Democracia vs. Discurso: ¿Protección de derechos o legitimación de terapias dañinas?

Una sentencia reciente del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito en Estados Unidos ha encendido un nuevo fuego en el debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión y los derechos de la comunidad LGBTQ+. La corte bloqueó temporalmente la ley de Michigan que prohibía la terapia de conversión en menores, sosteniendo que esta restricción vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

¿Qué es la terapia de conversión?

La terapia de conversión, también conocida como terapia reparativa, es una práctica pseudocientífica que busca cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, generalmente de homosexual a heterosexual o de transgénero a cisgénero. Desde hace décadas, esta práctica ha sido objeto de severas críticas por parte de la comunidad médica y científica por sus efectos negativos en la salud mental.

• La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) ha declarado que no solo es ineficaz, sino también potencialmente dañina.
• Una investigación publicada en 2020 en la revista JAMA Pediatrics reveló que los jóvenes LGBTQ+ que fueron sometidos a estas prácticas mostraron un doble riesgo de comportamiento suicida.

Un fallo polémico: ¿Libertad de expresión o daño disfrazado?

La sentencia de 2 contra 1 fue respaldada por los jueces Raymond Kethledge y Joan Larsen, quienes argumentaron que la legislación de Michigan “discrimina en función del punto de vista”. En otras palabras, aseguran que la ley prohíbe un tipo de discurso basado en la opinión moral o religiosa del terapeuta, mientras permite otros enfoques, como aquellos que acompañan a una persona en su transición de género.

“La ley de Michigan discrimina en función del punto de vista; permite el discurso sobre un tema específico solo si expresa un punto de vista que el gobierno aprueba”, escribió el juez Kethledge.

Por el contrario, la juez disidente Rachel Bloomekatz argumentó que el tribunal debió haber esperado a que la Corte Suprema de EE. UU. se pronunciase sobre un caso similar en Colorado. También cuestionó el equilibrio legal entre la “libertad de expresión” y los derechos de los menores a no ser objeto de tratamientos potencialmente abusivos.

El contexto legal en EE. UU.

Michigan es solo uno de más de 20 estados que han aprobado legislaciones limitando o prohibiendo la terapia de conversión en menores. Estos esfuerzos están motivados por una creciente preocupación sobre los efectos psicológicos devastadores de estas prácticas, especialmente entre los jóvenes más vulnerables.

En 2023, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer firmó la ley que fue ahora bloqueada, calificando la terapia de conversión como una “práctica horrífica”. Según la legislación, los terapeutas que continuasen realizando estas terapias podrían incluso perder su licencia.

Los defensores de los derechos LGBTQ+ aplaudieron la ley como un paso importante hacia la protección de los jóvenes, mientras que grupos conservadores y religiosos, como Catholic Charities de los condados Jackson, Lenawee y Hillsdale (quienes interpusieron la apelación), lo vieron como una violación a sus libertades religiosas y de expresión.

¿Es la libertad de expresión una carta blanca?

Uno de los puntos más complejos de este caso es el uso de la Primera Enmienda como escudo para prácticas que han sido ampliamente desacreditadas. Si bien la libertad de expresión es uno de los pilares del sistema democrático estadounidense, también es cierto que no es un derecho absoluto. La Corte Suprema ha establecido anteriormente que el Gobierno puede limitar ciertos tipos de expresiones si estos causan daño manifiesto.

Por ejemplo:

• No está permitido divulgar secretos de seguridad nacional aunque se pretenda ejercer libertad de prensa.
• La incitación a la violencia no está protegida por la Primera Enmienda.

La pregunta que nos deja esta sentencia es: ¿la terapia de conversión forma parte de ese “discurso dañino” que merece ser limitado?

Impacto en la comunidad LGBTQ+

Las cifras son elocuentes. Según una encuesta del Trevor Project, una organización líder en la prevención del suicidio juvenil LGBTQ+, el 13% de los jóvenes LGBTQ+ reportaron haber sido sometidos a terapia de conversión. De ellos, más del 60% afirmó haber intentado suicidarse al menos una vez en su vida.

Además, estudios del Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles indican que al menos 700,000 personas en EE. UU. han sido sometidas alguna vez a estas prácticas, muchas de ellas durante su adolescencia.

Los efectos pueden incluir:

• Depresión severa
• Ansiedad y trastornos de estrés postraumático
• Deseo de autolesionarse
• Internalización del odio hacia la propia identidad

Una batalla más grande en la Corte Suprema

La polémica no termina aquí. Actualmente, la Corte Suprema de EE. UU. está considerando un caso similar que podría unificar las legislaciones estatales y crear un precedente federal. Dependiendo del dictamen, muchas de las leyes que prohíben esta práctica podrían ser derrocadas o reforzadas.

Esto convierte al fallo en Michigan en un caso clave a seguir, ya que podría ser referencia futura en un contexto mucho más amplio sobre:

• La legitimidad del control gubernamental sobre prácticas terapéuticas
• La protección legal de los menores frente a creencias personales políticas o religiosas
• El verdadero alcance de la libertad de expresión

Discursos religiosos vs. derechos humanos

Uno de los ejes de este debate gira en torno al rol que juegan las creencias religiosas en la práctica de la terapia de conversión. Para muchas organizaciones como Catholic Charities, este tipo de tratamientos forman parte de su doctrina moral y están motivados por un deseo de “ayudar espiritualmente”.

Sin embargo, para los defensores de los derechos LGBTQ+, este argumento no puede estar por encima de los efectos evidentemente dañinos que estas terapias provocan.

“No se puede usar la fe como excusa para causar trauma, especialmente a los niños”, afirma Sam Brinton, activista no binario y sobreviviente de terapia de conversión.

El llamado a seguir luchando

El fallo ha generado fuertes reacciones en redes sociales, entre líderes de derechos humanos, psicólogos y padres preocupados. Muchos sostienen que si bien la libertad religiosa y de expresión deben respetarse, el daño no puede ser tolerado en nombre de esas libertades.

Organizaciones como GLAAD, Human Rights Campaign y el propio Trevor Project han impulsado campañas impulsando a los estados a proteger a los menores, independientemente del resultado final en los tribunales.

La situación en Michigan refuerza una realidad que encaran las minorías en EE. UU.: su existencia no solo es cuestionada por prejuicios sociales, sino también por una política pública que aún permite zonas grises donde el trauma es legal si se expresa con “libertad”.

Y en un país donde más de un 40% de los jóvenes LGBTQ+ consideran seriamente el suicidio, según Trevor Project, hablar únicamente de libertad legal sin tomar en cuenta la salud emocional y física de estos jóvenes es, simplemente, una forma más sofisticada de abandono institucional.

El futuro legal de la terapia de conversión sigue en disputa. Pero hay algo que no está en discusión: la protección de la niñez debería estar por encima de cualquier doctrina política, religiosa o ideológica.