El costo humano del espectáculo judicial: Protestas, poder y represión en la era Trump

Por décadas, las democracias occidentales han debatido sobre el delicado balance entre seguridad nacional y libertades civiles. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ejecutó con fuerza una estrategia judicial que ha enviado señales alarmantes sobre hasta qué punto el sistema legal federal puede ser moldeado para fines ideológicos.

Este artículo analiza, bajo una mirada crítica, una serie de casos judiciales en los que manifestantes contra las políticas migratorias de Trump fueron acusados, en muchos casos de manera desproporcionada, de delitos graves como agresiones a agentes federales. La mayoría de las veces, los tribunales desmontaron las acusaciones por falta de pruebas, videos contradictorios o menor gravedad de los hechos. Aun así, el daño ya estaba hecho para los acusados: reputaciones destruidas, empleos perdidos y traumas psicológicos permanentes.

Una estrategia judicial para amedrentar

Desde mayo de 2025, el Departamento de Justicia bajo la dirección de Pam Bondi adoptó una postura agresiva contra los manifestantes que protestaban las redadas de ICE, las detenciones masivas y las intervenciones militares internas. Su instrucción fue clara: “acusar con el delito más grave disponible por ley.”

El objetivo no era sólo castigar un presunto delito: era, según exfiscales y expertos legales, desmotivar la protesta mediante el miedo jurídico. Mary McCord, directora del Instituto para la Defensa Constitucional de la Universidad de Georgetown, lo resumió así:

“El gobierno está usando cargos que normalmente ni siquiera se presentarían. No se respeta el derecho de la Primera Enmienda. Se busca desincentivar la protesta.”

Cuando los hechos desmienten la narrativa oficial

En la práctica, los resultados han sido desastrosos para la narrativa de la “tolerancia cero”. De los 100 acusados inicialmente de asalto con agravantes a oficiales federales, el 55% vio sus cargos reducidos a delitos menores o directamente desestimados.

En al menos cinco casos —incluyendo los de Sean Charles Dunn, Katherine Carreño y Sidney Reid— los juicios terminaron en absoluciones unánimes tras pocas horas de deliberación. Videos de cámaras corporales, filmaciones ciudadanas y testimonios revelaron que muchos supuestos “ataques” no eran más que empujones, forcejeos menores o incluso lesiones accidentales durante arrestos imprudentes.

Una de las historias más impactantes fue la de Sidney Reid, trabajadora en un hospital de animales, acusada de agredir a una agente federal durante una protesta. El jurado, al ver las imágenes y escuchar que la agente se había raspado la mano sola contra una pared, tardó menos de dos horas en absolverla. Reid estuvo presa dos días y temió perder su trabajo y vivienda.

“Me rompió el corazón. Este país se supone que es justo, pero no vi nada justo en mi caso ni en muchos otros,” expresó Reid al salir absuelta.

La obsesión con “antifa” que nunca se probó

Una constante de la administración Trump fue relacionar las protestas con grupos radicales, en particular “antifa”. Trump incluso intentó designarlo como “organización terrorista doméstica”. Sin embargo, en las 166 causas investigadas solo en cuatro se menciona la palabra “antifa” y en ninguna el acusado fue formalmente vinculado con esa organización.

Los agentes federales describieron de manera genérica a algunos detenidos como parte del “black bloc”, una táctica de protesta anónima, sin demostrar filiación con ninguna estructura formal. El intento de construir una narrativa de “amenaza terrorista” acabó siendo, en términos judiciales, humo y espejos.

El precio de resistir

Muchos de los acusados ni siquiera llegaron a juicio porque sus casos fueron desestimados antes de eso. Pero incluso sin condena formal, el precio para ellos fue alto. Abogados costosos, días o semanas en la cárcel, empleo perdido y estrés postraumático conforman una realidad silenciosa pero devastadora.

• La mayoría de los delitos originalmente considerados “asalto agravado” no incluían lesiones graves, requisito indispensable para ese tipo de cargos.
• Procuradores redujeron los cargos o abandonaron decenas de casos tras notar que los jurados no avalaban el relato oficial.
• Muchos acusados, como Marimar Martínez, fueron baleados o calificados de “terroristas domésticos” sin pruebas concluyentes. La justicia desestimó su caso posteriormente.

Katherine Carreño y el poder de las imágenes

Carreño, una paralegal de 32 años, fue acusada de agredir dos veces a un agente iniciado un roce con su brazo. Fue arrestada tras negarse a retirarse de la entrada de un edificio federal junto con otros manifestantes en Los Ángeles.

El gobierno redujo los cargos a delito menor y la llevó a juicio. Jurados vieron un video que mostraba cómo el agente la empujaba a ella y no al revés. El veredicto: inocente.

Expertos legales quedaron atónitos de que el Departamento de Justicia optara por llevar a juicio casos tan débiles. Ronald Chapman II, abogado defensor federal, lo dijo sin rodeos:

“Cuando el DOJ decide atacar a alguien, deberían acertar el 99.9% de las veces. Esto es inédito.”

¿Proteger al Estado o silenciar al pueblo?

Las acciones del Departamento de Justicia —y el fracaso repetido en lograr condenas— muestran lo que muchos consideran un intento deliberado de usar la ley como herramienta intimidatoria. No se trata ya de aplicar justicia, sino de enviar un mensaje:

“Si protestas, podrías pasar meses en prisión preventiva, ser llamado terrorista y enfrentar cargos graves, incluso si luego los pierdo. Te arruinaré la vida sin necesidad de una condena.”

Randall Eliason, exfiscal federal, fue claro en su crítica:

“Este patrón muestra que lo que el gobierno busca es enviar un mensaje y desalentar futuras protestas, no castigar crímenes reales.”

La fractura legal como reflejo de un país dividido

En el fondo, estos casos también representan la grieta ideológica de Estados Unidos. Las acusaciones contra manifestantes se produjeron principalmente en ciudades lideradas por demócratas: Washington, D.C., Los Ángeles, Chicago y Portland. Y la intervención federal fue vista con escepticismo por jueces que obligaron a retirar tropas o limitar su accionar por falta de fundamentos legales.

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que ha habido 238 ataques a oficiales de ICE en lo que va del segundo mandato de Trump, comparado con solo 19 en el mismo período del año previo. Sin embargo, se negó a detallar qué define como “ataque” o a entregar un listado público.

Mientras tanto, la administración continúa su discurso de firmeza. “No toleraremos ataques a nuestros oficiales,” dijo la portavoz del Departamento, Natalie Baldassarre. Sin embargo, lo que los jueces han evidenciado es que, en muchos casos, no hubo ningún ataque.

Una política pública rebajada en tribunales

Una cosa es decir frente a una multitud o en redes sociales que los manifestantes son terroristas violentos. Otra muy distinta es probarlo frente a un panel de jurados imparciales, con evidencia creíble y testigos sólidos. Hasta ahora, esta segunda parte no está funcionando para la administración.

Lo que parecía una ofensiva judicial contra un “enemigo interno” terminó siendo una letanía de juicios perdidos, acusados arruinados y fiscales desconcertados. Entre retórica y realidad, el mensaje fue claro: la justicia no puede ser un arma política.

La historia de estas protestas jurídicas es un recordatorio de que los derechos no se pierden de un día para otro, sino audiencia tras audiencia, mientras nos convencemos de que la represión solo pasa “a los otros”.