Justicia a la baja: Así fracasa el sistema legal para las personas pobres en California

Una defensa en nombre de nadie

En el condado de San Benito, California, durante tres años, la justicia fue una farsa para quienes no podían pagarse un abogado. Los defensores asignados a personas acusadas de delitos apenas se comunicaban con ellas y rara vez presentaban mociones para oponerse a la evidencia de la fiscalía. La mayoría de los casos terminaban en acuerdos de culpabilidad —a menudo sin revisión adecuada del caso— con un promedio alarmante: un juicio por jurado cada 1,500 casos abiertos.

Las consecuencias fueron tan graves que hasta el fiscal del condado, Joel Buckingham, alzó la voz. "Los policías deben cometer errores alguna vez", le confesó a un investigador estatal, señalando que los abogados de defensa no impugnaban ni siquiera las pruebas obtenidas de manera ilegal. En promedio, se presentaban solo 10 mociones anuales para suprimir evidencia por violaciones a derechos constitucionales, como arrestos sin causa probable o interrogatorios ilegales.

Un sistema "low cost" que cobra vidas

El responsable de este desastre: el bufete Fitzgerald, Alvarez y Ciummo, también conocido como la firma Ciummo. Pagados por el condado mediante un contrato de tarifa fija —es decir, un monto fijo sin importar la carga de trabajo—, los abogados de este bufete encontraron en el bajo presupuesto una fórmula para lucrar a costa de los más vulnerables.

Este modelo se ha expandido por California de forma preocupante: la mitad de los condados del estado contratan firmas privadas bajo este esquema. Y lo que es más inquietante: siete de los ocho condados con mayores tasas de encarcelamiento operan con contratos de tarifa fija.

¿El resultado? Una justicia de dos velocidades: quienes pueden pagar, acceden a investigación y defensa real. Quienes no, dependen de una firma que mueve casos como quien atiende una caja registradora.

Más que errores: negligencia estructural

El caso del condado de Madera es una muestra clara. Entre 2019 y 2024, la firma Ciummo llevó una proporción de juicios por delitos graves 50% inferior al promedio estatal. En esos mismos años, reportó cargas de trabajo que duplicaban los estándares permisibles, sin contar que muchos abogados también atendían clientes privados.

El problema no se limita a falta de motivación. En San Benito, dos abogados del bufete tuvieron relaciones inapropiadas con clientes, y otro tuvo problemas públicos de adicción. Según un informe de la Oficina Estatal de Defensores Públicos, dos tercios de los encuestados dijeron que hablaron menos de cinco minutos con sus abogados en total. Algunos abogados ni siquiera se registraron en la cárcel para tener llamadas confidenciales con sus clientes.

Incluso el alguacil del condado, Eric Taylor, expresó su alarma: "Si mis oficiales nunca son desafiados en la corte, ¿cómo sabrán cuándo cruzan la línea?"

Una firma... ¿defensora del acusado?

Tal vez el aspecto más revelador de la firma Ciummo es que sus fundadores, como John Barker y Michael Fitzgerald, comenzaron su carrera deseando ser fiscales. Barker, exjefe de Policía en Huron, fue detenido en los 60 por uso excesivo de fuerza. Más tarde fundó esta firma con otro exfiscal despedido de su puesto. Ninguno parecía tener una misión de justicia social. Sus palabras eran claras: "No tengo mucha simpatía por los criminales".

La expansión de la firma se dio gracias a su estrategia: subcotizar a la competencia. En 1994 ofrecieron el servicio de defensa pública en el condado de Placer por la mitad del costo del contratista previo. Su reputación creció como la del "Wal-Mart de la defensa pública". Incluso campañas políticas fueron financiadas por la firma para asegurar contratos, incluyendo candidatos duros con el crimen, como Anne Marie Schubert.

Juicios sin defensa, decisiones sin opciones

El impacto humano es desgarrador. Personas como Rudy Castillo, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, vivieron en carne propia la negligencia. Su abogado fue sustituido tras negarse a aceptar una oferta de culpabilidad apresurada. El nuevo abogado no contrató investigadores, no presentó mociones y no desafió evidencia clave. Años después, un abogado privado logró su liberación gracias a un cambio legal.

Historias como la de Castillo abundan. En Madera, la firma manejaría más de 6,000 casos anuales con solo dos investigadores a tiempo completo, contra una fiscalía con hasta 13 investigadores y apoyo policial. En Amador, solo 9 de más de 2,000 casos usaron a un investigador en 2023-2024.

Un legado traicionado

Lo más doloroso es que esta injusticia tiene rostro histórico. En 1913, Clara Shortridge Foltz impulsó la creación de la primera Defensoría Pública de la nación en Los Ángeles, con la esperanza de brindar defensa a todos, sin importar sus recursos. Hoy, en palabras del profesor Larry Benner, "la justicia está a la venta para el postor más bajo".

En 1984, solo nueve de los 58 condados californianos usaban contratos para su defensa pública. Hoy son 25. Y California continúa como uno de los dos únicos estados que no financia defensa legal en tribunales de primera instancia. Su falta de regulación ha permitido que un modelo que otras partes del país han prohibido prospere aquí.

¿Y la solución?

En 2024, la legislatura estatal consideró una ley para eliminar el modelo de tarifa fija y reemplazarlo por un sistema basado en horas trabajadas o complejidad del caso. Fue bloqueada por senadoras como Anna Caballero, cuyo distrito incluye condados donde trabaja la firma Ciummo. ¿La razón? "Los condados rurales no tienen dinero".

Pero según investigadores como Josh Schwartz, invertir en defensa puede reducir el gasto carcelario. "Los condados gastan entre cuatro y siete veces más en encarcelamiento que en defensa pública. Invertir en abogados defensores puede generar ahorros sustanciales a largo plazo".

El peso de una firma que no se va

A pesar de críticas, la firma se mantiene fuerte en lugares como Madera. Su justificación: "Los fiscales ofrecen tratos favorables, por eso hay pocos juicios", dijo Fitzgerald. Su lema: "Cada caso que necesita investigación, se investiga". Pero documentos y testimonios contradicen eso una y otra vez.

Peor aún, la connivencia política es evidente. Fitzgerald admite que dona dinero a fiscales y candidatos para que "respondan nuestras llamadas". Cuando se le preguntó si eso comprometía su papel, respondió: "Luchamos por nuestros clientes cuando estamos dentro de la corte. Llevarse bien fuera de ella no te compromete".

El sistema puede tener excusas, pero los afectados no tienen segundas oportunidades. Como dijo la investigadora Kristen Reid: "Una vez que sucede lo malo, no hay escapatoria".

¿Justicia solo para quien puede pagarla?

La historia de la firma Ciummo es una radiografía de lo que ocurre cuando se convierte en negocio la obligación moral de defender a quien no puede defenderse. Ya no se trata solo de injusticia individual, sino de un sistema estructuralmente incapaz de proteger derechos humanos básicos.

¿Qué pasaría si los mismos estándares aplicaran a los acusados con recursos? ¿Si los fiscales enfrentaran a defensores bien preparados en cada caso? Quizá —solo quizá— entenderíamos lo que Clara Foltz soñó: una justicia verdadera para todos.