La guerra contra las estafas cibernéticas en Myanmar: ¿Represión real o teatro político?

Un campo de batalla poco visible

En octubre de 2025, el gobierno militar de Myanmar anunció con bombos y platillos un operativo que pretendía marcar un antes y un después en la lucha contra una de las industrias criminales más lucrativas del mundo: los centros de estafas cibernéticas. El blanco fue KK Park, un extenso complejo en la frontera con Tailandia, símbolo del auge de estas mafias que trafican y esclavizan a miles de personas para operar estafas digitales a escala internacional.

El operativo incluía bombardeos, allanamientos y la supuesta demolición de más de 400 edificios. Las imágenes divulgadas por la televisión estatal mostraban soldados posando con equipos confiscados y escombros humeantes. Según el régimen, se trataba de una ofensiva bajo una nueva política de "cero tolerancia" frente a las estafas digitales. ¿Pero estábamos realmente ante un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado digital o solo ante una campaña de propaganda con fines políticos?

Los datos no mienten: ¿demolición o reconstrucción?

El Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), con sede en Londres, realizó un análisis visual satelital de KK Park. Descubrieron que, del total de estructuras que supuestamente fueron destruidas, solo 31 fueron completamente arrasadas, mientras que al menos 78 estaban parcialmente dañadas. El investigador Guy Fusfus, del proyecto Myanmar Witness del CIR, declaró: “Podría haber una intención de reconstruir y reutilizar estos edificios”.

Este aparente teatro de destrucción se enmarca en un contexto altamente sensible: elecciones nacionales próximas, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional, y una creciente presión de potencias como EE. UU. y China. La pregunta que flota en el aire es si esta represión forma parte de una estrategia para apaciguar a potencias extranjeras sin interrumpir el negocio subyacente que genera miles de millones.

Un negocio multimillonario a costa de víctimas humanas

Según el FBI, en 2024 las estafas en línea costaron más de 16.000 millones de dólares solo a ciudadanos estadounidenses. Myanmar se ha convertido en uno de los principales centros de operaciones para este tipo de crímenes. Los criminales usan una combinación de promesas falsas de empleo, secuestros y tráfico de personas para nutrir a los centros de operadores, muchos de los cuales son víctimas que no tienen posibilidad de escapar sin pagar infames rescates.

Los trabajadores de KK Park, muchos de origen extranjero, son forzados a operar con guiones preestablecidos para engañar a víctimas principalmente en EE. UU., Europa y el Sudeste Asiático, involucrando desde fingidas relaciones amorosas hasta falsas oportunidades de inversión en criptomonedas.

“Vaciar KK Park no vacía la industria”

Con la aparente destrucción de KK Park, el Estado anunció que se había erradicado uno de los centros neurálgicos del comercio fraudulento en línea. Sin embargo, los datos satelitales y los testimonios de trabajadores revelan otra realidad: más de 200 trabajadores de KK Park fueron reubicados a otros complejos criminales como Apollo o Hengsheng Park 4. De hecho, una trabajadora filipina reveló que su empresa fue transferida al complejo Huanya con todo y sus equipos para volver a operar cuanto antes.

Telegram y otras redes como WhatsApp están inundadas de anuncios donde se buscan operadores que hablen inglés para estafas dirigidas a estadounidenses y europeos. Algunos anuncios incluso ofrecen vuelos directos desde Yangón a Phnom Penh (Camboya), o transporte seguro por tierra para los que no tienen documentación.

Starlink: ¿la red del crimen?

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el uso de Starlink, el sistema de internet satelital de SpaceX, en muchos de estos centros. Aunque la empresa de Elon Musk anunció el corte del servicio a más de 2.500 terminales en Myanmar, el acceso a internet por Starlink aún sigue activo en varios complejos, como Deko Park y Hengsheng Park 4, según trabajadores atrapados allí.

Conectados a través de Starlink, estos centros escapan a los controles tradicionales de los gobiernos vecinos, fortaleciendo su resiliencia frente a cortes de electricidad o internet por parte de Tailandia o la propia junta militar.

Una industria en expansión con apoyo de actores armados

Los centros de estafas operan con la complicidad o protección activa de milicias armadas afiliadas al gobierno. En el caso de KK Park, la protección venía por parte de la Karen Border Guard Force, un grupo étnico armado aliando de la junta militar. Esto sugiere que los mismos actores gubernamentales que organizaban las demoliciones, podrían haber estado lucrando con estas redes criminales.

De los 21 complejos monitoreados en el municipio de Myawaddy, 14 mostraron señales de expansión o nueva edificación desde enero de 2025. Incluso, algunos ya cuentan con paneles solares, lo que indica una estrategia de autosuficiencia frente a futuras represalias externas.

¿Una alternativa real?

No todos los operativos contra estos complejos han sido teatro. En noviembre de 2025, las fuerzas del Karen National Union (KNU), opositoras al régimen militar, capturaron un complejo llamado Shunda Park. En lugar de destruir evidencia, entregaron más de 600 teléfonos celulares, PCs y tarjetas bancarias a las autoridades tailandesas. Este operativo fue calificado por expertos como un verdadero intento de desmantelar las redes desde adentro.

“Esto sí parece una verdadera ofensiva contra el crimen”, dijo Jason Tower, analista de Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Las víctimas siguen esperando

Mientras el Estado celebra sus campañas de demolición en la prensa local, miles de extranjeros siguen atrapados en centros de estafas. Según declaraciones de militares tailandeses, apenas 1.500 personas han cruzado oficialmente la frontera desde la redada en KK Park. El número total de trabajadores atrapados podría superar los 10.000.

Un joven africano, al que se le identificaron hematomas severos en sus piernas tras golpizas documentadas en fotos, suplicaba por ayuda en mensajes de texto: “¿Hay alguna noticia nueva? Realmente quiero salir de aquí”.

Otro trabajador declaró bajo anonimato que los jefes de su empresa, de nacionalidad china, planeaban trasladar las operaciones a Camboya. Esta movilidad de las células criminales muestra su resiliencia y capacidad de adaptación, lo que convierte la guerra contra el fraude digital en una tarea cada vez más compleja.

¿Cuál es la salida?

“Podrás destruir edificios, pero si no arrestas a los líderes de los sindicatos detrás de esto, si no confiscas sus riquezas y los pones en la cárcel, no es una verdadera ofensiva”, sentenció Jay Kritiya, coordinador de la Red Civil para la Asistencia a Víctimas de Trata Humana.

La situación en Myanmar representa un microcosmos de la batalla global contra el crimen digital internacional. Mientras existan estructuras políticas corruptas, complicidad de actores armados y plataformas tecnológicas sin filtros suficientes como Starlink, la lucha será cuesta arriba.

Por ahora, los ladrillos caerán y la propaganda oficial dirá que se está “limpiando el país de crimen”. Pero los datos y los testimonios de las víctimas narran otra historia: la industria de las estafas sigue tan viva como siempre, solo que en otra dirección del mapa.