California frente a la crisis mortal en sus carreteras: promesas rotas, justicia tardía

Una crisis ignorada en el corazón del sistema político californiano

En una audiencia celebrada recientemente por el Senado estatal de California, el director de CalTrans, Tony Tavares, presentó un gráfico simple pero aterrador: barras negras que ilustraban dos décadas de muertes en las carreteras del estado. A partir de 2010, las muertes comenzaron a subir progresivamente, alcanzando actualmente un alarmante aumento del más del 60%. Una flecha roja ascendía junto a las barras, como una advertencia urgente ante la creciente violencia vial. Sin embargo, ningún legislador reaccionó con preguntas o propuestas, dejando el gráfico como una acusación silenciosa al sistema.

40,000 vidas perdidas: una tragedia crónica e ignorada

En la última década, cerca de 40,000 personas han muerto y más de 2 millones han resultado heridas en las carreteras californianas. Las causas son reiterativas: conductores ebrios reincidentes, exceso de velocidad y conductores negligentes con historiales documentados. A pesar de esto, las autoridades con poder para cambiar las cosas —incluido el gobernador Gavin Newsom, los legisladores, cortes e incluso el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)— han fallado una y otra vez.

Burocracia, indiferencia política y leyes débiles

California tiene una de las leyes de conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) más débiles del país. Las muertes relacionadas con DUI en el estado han aumentado el doble de rápido que el promedio nacional. Aun así, una propuesta de ley para endurecer los castigos fue recientemente truncada en el proceso legislativo.

En cuanto al exceso de velocidad, otra de las principales causas de accidentes fatales, tampoco hay avances. Legislaciones para implementar tecnologías limitadoras de velocidad han fracasado dos años consecutivos. Incluso una ley que permitiría usar cámaras de velocidad fue reducida a un proyecto piloto en unas pocas jurisdicciones.

Como explicó Marc T. Vukcevich, director de políticas públicas del grupo de defensa "Streets For All":

“Esto no es suficiente para enfrentar el tamaño, la gravedad y la complejidad del problema de la violencia vial.”

El fracaso de una ley para luchar contra los DUI: la historia de Colin Campbell

En 2019, Colin Campbell sufrió una tragedia demoledora: un conductor ebrio reincidente chocó contra su vehículo, matando a sus hijos Ruby, de 17 años, y Hart, de 14. Inspirado por el dolor, comenzó a promulgar una ley que obligara el uso sistemas de alcoholímetros en los autos de personas condenadas por DUI.

La ley fue inicialmente bien recibida por el Congreso estatal, pero pronto se topó con obstáculos: la ACLU la criticó por ser una forma de “extracción de riqueza racializada”, y el DMV alegó que no tenía recursos para implementar la medida, citando costos superiores a $15 millones. La legislación fue disminuida hasta quedar inoperante.

Campbell lo calificó como una traición devastadora:

“Si los hijos de esas personas hubieran sido asesinados por un conductor ebrio, no estarían objetando la ley.”

Un sistema judicial que ignora la ley

Incluso si la ley hubiera pasado, los jueces californianos no la habrían aplicado adecuadamente. La ley actual ya exige que los reincidentes por DUI usen alcoholímetros, pero un reporte del DMV reveló que solo se ordenan en un tercio de los casos. En 14 condados, los jueces emiten esta orden en menos del 10% de los casos.

Algunas cortes se excusan diciendo que solo deben notificar al DMV, pero según Jerry Hill, ex senador demócrata y autor de la ley, eso es falso:

“La responsabilidad es del juez, no del DMV.”

Esperanzas futuras: ¿retoño de reformas o promesas vacías?

Algunos legisladores han prometido actuar en la siguiente sesión legislativa. El senador demócrata Bob Archuleta, cuya nieta murió a manos de un conductor ebrio, expresó su interés en proyectos legislativos más estrictos. El asambleísta Nick Schultz también considera introducir medidas más exigentes, como suspensiones de licencia más prolongadas y cargos más severos para los reincidentes.

“La gente está cansada de ver cómo se pierden vidas en nuestras carreteras sin necesidad”, dijo Schultz. “No podemos obligar a las personas a hacer lo correcto, pero sí podemos crear un sistema con consecuencias reales”.

El activismo surge desde el dolor

Ante la inacción del estado, quienes han perdido seres queridos se han convertido en activistas. Jennifer Levi, por ejemplo, se sumó a MADD (Mothers Against Drunk Driving) tras la muerte de su hijo Braun, atropellado por un presunto conductor ebrio con un DUI previo. Ahora impulsa “La Ley de Braun”, una propuesta legislativa que busca:

• Que los reincidentes puedan ser acusados de asesinato.
• Proclamar los DUI fatales como crímenes violentos.
• Aumentar castigos por fugas tras accidentes mortales.

“El peor día de mi vida es ahora mi misión de vida”, dijo Levi. “No pararé hasta que California cambie.”

Un luto que exige acción

En noviembre, decenas de familias se reunieron frente al Capitolio estatal para el Día Mundial de Recuerdo para las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Sostenían pancartas con fotos de sus seres queridos, al tiempo que luchaban contra el viento para mantenerlas erguidas. Algunas de sus palabras conmovieron profundamente:

“Cada día pretendo estar feliz. Cada día deseo que mis escaleras hagan ruido. Extraño que me llamen mamá”, dijo Angel Dela Cruz, madre de Edward Alvidrez Jr., muerto por un camión en 2022.

California se encuentra en un punto crítico. La indiferencia legislativa y administrativa frente a una crisis que cobra miles de vidas anualmente ya no puede sostenerse. La comunidad exige políticas basadas en la evidencia, penas proporcionales a los daños causados y una justicia que no llegue cuando ya es demasiado tarde.