sólidas sobre IA. Pero el punto de quiebre es quién debe hacerlo: ¿el gobierno federal o los estados?

La senadora demócrata Amy Klobuchar expresó que “no podemos dejar que empresas tecnológicas gigantes se regulen a sí mismas”. Mientras que el senador republicano Josh Hawley advirtió que “hay que evitar convertirnos en una distopía dirigida por algoritmos privados”.

Sin embargo, hasta ahora, ningún gran marco federal ha sido aprobado. El Congreso lleva años discutiendo proyectos parciales sobre transparencia algorítmica, estándares éticos de IA y derechos digitales, sin lograr un consenso significativo. Esto ha dejado espacio para que los estados legislen de forma independiente.

¿Centralizar o descentralizar?: El eterno dilema estadounidense

El conflicto entre regulaciones federales y estatales es antiguo. Sea en temas de salud, armas o medioambiente, el debate sobre el derecho de los estados a proteger a sus ciudadanos frente al control nacional es parte del ADN legal de Estados Unidos. La IA no es la excepción.

El riesgo tecnológico de tener “50 estándares diferentes” es real, especialmente para empresas que operan a nivel nacional e internacional. Pero en el otro extremo está el peligro de que un enfoque centralizado demasiado permisivo —o influenciado por lobbies tecnológicos— deje sin protección a millones de ciudadanos.

La paradoja de China y la narrativa de competencia geopolítica

Uno de los argumentos más frecuentes de la administración Trump es que sin uniformidad legal, Estados Unidos perderá terreno frente a China en la carrera por dominar la IA. Según el think tank Center for Security and Emerging Technology (CSET), China superó a EE.UU. en 2023 en número de publicaciones científicas sobre IA de alta calidad.

Además, Beijing ha invertido más de $20 mil millones en subsidios a empresas de IA, con un Comité Nacional de IA que centraliza investigaciones, aprobaciones y normativas. En contraste, EE.UU. delega su estrategia en agencias separadas, y hasta ahora sin un plan estructurado de largo plazo.

Toomas Hendrik Ilves, expresidente de Estonia, advirtió en un evento del Foro Económico Mundial: “Si Estados Unidos no coordina sus regulaciones, no perderá frente a China por falta de innovación, sino por falta de visión unificada”.

¿Y la voz ciudadana? Sindicatos y activistas opinan

Mientras la batalla legal se articula en las altas esferas, hay grupos que ya viven las consecuencias reales del uso de la IA: trabajadores y consumidores.

Mark Wallace, presidente del sindicato de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas, celebró que 18,000 empleados de Amtrak reciban bonificaciones por su esfuerzo operativo tras récords de ingresos: “Por años, la automatización y las decisiones algorítmicas en transporte han perjudicado a los trabajadores. Es hora de reconocer su valor humano”.

Los sindicatos temen que la IA termine reemplazando funciones humanas sin consideraciones éticas, mientras que grupos como la Electronic Frontier Foundation (EFF) exigen más transparencia y participación civil en la regulación tecnológica.

¿Un nuevo camino hacia una Carta de Derechos Digitales?

En respuesta a esta incertidumbre, varias organizaciones proponen iniciar un diálogo nacional para definir una Carta de Derechos Digitales que incluya:

• Derecho a la privacidad frente a la recolección de datos por IA.
• Prohibición de sesgos e impactos discriminatorios.
• Derecho a ser informado cuando una IA tome decisiones sobre un ciudadano.
• Recurso legal frente a errores algorítmicos.

Un marco así podría ofrecer protección legal base a nivel nacional, dejando espacio para que los estados profundicen esas garantías según su contexto social y económico, en lugar de bloquear completamente su capacidad para legislar.

El verdadero desafío: regulación sin sofocar la innovación

Es un juego de equilibrio. Demasiada regulación puede frenar el ritmo de desarrollo e inversión. Pero sin límites ni rendición de cuentas, la IA puede agudizar injusticias sistémicas y dañar a millones. El reto es diseñar un marco ágil, transparente y justo.

Como dijo el pionero en ética tecnológica Timnit Gebru: “La pregunta no es si deberíamos regular la IA. Es cómo regulamos la IA para asegurar que sirva a las personas, no solo a los intereses empresariales.”

En el centro del huracán están los derechos de los ciudadanos. Lo que está en juego no es solo quién lidera tecnológicamente el siglo XXI, sino qué tipo de sociedad queremos construir con esa tecnología.