Montana y el dilema de la justicia no partidista: ¿reforma constitucional o manipulación política?

En tiempos de polarización política extrema, Montana se ha convertido en el epicentro de una batalla por la independencia del poder judicial. En el corazón de esta disputa se encuentra una pregunta fundamental: ¿deben los jueces declarar su afiliación partidista, o se debe preservar una jurisdicción verdaderamente imparcial?

La raíz del conflicto: CI-131 y CI-132

Dos iniciativas constitucionales —CI-131 y CI-132— han sido propuestas para incluir explícitamente en la Constitución del estado que las elecciones para jueces del Supreme Court y tribunales de distrito deben mantenerse absolutamente no partidistas. A pesar de que esta práctica ya está en la ley desde 1935, sus impulsores buscan reforzarla como principio constitucional para evitar que futuros gobiernos puedan eliminarla por medio de legislación ordinaria.

No obstante, el fiscal general del estado, Austin Knudsen —republicano y figura polémica en la política local— ha interferido directamente en el proceso al reformular el lenguaje oficial de las iniciativas sin un fundamento legal claro. El objetivo, argumentan sus críticos, sería influir en la percepción de los votantes sugiriendo que las elecciones sin menciones partidistas son sospechosas o engañosas.

¿Qué hizo el fiscal general?

En lugar de conservar el lenguaje original propuesto por ciudadanos y abogados constitucionalistas, Knudsen modificó el texto explicativo para incluir observaciones interpretativas que, de acuerdo con la Corte Suprema del estado, "confunden a los votantes y previenen la emisión de un voto inteligente e informado".

Uno de los ejemplos más llamativos es la inclusión de una frase donde se explica que una elección no partidista "prohíbe etiquetar a los candidatos en la boleta con relación al partido político con el que se alinean, incluyendo etiquetas como independiente". Con ese matiz, sugiere indirectamente que los jueces podrían tener afiliaciones políticas ocultas.

La Corte Suprema de Montana, de forma unánime, rechazó esta enmienda. En su fallo respecto a la CI-131, señalaron que Knudsen no justificó en absoluto su intervención y que, si el texto del peticionario es claro y neutral, el fiscal general no tiene derecho a reescribirlo.

Un patrón de comportamiento repetido

Este no es un caso aislado. Solo unas semanas antes, la misma corte revisó CI-132 presentada por otro grupo ciudadano denominado Montanans for Nonpartisan Courts. En esa ocasión, también dictaminó que el lenguaje insertado por Knudsen sería engañoso para el votante medio.

Esta seguidilla de fallos pone en duda la imparcialidad del fiscal general, cuyo cargo debería garantizar procesos democráticos libres de interferencia política. Pero, ¿por qué esta insistencia en modificar un lenguaje que, según los jueces del máximo tribunal, ya era claro e imparcial?

El trasfondo político de la jugada

Montana, aunque pequeña en tamaño poblacional (1,1 millones de habitantes), se ha convertido en un bastión político republicano en los últimos años. Varios legisladores del partido intentaron —sin éxito— aprobar leyes para permitir que los jueces declararan afiliación partidista en boletas electorales.

Ante la incapacidad legislativa, la lucha se ha trasladado al terreno constitucional, donde la participación ciudadana tiene más peso. En ese escenario, alterar el lenguaje oficial de una iniciativa es una forma indirecta de influenciar el resultado de una votación sin necesidad de debatir de fondo la propuesta.

El rol de los tribunales no partidistas en una democracia saludable

Desde 1935, Montana celebra elecciones judiciales sin afiliaciones partidistas. Esta práctica busca mantener a salvo la imparcialidad judicial. Sin embargo, en tiempos modernos, donde la partidización de la Corte Suprema de EE.UU. ha sido motivo de intensos debates, algunos ven en la no mención del partido una falacia, un intento por ocultar ideologías —aunque la elección no sea partidista per se.

Pero los expertos en derecho y politólogos advierten: introducir categorías partidistas en elecciones judiciales amenaza el principio de neutralidad del sistema de justicia. Un estudio del Brennan Center for Justice demostró que, en estados donde los jueces se postulan con partido, hay una correlación entre el financiamiento político y sus decisiones judiciales.

La democracia directa bajo amenaza

Montana, como otros estados del oeste estadounidense, tiene una tradición sólida de democracia directa mediante iniciativas populares. Más del 45% de las leyes relevantes sobre uso de tierras, aborto y justicia en Montana fueron propuestas en las urnas por la ciudadanía.

De allí la importancia de preservar la integridad del proceso. Como explicó el juez jefe en su decisión: "El deber del fiscal general es revisarlo en términos legales, no reescribirlo para influir en los votantes".

¿Qué sigue para CI-131?

La Corte Suprema de Montana redactó un nuevo lenguaje neutral para la iniciativa, que ahora dice:

“Esta iniciativa constitucional requeriría que las elecciones para la Corte Suprema y tribunales de distrito de Montana se mantengan no partidistas. Desde 1935, la ley estatal ha exigido que estas elecciones se celebren sin afiliación a partidos políticos. Esta enmienda incorporaría esa norma en la Constitución de Montana, por lo que solo podría modificarse con otra enmienda constitucional aprobada por los votantes.”

Este lenguaje será el que los votantes verán si la iniciativa consigue reunir las firmas necesarias.

¿Democracia blindada o campo de batalla?

El caso es paradigmático por lo que significa para otros estados. ¿Es posible garantizar que las instituciones judiciales se mantengan apartadas del ruido partidario? O, por el contrario, ¿estamos resignados a que las cortes se conviertan en otro frente de las guerras políticas modernas?

Lo que está en juego no es simplemente un tecnicismo legal, sino el concepto de justicia imparcial como pilar de la democracia republicana.

Como dijo Thomas Jefferson: “La independencia del poder judicial es uno de los pilares fundamentales de la libertad”. Si esta se erosiona, la confianza del ciudadano en el sistema democrático también lo hace.

Montana ha alzado la voz. Y quizá con ello, ha encendido una alerta nacional.