Badalona y la crisis migratoria: desalojos, exclusión y el espejo roto del sistema

Una mañana de invierno marcada por el desalojo

El 17 de diciembre de 2025, la ciudad de Badalona, situada a escasos kilómetros de Barcelona, se convirtió en el escenario de un polémico desalojo. Un edificio escolar abandonado, ocupado por cerca de 400 inmigrantes en su mayoría indocumentados, fue desalojado por orden judicial en una operación ejecutada por la policía autonómica de Cataluña. La imagen de agentes antidisturbios flanqueando a personas que cargaban con sus pertenencias bajo el frío invernal ilustra no solo un desalojo, sino una metáfora de una sociedad que no logra ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan.

El edificio, conocido como Escuela B9, llevaba ocupado desde 2023. En él residían migrantes provenientes mayoritariamente de países del África subsahariana, especialmente de Senegal y Gambia, pero también había vecinos de Rumanía. Muchos de ellos subsistían con trabajos informales, como la recolección de chatarra o el comercio ambulante.

Vulnerabilidad sobre vulnerabilidad

La abogada Marta Llonch, que representaba legalmente a los ocupantes, advirtió que el desalojo no solucionaba el problema de raíz: “Muchos dormirán en la calle esta noche. Si no les ofreces un alojamiento alternativo, simplemente los estás empujando a la exclusión y a una situación aún más precaria.”

La orden judicial instaba al ayuntamiento a garantizar el acceso a servicios sociales, pero no obligaba expresamente a proporcionar vivienda a todos los desalojados. Esto ha abierto un debate candente sobre la responsabilidad de los gobiernos locales ante emergencias habitacionales vinculadas a la migración.

El perfil de los ocupantes: trabajadores invisibles

Lejos del estereotipo mediático, muchos de los ocupantes contaban con permisos de residencia y trabajo, aunque el coste de vida les imposibilitaba acceder al mercado inmobiliario. De acuerdo con datos del INE, el precio medio del alquiler en el área metropolitana de Barcelona ha aumentado un 43% en los últimos 5 años, mientras que los salarios apenas se han incrementado un 12% en el mismo período.

La crisis del alquiler en España ha provocado un aumento de ocupaciones ilegales y asentamientos informales incluso desde antes de la pandemia. Según la fundación FOESSA, entre 2018 y 2023, el número de personas viviendo en infraviviendas o sin hogar se ha duplicado, superando las 40.000 personas en Cataluña.

El coste político del conflicto social

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona por el conservador Partido Popular, fue uno de los principales impulsores del desalojo. Con una retórica centrada en el orden y la seguridad, Albiol celebró en redes sociales el inicio del operativo: “Tal y como prometí, comienza el desalojo del ‘okupa’ ilegal más grande que ha tenido nuestra ciudad.”

Albiol ha construido su carrera política con una fuerte postura contra la inmigración irregular. Su narrativa conecta con un electorado preocupado por la inseguridad, el desempleo y la presión sobre los servicios públicos. No obstante, sus críticos le acusan de criminalizar la pobreza, en lugar de ofrecer políticas efectivas de integración e inclusión.

¿Y después del desalojo?

Según información difundida por El País, el Ayuntamiento de Badalona solo ofreció alojamiento temporal a unas 30 personas. La Generalitat, por su parte, ha atendido a otras 60 con servicios sociales regionales, aunque no ha garantizado hospedaje para todos. Cientos de desalojados han tenido que improvisar soluciones: dormir en la calle, en albergues superpoblados o recurrir a conocidos.

La sensación de abandono cunde entre los afectados. Muchos testimonios recogidos por medios locales revelan frustración, miedo y ansiedad: “Nos tratan como escoria, pero trabajamos, contribuimos, sólo queremos un techo”, decía Samba, un senegalés de 29 años que llevaba seis meses viviendo en la escuela ocupada.

Un fenómeno nacional con implicaciones europeas

España, al igual que otros países meridionales como Italia o Grecia, es una de las principales puertas de entrada a Europa para la migración africana. En lo que va de 2025, más de 45.000 personas han llegado a costas españolas por vía marítima, según datos de la Guardia Civil. La mayoría desembarca en Canarias, Andalucía o Cataluña.

Las políticas migratorias nacionales han oscilado entre propuestas garantistas y pragmatismo político. El gobierno progresista de Pedro Sánchez ha reconocido la importancia de la migración regular como motor económico, al tiempo que ha reforzado controles fronterizos y externalización de fronteras con países africanos.

Cuestión de derechos humanos

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha emitido un comunicado condenando el desalojo sin alternativas de alojamiento garantizadas. “Las personas no desaparecen al ser desalojadas. Lo que desaparece es su seguridad básica. Necesitamos una política migratoria centrada en derechos humanos, no en el populismo del miedo”, ha señalado Estrella Galán, secretaria general de la organización.

Numerosos colectivos ciudadanos, como Stop Desahucios, Federación de Okupas Autogestionadas y Migrantes con Derechos han convocado concentraciones en protesta por el desalojo y critican la falta de soluciones estructurales.

Entre el rechazo vecinal y la solidaridad popular

El conflicto en Badalona refleja también un choque social entre parte de los vecinos, que veían el asentamiento como un problema de seguridad, y otros ciudadanos que se han volcado en redes de apoyo a los migrantes. En los últimos días, varias familias del barrio han ofrecido comida, mantas y orientación legal a los desalojados.

La tensión evidencia el vacío institucional que existe entre la política nacional, las competencias municipales y el mosaico real de necesidades humanas que habitan los márgenes de nuestras ciudades.

¿Hacia una nueva política de vivienda e inmigración?

Los desalojos como el de Badalona son el síntoma, pero no la causa. España necesita reformas profundas que conecten las políticas migratorias con el acceso digno a la vivienda. En un país donde hay más de 3,4 millones de viviendas vacías (según el censo de 2021 del INE), los desahucios masivos de migrantes que trabajan y necesitan una oportunidad digna para vivir son una paradoja política y moral.

Este episodio debería servir como catalizador de una revisión sistémica. Desde la mejora del acceso al mercado laboral regular, hasta programas reales de vivienda social, pasando por una descentralización responsable de las competencias migratorias para que cada ciudad cuente con medios adecuados.

El caso de Badalona no es un hecho aislado. Representa, más bien, el espejo roto en el que se refleja el proyecto social europeo. Un espejo que exige reparación, justicia y humanidad.