El precio oculto del agua: ¿por qué los agricultores pagan menos mientras las ciudades de California se ahogan en costos?

¿Cuánto cuesta realmente el agua? Esa es la pregunta que un reciente estudio de la UCLA y el Natural Resources Defense Council (NRDC) ha intentado responder, y las conclusiones son tan sorprendentes como alarmantes: en California, algunas ciudades llegan a pagar más de $2,800 por cada acre-pie de agua superficial, mientras que ciertos distritos de riego agrícola no pagan absolutamente nada.

Una paradoja que cuesta miles de millones

Los autores del estudio analizaron durante un año reportes financieros, contratos estatales y federales, así como transferencias y adquisiciones de agua en California, Nevada y Arizona. Su objetivo fue entender cuánto pagan los distintos proveedores urbanos y agrícolas por el agua de embalses y ríos.

¿El resultado? Un panorama incoherente y desigual. Según Noah Garrison, autor principal y director del programa de ciencias ambientales en UCLA:

“Estamos tratando un recurso cada vez más escaso como si fuera infinito y gratuito.”

¿Qué es un acre-pie y por qué es importante?

Un acre-pie es una unidad de volumen que representa aproximadamente 1,233 metros cúbicos de agua —suficiente para abastecer a 11 californianos durante un año, según el Departamento de Recursos Hídricos del estado.

En promedio:

• Las ciudades de California pagan $722 por acre-pie.
• Los distritos de riego agrícola pagan solo $36 por acre-pie.
• Algunos distritos agrícolas, como el Imperial Irrigation District, no pagan nada al gobierno federal por el agua.

Caos bajo el asfalto: el dilema de las ciudades costeras

Las urbes costeras entre San Francisco y San Diego son las que enfrentan los costos más altos. En el caso de la San Gorgonio Pass Water Agency, el precio llega a $2,870.21 por acre-pie. Según su gerente Lance Eckhart:

“Es como estar al final de una línea ferroviaria: tenemos más vías que pagar, y también más gasto energético para que el agua llegue.”

Este precio altísimo no se traslada directamente a los consumidores. Parte de la diferencia se cubre con impuestos inmobiliarios y subsidios, pero el desequilibrio en la base del sistema sigue siendo evidente.

Disparidades que nacen de contratos obsoletos

Uno de los problemas más grandes es que muchas de las tarifas actuales se basan en contratos federales firmados hace décadas, cuando ni el cambio climático ni el crecimiento poblacional eran tan urgentes como ahora. El Imperial Irrigation District, por ejemplo, recibe la mayor cuota de agua del Río Colorado sin necesidad de pagar por ella.

Tina Shields, directora de recursos hídricos del distrito, defendió esta situación:

“Nuestro contrato con el gobierno federal no requiere ningún pago por el agua, solo por los costos relacionados como la energía hidroeléctrica.”

¿Reformar el sistema? Agricultores dicen no

El estudio propone aplicar un recargo de $50 por acre-pie al agua barata de origen federal, para invertir en mejoras de infraestructura y conservación. Pero los productores agrícolas rechazan esta idea vehementemente. Allison Febbo, gerente general del Westlands Water District, lo resume así:

“El ‘valor’ del agua es incalculable. Aumentar los costos podría devastar nuestra capacidad de producir alimentos y mantener empleos.”

Y no es una preocupación menor. El Central Valley alberga el 25% de la producción agrícola de Estados Unidos. Aumentar los costos del agua en esa región podría afectar la disponibilidad de frutas, verduras y frutos secos a nivel nacional.

La “trampa” de los subsidios ocultos

En algunos casos, los subsidios y costos asociados están tan dispersos que hacen difícil entender cuánto cuesta realmente el agua. Por ejemplo:

• El Metropolitan Water District of Southern California paga oficialmente 25 centavos por acre-pie del río Colorado, aunque su costo real supera los varios cientos de dólares debido a traslados y energización.
• Ese bajo costo es posible gracias al pago paralelo que hacen a las represas por energía hidroeléctrica.

Esto responde a una lógica de sistemas integrados donde el agua y la energía se vinculan, pero también genera confusión sobre el valor económico real del agua.

¿Y los consumidores? Pagando sin saberlo

Irónicamente, todo esto ocurre mientras las tarifas domésticas siguen subiendo. En zonas como Los Ángeles y San Diego, los consumidores pagan más de $200 al mes en promedio en temporada seca, sin entender qué parte del cobro corresponde al acceso del recurso, al transporte, o al tratamiento posterior.

Marty Adams, antiguo director de LADWP (Los Angeles Department of Water and Power), lo explica así:

“El agua comprada es como un comodín: cada año cambia la cantidad y por eso se cobra aparte del costo base.”

Sin precio, sin conservación

Uno de los puntos clave del estudio es que la falta de precio base desincentiva la conservación. Cuando un productor, una ciudad o una familia no sabe cuánto vale realmente un recurso, su uso racional es mucho más difícil de implementar.

Jeffrey Mount, investigador del Public Policy Institute of California, lo resume de forma lapidaria:

“No estamos pagando el costo completo del agua: ni el social, ni el económico, ni el ambiental.”

La sequía ya está aquí —y no estamos preparados

El informe sale a la luz mientras la cuenca del río Colorado enfrenta niveles históricos de escasez. Tanto el lago Mead como el lago Powell, los dos principales embalses del oeste, están peligrosamente bajos, y las proyecciones climáticas indican un escenario de sequía permanente.

Al no existir un sistema de precios coherente, predecible o justo, será mucho más difícil diseñar políticas eficaces de redistribución y ahorro de agua.

¿Qué se puede (y debe) hacer?

Expertos sugieren una serie de reformas para corregir estas distorsiones:

• Revisar y renegociar contratos federales que otorgan agua gratis o a precios simbólicos.
• Fijar precios “reales” que reflejen el costo ambiental, social y económico.
• Implementar recargos de conservación proporcionales al consumo, especialmente en sectores agrícolas de riego intensivo.
• Fomentar sistemas de medición y transparencia en las tarifas urbanas y rurales.

Pero los desafíos no son solo técnicos. Son también políticos y culturales. La resistencia de sectores agrícolas, la falta de voluntad estatal y la fragmentación normativa impiden llegar a acuerdos multilaterales.

Una oportunidad para cambiar el rumbo

La crisis hídrica en el oeste de Estados Unidos ya no es un escenario hipotético. Es una realidad actual. Y el precio del agua es la punta del iceberg de un sistema desequilibrado y obsoleto.

Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿queremos seguir subsidiando el despilfarro de los grandes consumidores a expensas de las ciudades, los ecosistemas y las futuras generaciones?

Hoy más que nunca, el agua debe dejar de ser invisible en nuestras cuentas, en nuestras políticas y en nuestra conciencia colectiva.