El peso invisible de las sanciones: la Corte Penal Internacional bajo fuego estadounidense

La justicia internacional convertida en blanco político

Desde su creación en 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido un baluarte del derecho internacional, establecida como el tribunal permanente de última instancia para juzgar los crímenes más atroces: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Sin embargo, en los últimos años, entidades e individuos que jamás deberían ser considerados como enemigos han encontrado su trabajo obstaculizado por decisiones políticas unilaterales.

La administración del expresidente Donald Trump impuso sanciones financieras y restricciones de viaje a nueve empleados de la CPI —incluidos seis jueces y el fiscal jefe—, en represalia por las investigaciones que el tribunal abrió sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas de Estados Unidos e Israel. Estas sanciones, diseñadas históricamente para enfrentar a autócratas y líderes terroristas, han transformado la vida de estos funcionarios en una auténtica pesadilla.

Ser tratado como bin Laden por impartir justicia

La jueza canadiense Kimberly Prost lo expresó con claridad abrumadora: “He trabajado toda mi vida en justicia penal y ahora figuro en una lista junto a personas vinculadas con el terrorismo y el crimen organizado”.

Prost incluso perdió acceso a sus tarjetas de crédito, dirección de correo electrónico institucional en Microsoft y hasta vio cómo Alexa de Amazon dejaba de responderle. Pequeños inconvenientes para el ciudadano medio, pero obstáculos diarios para quienes deben administrar justicia a nivel global.

Su colega, la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, quien también se encuentra sancionada, lamentó que los efectos de estas medidas también alcanzan a su familia. “No solo me afecta a mí, sino también a mis hijas”, declaró. Las restricciones le impiden viajar a conferencias en Estados Unidos, a pesar de ser parte de su labor diplomática y profesional.

¿Por qué sancionar a los jueces?

Washington justificó la acción afirmando que se trataba de responder a los “actos ilegítimos e infundados que apuntaban contra Estados Unidos y su aliado Israel”. En palabras de Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado durante la presidencia de Trump: “Estados Unidos no tolerará intentos de violar su soberanía o someter injustamente a estadounidenses o israelíes a la jurisdicción de la CPI”.

Esto coloca a los Estados Unidos en una posición profundamente contradictoria con el derecho internacional. Si bien el país no es parte firmante del Estatuto de Roma —documento fundador de la CPI—, la jurisdicción de esta corte se extiende cuando los países donde ocurrieron los crímenes sí son miembros. Tal es el caso de Afganistán, cuyo territorio fue escenario de presuntas torturas por personal estadounidense durante la guerra.

El poder oculto de las sanciones financieras

Las sanciones impuestas a estos funcionarios van más allá de lo simbólico. Como señala Prost, una simple ebook comprado (“The Queen’s Necklace” de Antál Szerb) desapareció de su dispositivo tras su inclusión en la lista negra. Y no se trataba de una medida de seguridad nacional, sino del obseso automatismo de las empresas tecnológicas para evitar sanciones.

Estas restricciones, reguladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., implican que cualquier empresa, incluso fuera del territorio estadounidense, puede ser sancionada si ofrece servicios financieros, materiales o tecnológicos a personas sancionadas.

Como resultado, las cuentas bancarias son congeladas, las tarjetas inutilizadas y los correos suspendidos. En muchos casos, se impide incluso alquilar una vivienda si el arrendador colabora con instituciones bancarias estadounidenses. Esto ha obligado a varios jueces a modificar radicalmente sus estilos de vida.

Karim Khan y una CPI bajo presión múltiple

El fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Khan, no solo ha enfrentado sanciones estadounidenses, sino que también se ha visto implicado en una acusación de conducta sexual inapropiada, que le llevó a retirarse temporalmente de sus funciones a principios de 2025, aunque él niega los cargos.

Este contexto de crisis legal y política mina la ya frágil autoridad de la CPI, que sigue dependiendo de la cooperación internacional para arrestar e investigar a los peores criminales del planeta. Conviene subrayar que la Corte no cuenta con ninguna fuerza policial propia. Depende de los Estados miembros para ejecutar órdenes de arresto y eso, en muchos casos, vuelve sus veredictos poco aplicables.

Sin embargo, la institución ha tenido éxitos recientes. En 2025, por ejemplo, logró la detención del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, por crímenes contra la humanidad relacionados con su brutal campaña antidrogas.

¿Un paralelismo inquietante con regímenes autoritarios?

Las sanciones a la CPI se ejecutaron utilizando mecanismos legales similares a los usados contra figuras como Vladimir Putin, el fallecido terrorista Osama bin Laden o los líderes de carteles narcotraficantes. Esta equiparación es altamente controversial.

“Tu mundo entero se ve restringido”, afirmó Prost. Para muchos, estas medidas son evidencia no solo del rechazo del derecho internacional por parte de ciertas potencias, sino de una instrumentalización perversa del sistema de sanciones globales.

La incertidumbre como castigo cotidiano

No saber si una tarjeta fallará por un error técnico o por una prohibición de la OFAC, si un ebook será removido de un lector electrónico o si una orden de protección a una víctima podrá ejecutarse por falta de fondos: esta es la dimensión diaria de las sanciones sobre los empleados de la CPI.

Estas acciones desincentivan a los mejores talentos del mundo judicial de trabajar en justicia internacional. ¿Quién se arriesgaría a perder su libertad financiera por perseguir la verdad en casos tan espinosos como los crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán o israelíes en Palestina?

Impunidad fortalecida por la intimidación

Mientras tanto, según algunos expertos legales, el efecto disuasorio está funcionando. Las presiones económicas podríano debilitar la voluntad de la CPI de investigar a las potencias hegemónicas, erosionando su utilidad como árbitro imparcial.

La propia estructura de la Corte es vulnerable. Si se implementaran sanciones amplias sobre el conjunto de la CPI, la institución podría enfrentar la imposibilidad de pagar salarios, proteger testigos e incluso mantener la operación física del tribunal. Esto afectaría múltiples casos en curso: desde Siria hasta Ucrania, desde Myanmar hasta Etiopía.

Una lucha que trasciende a Trump

Las medidas aplicadas al equipo de la fiscal Fatou Bensouda, quien precedió a Khan, fueron finalmente levantadas bajo la administración Biden. Sin embargo, los analistas subrayan que, si Trump o un político afín regresa al poder, otras rondas de sanciones similares podrían reiniciarse.

Sancionar a una entidad como la CPI por hacer su trabajo no solo daña la reputación de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos, sino que pone en juego la arquitectura legal mundial que se edificó tras la Segunda Guerra Mundial para evitar atrocidades como el Holocausto o los genocidios de Ruanda y Bosnia.

Más allá del escritorio: las consecuencias humanas

No hay que olvidar que detrás de cada juez o fiscal sancionado hay vidas personales afectadas. Hijos que no pueden asistir a seminarios en universidades estadounidenses, parejas que no pueden abrir cuentas conjuntas, familias bajo vigilancia digital por ser “sospechosos de terrorismo”.

Aún así, el mensaje de quienes integran la CPI es claro. Como expresó Ibáñez desde La Haya: “En mi país procesé a narcotraficantes y terroristas. Continuaré haciéndolo en el escenario global.”

Mientras tanto, Prost, inamovible, resiste: “Estamos absolutamente decididos y no nos intimidan”.