¿Está roto el sistema SNAP? Una mirada a la política, el fraude y el futuro de los cupones de alimentos en EE.UU.

En medio de tensiones políticas, acusaciones de fraude sistémico y el esfuerzo por equilibrar la ayuda alimentaria con la integridad fiscal, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) —más conocido como cupones de alimentos— vuelve a estar en el centro del debate en Estados Unidos.

¿Qué es SNAP y por qué importa?

SNAP representa la columna vertebral del sistema de protección alimentaria en EE. UU. Se creó en 1939, pero tomó su forma moderna con la Ley de Seguridad Alimentaria de 1977. Este programa ayuda a más de 42 millones de personas (alrededor de 1 de cada 8 estadounidenses) a obtener alimentos básicos mediante tarjetas electrónicas (EBT) recargables con beneficios mensuales. En 2024, el gasto anual ronda los $100 mil millones, donde el 94% corresponde directamente a beneficios y el resto a costos administrativos.

Acusaciones de fraude: ¿cuánto hay de cierto?

Desde la administración de Donald Trump, se ha intensificado la retórica en torno al fraude en el sistema SNAP, calificándolo como un problema “masivo” y “organizado”, que incluye desde delincuentes individuales, hasta bandas transnacionales.

Según el Departamento de Agricultura (USDA), a partir de los datos obtenidos de ciertos estados, se han encontrado:

• 186,000 personas fallecidas que seguían recibiendo beneficios.
• 500,000 personas cobrando en más de un estado.

Esto equivale, según el USDA, a posibles pérdidas que pueden superar los $9 mil millones anuales. Sin embargo, hay poca transparencia sobre el desglose de estos datos ni sobre cuánto de ese dinero realmente fue gastado en productos alimenticios o quedó sin usar en tarjetas EBT.

¿Una exageración política o una realidad preocupante?

Muchos expertos se muestran escépticos. Christopher Bosso, profesor en la Universidad de Northeastern, es claro: “Si se gasta $100 mil millones en cualquier cosa, se va a tener algo de fuga”. Si bien acepta que hay fraude, considera que el panorama presentado por el gobierno ha sido sobredimensionado.

De hecho, el último reporte público sobre fraude en SNAP, publicado en 2021, mostró que entre 2015 y 2017 solo el 1.6% de los beneficios fueron robados. Eso representa pérdidas controlables considerando la magnitud del programa.

Y aún más revelador: el gobierno federal reembolsó $323 millones entre 2022 y 2024 por beneficios robados mediante skimming (técnica de robo electrónico), lo que equivale a apenas 24 centavos por cada $100 en beneficios, según datos oficiales.

El caso del skimming: crimen organizado vs. burocracia digital

Una de las formas más sofisticadas de fraude es el skimming de tarjetas EBT. Consiste en instalar dispositivos ocultos en terminales de pago para copiar la información de las tarjetas y luego clonar los beneficios. Un caso emblemático fue el de un hombre de origen rumano, ilegal en EE.UU., que admitió haber robado 36,000 usuarios de California durante 3 años.

Otro ejemplo de corrupción se dio en Nueva York, donde un empleado del USDA aceptó sobornos para registrar lectores ilegales de tarjetas en bodegas, operación que movió más de $30 millones en transacciones.

El dilema moral: mejorar la integridad sin castigar a los más pobres

Mark Haskins, exjefe de investigaciones especiales del USDA, afirma sin ambages: “El sistema está corrupto. No necesita ajustes, necesita ser reconstruido completamente.” Sugiere medidas como reducir la cantidad de comercios con autorización de SNAP y forzar a los beneficiarios a re-aplicar, aunque eso implique más barreras.

Pero esta postura no escapa a la crítica. Patricia Anderson, economista de Dartmouth College, concluye que para engañar al sistema en magnitud se necesita crimen altamente organizado. A nivel de individuo, las ganancias del fraude difícilmente justifican el riesgo.

La justicia también golpea a los usuarios

Jamal Brown, beneficiario del programa en Nueva Jersey, dijo que fue víctima de fraude mediante skimming y tuvo sus beneficios cancelados por un error burocrático cuando un trabajador del condado no lo llamó para una entrevista de recertificación. “Siempre hay algo que sale mal”, dijo resignado.

Muchos participantes del programa enfrentan problemas similares con cortes injustificados de beneficios o errores administrativos. Esto revela algo fundamental: el fraude también puede ser institucional.

Disputas entre estados y el gobierno federal

Bajo la administración Trump, el USDA pidió a los estados datos sensibles de beneficiarios como números de seguro social, fechas de nacimiento y estado migratorio. Mientras estados republicanos cumplieron con la solicitud, la mayoría de los gobernados por demócratas se negaron e incluso llevaron el tema a los tribunales.

Los estados que se resistieron alegan que ya tienen controles internos efectivos y que la solicitud del USDA viola la privacidad de los ciudadanos y posibles leyes federales de protección de datos.

¿Qué medidas se están tomando?

Algunos estados han emprendido políticas de restricción para evitar el uso de SNAP en productos considerados chatarra, como energéticas y golosinas. Estas normas empezarán a regir desde el 1 de enero en varios lugares.

Adicionalmente, se debate la posibilidad de aplicar inteligencia artificial y sistemas biométricos para mejorar el rastreo de beneficiarios, aunque estas medidas también despiertan controversia por su posible uso invasivo.

¿Un futuro más austero o más justo?

El debate sobre SNAP revela una grieta profunda entre quienes ven el programa como un salvavidas indispensable y aquellos que lo consideran una caja de Pandora de despilfarro estatal. ¿Cuál es la realidad? Tal vez un punto medio: el sistema tiene defectos, pero también cumple una función vital.

Lo cierto es que reducir el acceso al programa bajo el pretexto del fraude podría agravar problemas como la inseguridad alimentaria, que según la organización Feeding America afecta a más de 34 millones de personas en EE. UU., incluidos más de 9 millones de niños.

“No podemos combatir el abuso destruyendo el uso”, advierte el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, que ha denunciado que muchas de las reformas propuestas no atacan el corazón del problema, sino que aumentan la carga sobre los más pobres.

¿Y ahora qué?

Hasta que el gobierno federal no publique los detalles de sus hallazgos y no exista mayor transparencia sobre los supuestos $9 mil millones en pérdidas, será difícil separar la retórica política de la realidad empírica. Mientras tanto, millones de estadounidenses seguirán dependiendo de uno de los programas más importantes para la salud y estabilidad social del país.

Lo que está claro es que el sistema SNAP necesita atención —pero también empatía. Reformarlo sólo desde la sospecha y el castigo podría generar más daño del que busca evitar.