Cárceles invisibles: jóvenes entre 18 y 21 años en aislamiento extremo en Connecticut

Un sistema que criminaliza la juventud

En Connecticut, una nueva investigación realizada por la Oficina del Defensor del Niño (Office of the Child Advocate, OCA) ha revelado una realidad alarmante: jóvenes entre 18 y 21 años, clasificados como "riesgos de seguridad" en el sistema penitenciario estatal, están siendo mantenidos en condiciones equivalentes al aislamiento total durante meses e incluso años. El informe denuncia la falta de acceso a servicios básicos como salud mental, educación, visitas familiares y actividades recreativas, violando principios internacionales de derechos humanos y recomendaciones federales en EE. UU.

El castigo antes que la rehabilitación

Muchos de estos jóvenes están designados como miembros de bandas (o pandillas), y por lo tanto se les aplica un régimen restrictivo mucho más severo. Este incluye:

• Aislamiento celular por periodos de hasta tres años.
• Registro corporal sistemático y uso rutinario de esposas al salir de su celda.
• Prohibición de artículos personales como fotos, papel, lápiz, radio o televisión.
• Falta de acceso regular a servicios de salud mental.

Estas condiciones han resultado en un incremento de enfermedades mentales, autolesiones y sentimientos de desesperación entre los jóvenes.

Cárceles que no cumplen con su propia ley

Desde 2022, una ley estatal de Connecticut exige al menos cuatro horas diarias fuera de la celda para los presos. Sin embargo, el informe evidenció que esa norma no solo se incumple sistemáticamente, sino que también se oculta. En muchos casos, los jóvenes reciben la comida a través de un agujero en la puerta, permanecen más de 20 horas en confinamiento, y no tienen acceso a actividades significativas.

Uno de los jóvenes entrevistados, identificado como Jeremy, pasó tres años en régimen de aislamiento. Sufría insomnio, ansiedad extrema y episodios psicóticos. Al comenzar a comportarse de manera agresiva, en lugar de recibir ayuda psicológica, fue castigado severamente: perdió su tiempo de recreación, sus visitas familiares y fue rociado con gas pimienta. En lugar de evaluarlo clínicamente, fue considerado un problema disciplinario.

Datos escalofriantes

Entre los hallazgos del informe se destacan:

• Varios jóvenes estuvieron en régimen de aislamiento más de un año, algunos hasta tres.
• No se respetan las limitaciones legales de confinamiento: se encontró a un joven aislado durante 21 días consecutivos, cuando la ley permite como máximo 15 días seguidos.
• Numerosos adolescentes manifestaron no haber recibido servicios educativos por semanas. Otros abandonaron voluntariamente sus programas de educación especial por evitar los registros y restricciones adicionales.

¿Dónde están los derechos de los adolescentes?

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, firmada por casi todos los países del mundo (excepto Estados Unidos), establece que la detención de menores debe utilizarse solo como último recurso y durante el menor tiempo posible. Además, la Asociación Americana de Psicología alerta que el aislamiento prolongado tiene efectos devastadores en el desarrollo cognitivo y emocional de los adolescentes.

Y sin embargo, el sistema carcelario de Connecticut continúa tratando a los jóvenes como adultos, en instalaciones estatales destinados a población penitenciaria mayor, sin formación especializada ni protocolos adaptados.

La trampa del estigma: 'riesgo de seguridad'

Esta etiqueta, que pesa como una sentencia invisible, se aplica a jóvenes con supuestos vínculos a pandillas. Una vez clasificados bajo esa categoría, son enviados a sectores de máxima seguridad dentro de prisiones como MacDougall-Walker o Corrigan Correctional Institution, donde reina el encierro prolongado y la vigilancia extrema, sin mecanismos reales de apelación.

Esta presunción como herramienta administrativa permite aislar a los internos sin una condena formal adicional ni el debido proceso judicial. Y lo más grave: es casi imposible salir de esta categoría, aun cuando se cumplan las condiciones para la reintegración.

Privación educativa como forma de castigo

Otra arista crítica es la calidad (o falta) de la educación en entornos carcelarios para jóvenes. Solo se ofrece en muchos casos un programa para obtener el GED (equivalente al secundario), pero sin contenidos actualizados ni suficiente personal docente. La OCA descubrió que, en la práctica, estos programas no se desarrollan o se suspenden sin explicación.

Para algunos jóvenes, este abandono educativo equivale a una condena doble: a la privación de libertad y al atraso vital. Aquellos con necesidades especiales reciben aún menos apoyo, ya que ingresar al aula puede implicar ser sometidos a cacheos o restricciones adicionales, un precio muy alto para una hora de instrucción.

¿Una prisión o un centro de castigo crónico afectivo?

El informe denuncia que algunos jóvenes no tienen ni siquiera acceso a actividades recreativas básicas. En MacDougall-Walker, el espacio de recreación consiste en una jaula rodeada de muros de concreto, sin sillas ni mesas; en Corrigan, cuando los presos tienen condiciones algo más flexibles, pueden jugar a las cartas. Pero incluso en esos casos, se reportaron interrupciones constantes del poco tiempo libre permitido.

Niños y adolescentes expuestos a estas condiciones presentan cuadros de trauma complejo, ansiedad y despersonalización. La falta de visitas agrava el aislamiento social y, en muchos casos, la sensación de que el mundo exterior simplemente ya no existe. Como lo expresó uno de los internos entrevistados: “no tengo una foto de mi madre, no sé qué día es, ni si todavía están vivos mis amigos”.

¿Es esto legal o ético?

Si bien los hallazgos de la Defensoría del Niño han generado cuestionamientos desde la ciudadanía y expertos en derechos humanos, aún no se han impuesto sanciones significativas. El Departamento de Corrección de Connecticut ha respondido reconociendo el informe e indicando que "evaluará los pasos a seguir". Pero no ha ofrecido disculpas públicas, ni anunciado planes estructurales de reforma inmediata.

Cabe recordar que el Comité contra la Tortura de la ONU advierte que el aislamiento prolongado y sin supervisión médica puede ser considerado como un trato cruel, inhumano y degradante.

¿Qué cambios se sugieren?

El informe propone varias recomendaciones urgentes:

• Que ningún joven menor de 21 años sea trasladado a cárceles para adultos.
• Que exista una supervisión judicial independiente sobre los procedimientos de clasificación como “riesgo de seguridad”.
• Implementar programas efectivos de salud mental, educación continua y terapia de desafección de pandillas.
• Prohibir el uso prolongado de celdas de aislamiento que excedan los 15 días, tal como exige la legislación vigente.
• Crear grupos de trabajo interinstitucionales que asesoren al legislativo para reformar el régimen carcelario juvenil.

Si como sociedad pretendemos que el sistema penal cumpla una función rehabilitadora, y no simplemente castigue por castigar, debemos tener la madurez de cuestionar prácticas generalizadas que fracasan al aplicar justicia con humanidad y equidad. Jeremy, y miles como él, merecen más que una celda olvidada.