Ron DeSantis vs. los derechos civiles musulmanes: ¿hasta dónde puede llegar el poder de un gobernador?

Florida se encuentra en medio de una tormenta política y jurídica tras una acción sin precedentes del gobernador Ron DeSantis. El republicano ha designado al Council on American-Islamic Relations (CAIR), una reconocida organización nacional de derechos civiles musulmanes, como una “organización terrorista extranjera”. La polémica decisión ha encendido las alarmas de grupos de derechos humanos, abogados constitucionalistas y líderes comunitarios.

En este artículo de enfoque análisis, exploraremos qué significa esta designación, los antecedentes de CAIR, por qué esta medida podría exceder el poder legal de un gobernador estatal, y cómo este episodio refleja una preocupante ola de islamofobia institucionalizada en Estados Unidos.

CAIR: ¿Quiénes son y qué hacen?

Fundado en 1994 en Washington, D.C., el Council on American-Islamic Relations (CAIR) es la organización musulmana de derechos civiles más grande de Estados Unidos. Con más de 20 capítulos estatales, incluyendo CAIR-Florida, su trabajo abarca desde litigios, asistencia legal, campañas educativas hasta labores de incidencia para proteger los derechos civiles de la población musulmana en EE. UU.

En palabras de su director ejecutivo, Nihad Awad, durante una entrevista en NPR, CAIR fue creado para luchar contra la discriminación después de la Guerra del Golfo y ha tenido un rol clave después de los atentados del 11S, cuando los crímenes de odio contra musulmanes aumentaron un 1,600% en el país.

La orden ejecutiva de DeSantis: ¿un acto ilegal?

El 28 de noviembre de 2023, Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva designando a CAIR y a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas extranjeras. La orden también prohíbe que agencias estatales de Florida o del gabinete contrataten a personas u organizaciones afiliadas con dichas entidades.

El problema legal es contundente: el gobierno estatal no tiene autoridad constitucional para designar quién es terrorista extranjero. Esa facultad pertenece exclusivamente al gobierno federal bajo legislación como la Patriot Act y con procesos regidos por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.

La demanda presentada por CAIR y CAIR-Florida en un tribunal federal de Tallahassee argumenta precisamente eso: que DeSantis ha violado el principio constitucional de separación de poderes y ha incurrido en una extralimitación de funciones. Charles Swift, abogado de la Muslim Legal Fund of America, expresó en conferencia de prensa:

“La Constitución protege a las personas para que sean intolerantes, pero no al gobierno para que actúe de forma intolerante”.

Un patrón sistemático de islamofobia política

Esta orden no está sola en el panorama político actual. El mismo día en que CAIR presentó su demanda, el senador federal Tommy Tuberville (R-AL) publicó que “el islam no es una religión, es una secta”. Un día después, CAIR lo declaró oficialmente “extremista antimusulmán”, siendo la primera vez que otorgan dicha etiqueta a un miembro del Senado de los EE. UU.

En actos aún más ofensivos, el representante Randy Fine (R-FL) escribió en sus redes sociales que apoya “una prohibición migratoria musulmana, deportaciones radicales y revocación de ciudadanías”. Según los datos más recientes del Pew Research Center, hay aproximadamente 3.5 millones de musulmanes en Estados Unidos, con cerca de 500,000 viviendo en Florida.

Para muchos analistas, estos comentarios y acciones forman parte de una estrategia inclinada a energizar a una base política ultraconservadora de cara a elecciones presidenciales.

El contexto nacional: amenazas a la libertad religiosa

Desde el 11 de septiembre de 2001, la comunidad musulmana en EE. UU. ha enfrentado un ambiente hostil. Sin embargo, durante el mandato de Donald Trump, esta hostilidad se institucionalizó con la “Prohibición musulmana”, que restringió el ingreso a EE. UU. desde países mayormente musulmanes. Muchos expertos ven las acciones recientes de DeSantis como un eco mediatizado de esa política.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado en reiteradas ocasiones que tales políticas criminalizan la identidad religiosa y socavan los principios de libertad de culto establecidos por la Primera Enmienda.

¿Por qué ahora? Palestina, Gaza y la libertad de expresión

El anuncio de DeSantis coincidió con un momento de alta tensión internacional por la guerra en Gaza. CAIR ha defendido legalmente el derecho de particulares y organizaciones a manifestarse en favor de los derechos humanos de los palestinos, lo cual ha sido interpretado por algunos sectores conservadores como una posición “antiamericana”.

En la demanda, CAIR alega que la designación de DeSantis es una represalia por estas posturas políticas:

“Nos han señalado por defender los derechos de ciudadanos americanos a expresarse y protestar contra políticas extranjeras que no representan sus valores”.

Recordemos que manifestar apoyo a Palestina no está prohibido en los Estados Unidos, y el activismo en favor de causas civiles en el extranjero es una forma protegida de libertad de expresión.

Impacto en la comunidad musulmana de Florida

Además del temor y la incertidumbre, la orden ejecutiva puede tener efectos mucho más tangibles para la comunidad musulmana. Organizaciones benéficas musulmanas que antes colaboraban con entidades estatales podrían quedar excluidas de contratos, subvenciones e incluso empleos.

La doctora Sana Siddiqui, profesora de derecho en la Universidad de Florida y especialista en religión y políticas públicas, enfatiza:

“Si permitimos que un estado etiquete arbitrariamente a organizaciones como terroristas, entonces ninguna minoría religiosa está a salvo.”

También destaca que esta medida puede terminar en la Corte Suprema si se logra demostrar que es una violación clara de las protecciones contra discriminación religiosa.

¿Puede prosperar la demanda contra DeSantis?

Desde un punto de vista legal, la demanda tiene puntos sólidos. Las competencias estatales no incluyen política exterior ni clasificación de entidades terroristas extranjeras. Este ámbito, especialmente después del 11S y la reestructuración del sistema de inteligencia, pertenece explícitamente al Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro.

Además, precedentes legales como Boumediene v. Bush o Holder v. Humanitarian Law Project serán esenciales en el litigio por el uso arbitrario de la palabra “terrorista”.

¿Qué significa esto para el futuro político de DeSantis?

Muchos analistas ven este movimiento como parte de su estrategia presidencial. DeSantis ha estado construyendo una narrativa de “duro contra la ideología progresista y la inmigración”, que resuena con ciertos sectores del electorado republicano. La islamofobia parece ser una herramienta de su arsenal político.

Pero también tiene riesgos. Aliarse públicamente con políticas que pueden ser inconstitucionales podría alejar a votantes moderados e independientes, sobre todo en estados bisagra durante elecciones nacionales.

El peligro de normalizar el odio institucional

Ron DeSantis ha cruzado una línea que debería preocupar a cualquier ciudadano estadounidense: usar el poder del Estado para criminalizar una comunidad religiosa. Es un precedente alarmante que, si no se detiene, puede volverse contra cualquier grupo. Hoy es CAIR, pero mañana podría ser cualquier otra organización con opiniones diferentes.

En palabras de Charles Swift:

“Cuando un gobernador puede calificar a una organización religiosa estadounidense como terrorista sin pruebas ni proceso legal, todos deberíamos estar preocupados por la democracia.”

La batalla legal apenas comienza, pero su desenlace tendrá consecuencias que irán mucho más allá del estado de Florida.