Entre fronteras y amenazas: la nueva ofensiva de Trump contra migrantes y narcos

Una mirada crítica a la expansión del veto migratorio y las sanciones contra organizaciones en América Latina bajo el renovado mandato de Donald Trump

Un viejo guion con nuevas páginas

Donald Trump ha regresado al escenario político con renovado entusiasmo por aplicar políticas migratorias estrictas y medidas agresivas contra el crimen trasnacional. Esta semana, su administración anunció una nueva expansión del veto migratorio que ahora afecta a ciudadanos de 30 países y reafirmó su estrategia internacional al designar al Clan del Golfo, un cartel colombiano, como organización terrorista extranjera. Ambos movimientos, cargados de simbolismo político, tienen implicaciones profundas para la política exterior y los derechos humanos.

El veto migratorio: más países, más restricciones

La lista original de países bajo el veto migratorio incluía a naciones como Irán, Sudán, Somalia y Yemen, pero con las nuevas incorporaciones de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria, el mensaje es claro: la administración tiene un enfoque cada vez más restrictivo hacia los países africanos y de Oriente Medio. Además, impone limitaciones a los titulares de documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Pero el rechazo no termina ahí. Otros 15 países enfrentan restricciones parciales, incluidas naciones africanas relevantes como Nigeria, Angola y Senegal. El argumento esgrimido por la Casa Blanca es que estos países presentan una combinación de corrupción, documentos civiles poco fiables y altas tasas de ciudadanos que se quedan ilegalmente tras el vencimiento de sus visas.

¿Seguridad nacional o estrategia política?

Mientras los voceros de Trump defienden estas medidas como necesarias para proteger a EE. UU. de amenazas indetectables, los críticos señalan la falta de evidencia concreta que relacione la procedencia nacional con actividades terroristas. Varios estudios, incluida una revisión del Cato Institute, han señalado que el riesgo de terrorismo por parte de inmigrantes de estos países es casi nulo.

Además, muchos analistas interpretan la medida como una jugada electoral. "Trump ha utilizado sistemáticamente la migración y las amenazas externas como parte de su narrativa de campaña", señala María Peña, experta en estudios migratorios. "No se trata tanto de seguridad como de consolidar su base política".

La criminalización de la migración

Una preocupación recurrente es la tendencia creciente a asociar migración con criminalidad. Después de que un ciudadano afgano fuera acusado de matar a dos miembros de la Guardia Nacional en noviembre, la administración no tardó en usar el caso como justificación para ampliar el veto.

Sin embargo, esta argumentación ignora el hecho de que la gran mayoría de los crímenes violentos en Estados Unidos son cometidos por ciudadanos estadounidenses, según datos del Bureau of Justice Statistics. El peligro aquí es caer en una espiral de estigmatización y xenofobia institucionalizada.

La guerra contra el narcotráfico: golpe directo a Colombia

En un segundo movimiento polémico, la administración Trump designó al Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— como organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, el grupo es responsable de atentados contra autoridades, extorsiones y reclutamiento de menores.

Esto sucede en medio de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano de Gustavo Petro y la AGC. En septiembre, ambas partes firmaron un acuerdo preliminar en Qatar, un paso significativo hacia una desmovilización total del grupo armado. El nuevo estatus como grupo terrorista complica el proceso, ya que bloquea legalmente la posibilidad de levantar sanciones o suspender órdenes de extradición, puntos clave en la negociación.

Golpes y tensiones diplomáticas

Esta designación también refleja el deterioro de las relaciones entre Washington y Bogotá. Estados Unidos ya había acusado al presidente Petro de "permitir que florezcan los carteles de droga". La respuesta desde Colombia no se hizo esperar: “Estamos interceptando niveles récord de cocaína sin asesinar a sospechosos”, respondió Petro.

La analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, lo resumió con claridad: "La tensión entre Colombia y Washington está en niveles históricos". Para algunos, esta designación tiene más carácter simbólico que práctico, buscando presionar a Petro para adoptar una línea más dura contra el crimen organizado.

Implicaciones legales y militares

Si bien una designación como organización terrorista no otorga per se la autoridad para realizar ataques militares, sí amplía el marco legal para que EE.UU. congele activos del grupo, prohíba transacciones con terceros y sancione a personas que colaboren con el Clan del Golfo.

Ese precedente ya fue aplicado este año con dos organizaciones venezolanas —el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles— antes de lanzar operaciones navales contra embarcaciones sospechosas de traficar droga.

La política exterior al servicio del discurso interno

Visto en conjunto, tanto la expansión del veto migratorio como la designación del Clan del Golfo parecen estar diseñadas más para calmar al electorado conservador estadounidense que para resolver problemas estructurales de seguridad o drogas. Donald Trump ha hecho de la "mano dura" un pilar de su narrativa, y estas medidas lo refuerzan frente a una base que aplaude la acción directa, aunque sea contraproducente desde el punto de vista diplomático.

Este enfoque práctico, basado en maximizar réditos electorales a corto plazo en lugar de fortalecer alianzas y estrategias de largo plazo, podría tener consecuencias profundas para la influencia estadounidense en América Latina y su percepción global como un actor comprometido con los derechos humanos y la democracia.

¿Y ahora qué?

El futuro de estas políticas dependerá en gran parte del ambiente político y judicial en EE.UU., así como de la resistencia de otros actores —incluyendo gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos y cortes federales— que pueden frenar o revertir algunas de estas medidas por considerarlas discriminatorias o ineficaces.

Pero si algo ha dejado claro la administración Trump es que está dispuesta a doblar la apuesta aún más en temas donde puede ligar narrativa, política y poder presidencial.

¿Terrorismo o táctica?

La pregunta que queda flotando, tanto para ciudadanos estadounidenses como para países afectados por estas políticas, es si realmente se está combatiendo el terrorismo y garantizando la seguridad nacional, o si solo se está construyendo un enemigo conveniente para capitalizarlo políticamente.

Y en esa ambigüedad, miles de familias quedan separadas, gobiernos aliados se convierten en adversarios, y las soluciones estructurales para problemas como la migración o el narcotráfico siguen posponiéndose.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press