El colapso inevitable: Michigan y la bomba de tiempo de sus represas

Una lección ignorada tras Midland

En mayo de 2020, Michigan vivió uno de los peores desastres de infraestructura de su historia reciente: la falla simultánea de las represas Edenville y Sanford en el centro del estado. Más de 10,000 personas fueron evacuadas, se registraron daños superiores a los 200 millones de dólares, y el desastre fue una dolorosa llamada de atención sobre el estado crítico de las represas envejecidas en todo Michigan.

Como respuesta, los legisladores estatales destinaron más de 50 millones de dólares para prevenir futuras tragedias similares a través de un programa de subvenciones que permitió la reparación o remoción de 57 represas consideradas de riesgo. Pero, cuatro años después, ese fondo está seco y la situación, lejos de mejorar, amenaza con repetirse. Según Luke Trumble, jefe de seguridad de represas del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía (EGLE, por sus siglas en inglés), "nos enfrentamos a un posible retroceso que podría hacernos revivir otra tragedia como la de Midland".

Una infraestructura envejecida y olvidada

Michigan cuenta con aproximadamente 2,600 represas, de las cuales un impactante 66% ya superó su vida útil de diseño, tradicionalmente estimada en 50 años. Para mantenerse operativas, requieren mantenimientos y actualizaciones costosas que, en su mayoría, han sido postergadas tanto por el sector público como por propietarios privados.

Más de 160 represas reguladas a nivel estatal han sido clasificados como de "alto riesgo", es decir, que su falla podría poner en peligro vidas humanas. De estas, aproximadamente el 15% están en condiciones deficientes o ni siquiera cuentan con una calificación estructural actual vigente. A esto hay que sumar otras 100 represas en condiciones deficientes pero con clasificaciones de menor peligro.

“El gran desafío de la infraestructura es que, cuando funciona bien, no llama la atención. Sólo cuando colapsa, se vuelve prioridad. Y eso está completamente al revés.” – Dan VanderHeide, presidente del capítulo Michigan de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles

¿Cuánto cuesta arreglar el problema? Mucho más de lo que el estado quiere gastar

El programa de subvenciones lanzado tras el colapso de 2020 recibió solicitudes por un total de 220 millones de dólares, cuatro veces más de lo asignado. Se estima que reparar o eliminar todas las represas en mal estado requeriría al menos 420 millones de dólares en 2021, suma que hoy asciende a más de 521 millones ajustada a la inflación.

Pero los legisladores no han dado señales de crear un fondo permanente. Tampoco han implementado las reformas regulatorias propuestas por dos comisiones independientes que, tras el desastre de Midland, urgieron endurecer las leyes de seguridad y ampliar la financiación como medida preventiva.

Falta de regulación y propiedad privada: una receta para el desastre

Uno de los focos de preocupación actual se encuentra en la venta de 13 represas hidroeléctricas de Consumers Energy a una filial de Hull Street Energy, una firma de capital privado con sede en Maryland. El senador estatal republicano Jon Bumstead ha expresado su escepticismo sobre si la seguridad será realmente una prioridad para una empresa centrada en maximizar ganancias para sus inversionistas.

“La historia de Michigan muestra un patrón claro: cuando las compañías eléctricas venden represas viejas a propietarios con menos capacidad de regulación, eventualmente es el contribuyente quien paga por arreglos o recuperación tras desastres.” — Senador Jon Bumstead

Las inquietudes son compartidas a nivel bipartidista. Bumstead incluso ha presentado un proyecto de ley junto con otros senadores para que la Comisión de Servicios Públicos de Michigan investigue a fondo la viabilidad financiera del comprador antes de aprobar la transacción. Hasta la fecha, la propuesta no ha recibido audiencia legislativa.

¿Qué pasa con los embalses recreativos?

Más allá de los enormes riesgos estructurales, muchas represas son parte integral del paisaje y cultura local. En comunidades como Holly o White Cloud, los embalses creados hace más de un siglo sirven hoy como lagos recreativos donde se practica la pesca, el kayak o eventos comunitarios. La orden estatal de vaciarlos como medida de emergencia ha generado enorme resistencia vecinal y local.

En Holly, por ejemplo, el municipio llevó al estado ante la corte para intentar evitar la reducción del embalse de 25 acres alimentado por una represa de 1840. Perdieron el caso. Ahora se enfrentan al desafío de reunir millones para estabilizar la estructura sin asistencia financiera externa.

En palabras de April Brandon, presidenta del Consejo Municipal de Holly: “La represa es parte del alma de nuestra comunidad... pero no tenemos forma de pagar lo que cuesta repararla sin ayuda”.

La última línea de defensa: vaciar embalses

Ante la falta de fondos, el estado ha recurrido a su último recurso: disminuir los niveles de agua de los embalses más riesgosos. Esta técnica reduce el potencial de daño a comunidades si la represa colapsa inesperadamente. Sin embargo, trae efectos colaterales severos sobre economías locales, turismo e identidad cultural.

El director Trumble lo reconoce abiertamente: “No hay satisfacción en emitir estas órdenes. Pero no podemos permitirnos esperar e imaginar que todo aguante hasta que se encuentre una solución”.

Un espejo de la crisis nacional

La historia de Michigan no es única. A nivel nacional, más del 70% de las represas en Estados Unidos tienen más de 50 años. Según la Asociación de Oficiales de Seguridad de Represas Estatales, el costo total para reparar todas las represas en alto riesgo del país supera los $70 mil millones.

Sin embargo, como lo dijo el consultor ambiental Mark Coscarelli, que lideró un informe sobre represas en Michigan en 2007, “todo este debate me suena tristemente familiar. Es déjà vu otra vez”.

¿Y ahora qué?

• Más de 500 millones de dólares necesarios para restaurar infraestructuras críticas.
• Una legislación estancada y sin continuidad entre cámaras estatales.
• Propietarios privados sin incentivos reales para invertir en seguridad.
• Comunidades atrapadas entre la nostalgia y el miedo real de una tragedia.

¿Serán necesarias más muertes y desastres económicos para que el estado actúe de forma preventiva? En palabras de los propios autores del informe tras Midland: “El costo humano y económico de seguir como si nada es demasiado alto como para ignorarlo”.

Los ciudadanos tienen derecho a no vivir con el temor cotidiano de que una estructura de hace más de un siglo colapse sobre sus hogares. La naturaleza no espera a que el Legislativo se ponga de acuerdo: la próxima tormenta ya se acerca.