Brasil, golpes y destierros: la caída del bolsonarismo en el Congreso

Un capítulo más en la debacle del bolsonarismo

La política brasileña vive días agitados. La decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, de remover a dos figuras clave del entorno de Jair Bolsonaro, marca un punto álgido en el progresivo colapso del proyecto bolsonarista. En un movimiento simbólicamente contundente, Eduardo Bolsonaro —hijo del expresidente— y Alexandre Ramagem —exjefe de inteligencia— fueron destituidos de sus cargos legislativos. Las razones: ausentismo extremo en el primer caso y orden judicial en el segundo.

¿Quiénes son los políticos destituidos?

Eduardo Bolsonaro, de 41 años, ha sido una de las piezas más visibles del bolsonarismo. Diputado federal desde 2015, ha cultivado un perfil internacional, especialmente con la derecha estadounidense, y es conocido por su cercanía con figuras como Steve Bannon y Donald Trump. Desde febrero se encuentra en Texas, alegando persecución política.

Según registros oficiales, Eduardo ha estado ausente en más del 80% de las sesiones de 2024, lo cual viola el reglamento de la Cámara. Hugo Motta fue tajante al respecto: “Como todos saben, vive en el extranjero por decisión propia. No ha asistido a las sesiones y es imposible ejercer el mandato de diputado estando fuera del país”.

Por su parte, Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante el mandato de Bolsonaro, huyó recientemente a Estados Unidos para evitar cumplir una condena de 16 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo. Su destitución responde directamente a esa sentencia.

La sombra del intento de golpe

Los dos políticos están directa o indirectamente vinculados con el caso más grave que enfrenta Jair Bolsonaro: el intento de golpe de Estado por el cual fue condenado a 27 años de cárcel en noviembre pasado. La investigación reveló una red de funcionarios, militares y aliados civiles que habrían conspirado para desconocer el resultado electoral de 2022 y retener el poder por medios ilegales.

Eduardo Bolsonaro está acusado de obstrucción a la justicia por supuestos intentos de manipular el proceso a favor de su padre. La Fiscalía lo señala de haber intentado amenazar o coaccionar testigos y autoridades del caso. Si regresa a Brasil, podría enfrentar entre 1 y 4 años de prisión.

La guerra judicial contra el bolsonarismo

Desde 2023, la Corte Suprema ha intensificado la ofensiva legal contra aliados de Bolsonaro. Más de una veintena de figuras cercanas al expresidente se han visto obligadas a declarar, renunciar o incluso huir del país. Entre los más destacados:

• Anderson Torres (exministro de Justicia), arrestado a inicios de 2024 por facilitar disturbios en Brasilia
• General Braga Netto (exministro de Defensa), investigado por presunta planificación de operaciones militares inconstitucionales
• Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), llamado a testificar por financiamiento espurio de protestas golpistas

Bolsonaro, quien se encuentra detenido, ha calificado su proceso como una «persecución política» y ha buscado apoyo internacional. En paralelo, algunos de sus aliados intentan influir desde el exterior.

La conexión estadounidense: Texas, Trump y complots

Texas se ha convertido en un centro de operaciones del bolsonarismo en el exilio. Allí se encuentra Eduardo Bolsonaro, quien ha sostenido reuniones con actores de la derecha estadounidense, incluyendo miembros del entorno de Donald Trump.

En julio, Eduardo afirmó haber influido en la decisión de Trump de imponer un 50% de arancel a productos brasileños. Aunque la medida fue revertida posteriormente —cuando Trump y Lula da Silva reanudaron conversaciones bilaterales—, sirvió como mensaje geopolítico. El exmandatario estadounidense ha manifestado que el caso contra Bolsonaro es una “caza de brujas”, acusaciones que replican las que él mismo enfrenta en su país.

Esto ha generado tensiones diplomáticas. En círculos académicos se ha mencionado la posibilidad de que la administración Lula solicite la extradición de Ramagem, aunque fuentes del Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) consideran que Estados Unidos podría retrasar el proceso.

¿Qué le espera a la derecha brasileña?

La remoción de Eduardo Bolsonaro y de Alexandre Ramagem no es sólo un golpe simbólico; representa un avance del Estado brasileño en su intento de reconstruir una institucionalidad debilitada. Pero el bolsonarismo no ha desaparecido del escenario político.

Según una encuesta de Datafolha publicada en diciembre del año pasado, una base dura del 25% del electorado sigue identificándose con Bolsonaro. Además, el Partido Liberal (PL), su agrupación política, mantiene una importante representación en el Congreso, con 99 diputados.

No obstante, la facción se encuentra debilitada:

• Alianzas rotas con sectores centristas
• Creciente aislamiento internacional
• Derrotas judiciales que disuaden futuros respaldos empresariales

Incluso dentro del PL crecen los sectores que buscan desvincularse de los excesos del “bolsonarismo duro” y apostar a una derecha más moderada.

El protagonismo de la Corte y la apuesta por la estabilidad

En el último año, la Corte Suprema ha operado como un bastión de contención democrática en medio del caos. Luis Roberto Barroso, presidente del Tribunal Supremo, ha sido categórico: “Lo que pasó el 8 de enero de 2023 no puede volver a ocurrir”. Esa fecha, cuando simpatizantes radicales de Bolsonaro tomaron por la fuerza los tres poderes del Estado en Brasília, sigue siendo un trauma latente en la memoria brasileña.

Aquellos sucesos propiciaron un cierre de filas institucional que, hasta hoy, se mantiene. La Presidencia de Lula ha sido enfática en que no usará el aparato estatal para venganza, pero tampoco tolerará impunidad.

Un país polarizado, pero en reconfiguración

Brasil atraviesa un proceso de lenta recomposición democrática. El ataque frontal a sus instituciones por parte de sectores de la ultraderecha ha dejado grietas, pero también ha fortalecido el debate público, el poder judicial y los mecanismos de control republicano.

El futuro político de figuras como Eduardo Bolsonaro y Ramagem depende ahora de la capacidad de la justicia para sortear presiones y aplicar las sanciones correspondientes. Pero, sobre todo, del electorado brasileño, que deberá decidir si sigue respaldando a quienes intentaron forzar un retorno autoritario o si apuesta por instituciones sólidas y una democracia resiliente.