Estados Unidos, elecciones y privacidad: el riesgo de politizar el acceso a datos sensibles

Un nuevo capítulo en la batalla por el acceso a datos electorales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su campaña para obtener acceso a listas detalladas de votantes en diversos estados del país. En una movida que suma controversia a la ya compleja lucha por la transparencia electoral, la entidad federal presentó demandas contra Colorado, Hawái, Massachusetts y Nevada, acusándolos de no proporcionar información estatal completa de registro electoral. Hasta ahora, 18 estados y el condado de Fulton, Georgia, se encuentran en la mira judicial.

Mientras esta cruzada se presenta como una iniciativa por resguardar la integridad electoral, críticos argumentan que pudiera ser parte de una estrategia más amplia de intimidación electoral o manipulación política. Las tensiones entre privacidad y seguridad democrática no podrían estar más al rojo vivo.

¿Qué información se está solicitando exactamente?

Las demandas buscan que los estados entreguen, entre otros datos:

• Nombres completos de los votantes
• Fechas de nacimiento
• Direcciones residenciales
• Números de licencia de conducir
• Porciones del número de Seguro Social

Según el Departamento de Justicia, negar esta información viola la Ley Nacional de Registro de Votantes. Pero, ¿qué tan clara es esta supuesta violación?

Privacidad vs. Ley federal: una colisión inevitable

Diversos funcionarios estatales, principalmente demócratas, han rechazado categóricamente entregar datos confidenciales de sus votantes. Jena Griswold, secretaria de Estado de Colorado, lo expresó sin reservas:

“No entregaremos la información confidencial de los votantes de Colorado a Donald Trump. Él no tiene derecho legal a esta información.”

La postura de Griswold es respaldada por otros estados como Wisconsin, donde la comisión electoral votó 5 a 1 en contra de proporcionar datos no redactados, a pesar de las advertencias de posibles demandas judiciales.

Desde Hawái, el viceprocurador general Thomas Hughes recordó al gobierno federal que su legislación estatal impide divulgar información más allá de nombre, distrito y estado de votación. Y agregó:

“El Departamento de Justicia interpreta erróneamente la ley federal. No estamos obligados a entregar datos electrónicos con información excepcionalmente sensible.”

Un patrón preocupante: 26 estados bajo observación

Las solicitudes del Departamento de Justicia no son aisladas. De acuerdo con un recuento reciente, por lo menos 26 estados han recibido solicitudes similares para entregar sus padrones electorales. Esto ha encendido las alarmas no solo en las oficinas electorales, sino también entre los defensores de la privacidad civil y académicos.

Según The Brennan Center for Justice, uno de los Think Tanks legales más respetados del país:

“El requerimiento de este nivel de detalle sin garantías de protección de datos equivale a una vulneración grave del derecho a la privacidad, y podría sentar un precedente negativo para otros países democráticos.”

¿Quién está realmente detrás de las demandas?

Aunque el Departamento de Justicia ha liderado estas iniciativas, muchos señalan que el trasfondo político es imposible de ignorar. Durante el gobierno de Trump, varias comisiones y grupos intentaron recolectar datos masivos de votantes alegando combatir el fraude electoral. Sin embargo, estudios repetidos han encontrado que el fraude es extremadamente raro.

Por ejemplo, una revisión del Brennan Center encontró que:

• Las tasas de fraude electoral en EE.UU. oscilan entre el 0.0003% y el 0.0025%.
• Desde el año 2000, se ha identificado menos de una docena de casos que justificaran cambios estructurales en el registro electoral.

Choque entre jurisdicción federal y estatal

El caso también revive un viejo debate sobre la distribución del poder electoral en EE.UU. Por Constitución, los estados tienen autoridad para organizar sus elecciones, incluso federales. No obstante, el gobierno federal reserva el derecho de supervisar el cumplimiento de leyes federales como la National Voter Registration Act de 1993.

Esto crea una tensión constante: ¿hasta qué punto puede el gobierno federal intervenir en cómo los estados manejan su registro electoral?

La respuesta parece estar oscilando con cada administración. Mientras gobiernos como el de Obama buscaron ampliar el acceso al voto, la administración Trump enfatizó la supuesta necesidad de control y depuración del padrón.

Implicaciones para los derechos civiles

Más allá del marco legal, el impacto en los derechos civiles podría ser profundo. La entrega masiva de datos sensibles sin mecanismos claros de protección podría poner a votantes en riesgo de:

• Discriminación política: En manos equivocadas, los datos podrían usarse para suprimir o manipular el voto.
• Amenazas a la seguridad: Exposición de información como direcciones personales o números de identificación.
• Desconfianza institucional: Perder la percepción de seguridad en el sistema electoral podría disuadir la participación ciudadana.

Según un informe de Center for Democracy and Technology, el 72% de los votantes registrados considera que su información debe mantenerse confidencial a toda costa. La percepción pública también se convierte en un activo delicado en tiempos de creciente polarización.

Reacciones políticas y un país dividido

Los republicanos que respaldan esta campaña argumentan que el gobierno federal necesita estos datos para garantizar elecciones libres de irregularidades. Pero incluso dentro del Partido Republicano, las opiniones están divididas.

Robert Spindell, comisionado electoral en Wisconsin y único votante a favor de entregar la información, reconoció que el rechazo podría desencadenar una demanda, pero también que las leyes locales prohíben tal acción.

Mientras tanto, líderes demócratas acusan a la administración de intentar centralizar el control electoral y allanar el camino para futuras exclusiones de votantes.

¿Qué sigue?

Las resoluciones judiciales aún están por verse. Sin embargo, este proceso ha reavivado el debate sobre hasta qué punto el Estado puede intervenir en los derechos individuales para promover supuestos intereses colectivos como la seguridad electoral.

Desde la perspectiva de derechos humanos, es crucial recordar lo que decía Benjamin Franklin:

“Quien renuncia a su libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal, no merece ni libertad ni seguridad.”

En esta encrucijada entre vigilancia y privacidad, EE.UU. enfrenta una prueba no solo electoral, sino ética y democrática.