Una nación en pie de guerra: El Congreso de EE.UU. aprueba una ley de defensa que revela fracturas geopolíticas y tensiones internas

Un presupuesto histórico con implicaciones estratégicas

Con un volumen sin precedentes de $901 mil millones de dólares, el Congreso de los Estados Unidos se apresta a aprobar una de las legislaciones de política militar más complejas y polémicas en años. La National Defense Authorization Act (NDAA) para 2025 no solo incrementa el salario de las tropas un 3.8%, sino que consolida la visión del presidente Donald Trump de una política de defensa menos centrada en Europa y más focalizada en América Latina y la frontera sur con México.

Un nuevo enfoque geoestratégico: menos Europa, más América Latina

Uno de los cambios más notables del documento de más de 3,000 páginas es el giro explícito en política exterior y militar: se requiere mantener la presencia militar estadounidense en Europa, pero al mismo tiempo se incrementa la presión sobre operaciones en aguas internacionales cerca de Venezuela y se otorgan poderes de emergencia en la frontera con México.

El senador John Thune fue claro: “Es una inversión necesaria para garantizar que, en un mundo peligroso, estamos preparados para defender los intereses de Estados Unidos”. Pero esa inversión parece cambiar de dirección. Un ejemplo emblemático es la exigencia legislativa de proporcionar videos sin editar de ataques militares contra presuntas lanchas de narcotráfico en el mar Caribe—acciones que muchos congresistas dijeron que no fueron informadas previamente.

Transparencia obligatoria: el Congreso exige pruebas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue obligado a comparecer ante el Capitolio para explicar las recientes operaciones militares, muchas de las cuales no estaban bajo el pleno conocimiento del Congreso. En particular, el ataque del 2 de septiembre, donde un segundo bombardeo (conocido como "double-tap") mató a sobrevivientes de un intento inicial, desató tantas sospechas que el Congreso ha amenazado con retener el 25% del presupuesto de viajes de Hegseth hasta que proporcione los videos y órdenes originales.

Retroceso en diversidad y cambio climático

La ley también codifica muchas de las órdenes ejecutivas de Trump destinadas a desaparecer programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito militar. Oficinas dedicadas a la diversidad serán eliminadas, incluyendo la figura del Chief Diversity Officer. Según el Comité de Servicios Armados de la Cámara, estas medidas ahorrarán $40 millones.

Además, se eliminan programas relacionados al cambio climático por un valor de $1.600 millones. Aunque en años anteriores el Pentágono identificó al cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional –recordando cómo huracanes han destruido bases en zonas como Florida y Puerto Rico– la nueva legislación da un giro en sentido contrario.

La guerra legislativa dentro del Congreso

El proyecto de ley, a pesar de su apoyo bipartidista, ha encontrado resistencias internas, especialmente en el Comité de Comercio del Senado. Lo más controversial ha sido una cláusula que permite a aeronaves militares operar sin compartir su ubicación exacta. Esto, tras el accidente fatal del 29 de enero donde 67 personas murieron luego de que un helicóptero del Ejército colisionara con un avión comercial en Washington D.C. El senador Ted Cruz denunció: “Esta excepción especial es exactamente lo que causó el accidente de enero”.

Cruz propondrá pronto una legislación que obligue a que todos los aviones militares utilicen tecnología de coordinación con tráfico aéreo comercial, un tema que muchos consideran clave para evitar futuras tragedias.

La sombra de Venezuela y la intensificación en América Latina

Con la mirada puesta en el Caribe y Venezuela, el Senado recibe con cautela reportes clasificados y demandas de vídeos sobre operaciones militares. La figura de Frank “Mitch” Bradley, almirante responsable del ataque doble del 2 de septiembre, también está bajo evaluación intensa. La falta de información ha generado críticas particulares del ala demócrata. Según varios reportes, el ataque no estaba justificado tácticamente y fue más un gesto simbólico en la “guerra contra el narcotráfico”.

¿Pero se trata realmente de narcotraficantes? Varios demócratas advierten que, sin pruebas, estas operaciones podrían estar violando tratados internacionales. “Actuar sin evidencia y en aguas internacionales podría desatar conflictos diplomáticos con países vecinos”, advirtió el senador Tim Kaine.

Ucrania, retirada de tropas y el juego geopolítico en Europa

Mientras Estados Unidos gira su atención al sur del hemisferio, la legislación exige mantener unos 76,000 soldados en Europa, principalmente en Alemania, Polonia e Italia. Además, se asignan $400 millones anuales por dos años para fabricar armamento destinado a Ucrania, en un intento por mantener la ayuda militar sin intervención directa.

A pesar del apoyo generalizado para esta ayuda, el Congreso exige que cualquier intento del Ejecutivo por reducir tropas o cancelar programas de inteligencia en Europa o Asia esté sujeto a revisión. Lo mismo se aplica a Corea del Sur, que deberá mantener su contingente americano en 28,500 soldados.

Fin de una era: derogación de autorizaciones de guerra

En un movimiento que muchos consideran histórico, la NDAA incluye la derogación de dos autorizaciones de guerra significativas: la de 1991 que sustentó la operación Tormenta del Desierto y, más simbólicamente, la de 2003, que dio pie a la invasión de Irak. Hoy, Irak es considerado un socio estratégico, por lo que mantener vigente esa autorización representaba una amenaza latente para abusos futuros, según explicaron legisladores como el senador Rand Paul.

Levantamiento de sanciones a Siria: ¿reconstrucción o premio a un régimen?

Otro tema polémico ha sido la inclusión de una cláusula que levanta las sanciones a Siria. Así como la Administración Trump había flexibilizado ciertas sanciones durante la transición de poder tras la caída de Bashar al-Asad, el Congreso da un paso más: promueve el levantamiento permanente de sanciones, con el objetivo de fomentar la reconstrucción económica y alentar avances democráticos.

Pero esta medida también ha suscitado críticas, especialmente entre legisladores que consideran inmaduro dar concesiones sin garantías concretas del establecimiento de un sistema pluralista.

El poder presidencial y la Guardia Nacional: una disputa legal en curso

Paralelamente, una corte federal de apelaciones falló a favor de mantener la presencia de la Guardia Nacional en Washington D.C. La disputa se centra en si el presidente puede controlar unilateralmente los destacamentos en el distrito federal. Según el tribunal, Trump tiene “una autoridad única” para proteger funciones federales en Washington.

Esta resolución no es definitiva, pero establece las bases para una batalla legal larga y con potencial impacto en la estructura federal del país. Refuerza además la idea de una presidencia con más poder sobre las fuerzas de seguridad, algo que genera preocupación en sectores demócratas y activistas de derechos civiles.

Una ley que sella el legado de Trump en defensa

Al final, esta masiva ley de defensa deja al descubierto el nuevo rostro militar y geopolítico de Estados Unidos. Refuerza la autoridad presidencial, disminuye las políticas progresistas internas del Pentágono, se aleja del multilateralismo europeo y fija su mirada en América Latina como nuevo campo de batalla contra el crimen organizado.

El Congreso, aunque ha ganado herramientas de supervisión, parece en líneas generales respaldar esta transformación. El costo político y económico será evaluado en años por venir, pero el legado para la administración Trump y su mirada del mundo queda firmemente escrito en esta legislación.

Fuentes

• Resumen del National Defense Authorization Act 2025 - Comité de Servicios Armados del Senado
• Declaraciones del Senador John Thune y Senador Ted Cruz - Conferencias de prensa del Senado
• Reportes de medios como Reuters y The New York Times