Crisis en las cárceles de Nevada: cuando la escasez de personal pone en riesgo derechos humanos

Un sistema al borde del colapso

El sistema penitenciario del estado de Nevada se enfrenta hoy a una de sus peores crisis en décadas: la falta crítica de personal de custodia y supervisión. Un estudio externo realizado por Corrections Consulting Services durante 2024 destapó una situación preocupante donde la seguridad de trabajadores y reclusos está comprometida, las condiciones en las cárceles se deterioran rápidamente y el costo en horas extra consume los recursos públicos a un ritmo vertiginoso.

La tasa de vacantes en el Departamento de Correcciones de Nevada (NDOC, por sus siglas en inglés) se sitúa actualmente en un 18.8%, una mejora con respecto al pico del 33% en 2023, pero todavía lejos de lo aceptable. El informe concluye que sería necesario contratar unos 800 nuevos empleados para estabilizar la operación, lo que implicaría un gasto adicional de decenas de millones de dólares anuales, una medida que requeriría revisión y aprobación legislativa.

Cifras que no se pueden ocultar

• Vacantes actuales en NDOC: 18.8%
• Pico de vacantes en 2023: 33%
• Presupuesto sobrepasado por horas extra: 53 millones de dólares
• Plazo de espera para quejas de prisioneros: hasta 6 años

Según el informe, las condiciones de carencia ya afectan directamente al funcionamiento cotidiano de las prisiones: acceso limitado a duchas, programas educativos cancelados, llamadas telefónicas restringidas y, lo más grave, falta de personal para atender emergencias médicas o prevenir situaciones de abuso.

Idoneidad cuestionada y derechos en riesgo

La gravedad de la situación es tal que el informe señala posibles violaciones a la Prison Rape Elimination Act (PREA), una ley federal que impone estándares para prevenir agresiones sexuales dentro del sistema penitenciario. De las 14 instalaciones analizadas en el estudio, nueve carecen de un oficial dedicado exclusivamente a garantizar esta normativa, como lo exige la legislación.

Además, los presos enfrentan una inercia institucional que los limita a ejercer su derecho al debido proceso. El informe documenta que las quejas o “grievances” escritas por internos tardan hasta seis años en ser evaluadas, sabiendo que los plazos razonables exigen resolverse dentro de 90 días, dependiendo del caso.

“El proceso de reclamación es un derecho constitucional. Es vital para el equilibrio de poder y para asegurar que las condiciones dentro de las prisiones sean humanas.” – Jodi Hocking, directora de Return Strong.

Entrenamientos deficientes, supervisión mínima

La falta de supervisores durante el turno nocturno representa otro peligro latente. El estudio describe la ausencia de sargentos en horarios críticos, lo que deja la gestión en manos de oficiales menos experimentados sin la guía adecuada. Esta ausencia pone en riesgo tanto la aplicación correcta de procedimientos como la salud mental de los trabajadores del turno nocturno.

Peor aún es el caso de la Prisión Estatal de Ely, una instalación con 1,200 internos y apenas un profesional de salud mental asignado. Esto viola el estándar sugerido de un especialista por cada 150-160 internos, y dificulta la reinserción efectiva de los reclusos.

¿Es viable la solución?

Frente a estos datos, el análisis recomienda una serie de medidas de corto y largo plazo:

• Implementación de turnos de 12 horas en todas las instalaciones.
• Creación obligatoria de fines de semana de descanso para los oficiales.
• Auditoría interna de la NDOC para detectar ineficiencias estructurales.
• Adicionar hasta 800 puestos de trabajo para cumplir estándares mínimos de operación.

No obstante, la incredulidad domina entre los propios empleados del sistema penitenciario. Paul Lunkwitz, presidente de la Fraternal Order of Police Nevada C.O. Lodge 21, afirma que las recomendaciones probablemente caerán en saco roto:

“El hecho de que estén contratando otra consultoría dice mucho. No escucharon lo que querían escuchar.” – Paul Lunkwitz

Peleas políticas e indiferencia ejecutiva

En paralelo, legisladores y funcionarios del estado también se mostraron divididos respecto al camino por seguir. La asambleísta Rochelle Nguyen criticó que el Ejecutivo no priorizara los hallazgos salidos del Periodo Legislativo 2023, que podrían haber agilizado el rediseño institucional.

Por su parte, el director de NDOC, James Dzurenda, sostuvo durante una audiencia legislativa que los resultados se incorporarán en un plan de seis años, pero no ha concedido entrevistas para ampliar estos detalles. Además, la Oficina del Gobernador no ha emitido comentarios públicos sobre el informe.

Un círculo vicioso prolongado

Durante los últimos tres periodos legislativos, la causa de la crisis ha sido la misma: competencia con cuerpos policiales urbanos, sueldos poco atractivos en regiones remotas del estado y baja moral laboral. El NDOC autorizó un nuevo estudio enfocado especialmente en la Prisión Estatal High Desert, mientras varios expertos denuncian que eso solo postergará medidas urgentes.

¿Qué está en juego realmente?

No se trata únicamente de condiciones laborales o presupuestos sobregirados. El sistema penitenciario debería ser, en teoría, un espacio orientado tanto a la protección de la sociedad como a la reeducación del recluso. Pero los datos nos muestran algo diferente: personas privadas de libertad sin acceso regular a educación, salud o protección jurídica, y oficiales de corrección que trabajan en condiciones que rozan el agotamiento físico y psicológico.

En su informe, Corrections Consulting Services lo resume con claridad:

“Tener acceso a llamadas telefónicas, recreación, atención médica y educación no es un lujo, es el mínimo para un sistema penitenciario efectivo y humano.”

Y mientras tanto, los problemas continúan multiplicándose.