El ocaso autoritario de Yoon Suk Yeol: cómo Corea del Sur defendió su democracia

SEÚL, Corea del Sur — A casi un año de una de las crisis políticas más graves en la historia reciente de Corea del Sur, el país asiático se encuentra recomponiendo su tejido institucional tras el fallido intento autoritario del expresidente Yoon Suk Yeol. En un fallo sin precedentes, el Tribunal Constitucional no solo ratificó la destitución del presidente, sino también la remoción de su brazo ejecutor: el jefe de la Policía Nacional, Cho Ji-ho.

Un otoño bajo ley marcial

El 3 de diciembre de 2024 se convirtió en una fecha negra para la democracia coreana. Ese día, Yoon Suk Yeol declaró ley marcial, argumentando la existencia de una supuesta amenaza "antiestado" proveniente de la oposición liberal que dominaba la Asamblea Nacional. Esta acción fue percibida tanto dentro como fuera del país como un autogolpe institucional, similar a eventos como el Fujimorazo en Perú (1992) o la suspensión del Congreso en Venezuela bajo Nicolás Maduro (2017).

Inmediatamente, fuerzas militares y cerca de 300 policías liderados por Cho Ji-ho rodearon el recinto legislativo. Se buscó impedir físicamente el ingreso de legisladores al Parlamento, frustrando así un intento de votación para revocar el decreto.

La resistencia democrática: políticos trepando vallas

Sin embargo, la resistencia civil y política no tardó en reflejarse. Varios diputados, incluido el actual presidente Lee Jae Myung, treparon las rejas del edificio legislativo para poder entrar y lograr el quórum necesario. Esa misma noche, la Asamblea Nacional votó de manera unánime para anular la ley marcial, en un acto que se convertiría en símbolo de resistencia democrática.

“No había precedentes modernos en Corea del Sur de legisladores entrando por la fuerza a su propia sede de trabajo para proteger la democracia”, escribió el profesor de derecho constitucional Park Hwan-ho en el diario Hankyoreh.

Cho Ji-ho: de la cima del mando policial a la caída judicial

El papel de Cho Ji-ho fue central. Según el dictamen del Tribunal Constitucional publicado el 18 de diciembre de 2025, Cho “interrumpió activamente” el trabajo legislativo al alinear a la policía con los objetivos del ejecutivo de cerrar el Congreso temporalmente y neutralizar instituciones clave como la Comisión Nacional Electoral (NEC, por sus siglas en inglés).

El veredicto fue tajante: “El encausado actuó a sabiendas de que las órdenes eran inconstitucionales e ilegítimas”. El fallo aclara que Cho y el entonces jefe de policía metropolitana fueron convocados a una reunión en una ‘casa segura’ horas previas al decreto. Allí, Yoon, junto a su ministro de Defensa, elaboró el operativo represivo en virtud del artículo 77 de la Constitución, diseñado originalmente para emergencias bélicas, no disensos políticos.

Cho fue arrestado una semana después y obtuvo fianza a inicios de 2025 por razones de salud (padece cáncer), pero continúa enjuiciado por cargos de colaborar en rebelión, pena que en Corea del Sur puede llegar a la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Un presidente depuesto y entre rejas

El desenlace político para Yoon fue igual de significativo. Tras la revocatoria legislativa, fue impeachmentado formalmente el 28 de diciembre. Su suspensión quedó efectiva hasta que el Tribunal Constitucional ratificó su destitución en abril de 2025. Actualmente, Yoon se encuentra encarcelado y enfrentando numerosos cargos penales, incluido el más serio: traición a la patria.

El caso recuerda a otras destituciones presidenciales notables en el país, como la de Park Geun-hye en 2017, aunque esta última por corrupción, no por motivos autoritarios.

Repercusiones institucionales y sociales

No es exagerado afirmar que Corea del Sur enfrentó una prueba de fuego institucional en 2024 y 2025. El poder judicial, en particular el Tribunal Constitucional y las cortes penales, han jugado un rol clave en contener y sancionar el autoritarismo. Más aún, las fuerzas armadas mostraron fisuras internas: mientras parte de las tropas cumplieron las órdenes del expresidente, otras alertaron a congresistas y medios de lo que ocurría en secreto.

La sociedad civil también fue clave. Cientos de ciudadanos se congregaron frente a la sede parlamentaria y en plazas públicas exigiendo respeto al orden constitucional. Las redes sociales, sobre todo YouTube y Naver TV, fueron instrumentos vitales en la difusión de lo ocurrido.

Yoon, una figura destinada al ocaso

Yoon, fiscal de carrera y autodeclarado continuador del legado conservador, llegó al poder en 2022 con un estrecho margen electoral. Desde su llegada, sus políticas enfocadas en seguridad y orden público generaron simpatías, pero también fuertes críticas. El viraje autoritario de fines de 2024 demostró que su retórica de firmeza ocultaba impulsos autocráticos.

Al respecto, la analista política Kim Ae-ran señala: “Yoon quiso ejecutar una purga política antes del cierre del ciclo parlamentario de 2025. Su error fue no comprender que la legitimidad democrática en Corea del Sur ya está demasiado enraizada como para tolerar aventuras golpistas”.

El futuro de la institucionalidad coreana

La lección que deja este capítulo para Corea del Sur —y en general para otras democracias amenazadas— es que los contrapesos institucionales y la movilización ciudadana no son meros formalismos, sino el corazón del sistema democrático.

Hoy, el país vive una etapa de recuperación. El nuevo gobierno dirigido por Lee Jae Myung ha prometido cambios legales para evitar la militarización del poder civil en el futuro, incluyendo una reforma a los artículos de ley marcial en la Constitución.

Además, se abrió una investigación especial parlamentaria para revisar la cadena de mando y esclarecer más responsabilidades. Esto podría alcanzar a otros altos funcionarios y militares que colaboraron con el decreto ilegal.

En el plano internacional, Corea del Sur recibió elogios de organismos como la ONU y Amnistía Internacional por su resolución legal de la crisis y su apuesta clara por el estado de derecho. En palabras del secretario general de la ONU, durante una sesión temática de derechos humanos: “El caso surcoreano demuestra que aún existen democracias capaces de defenderse a sí mismas con mecanismos legítimos”.

¿Una advertencia para otras democracias?

Lo ocurrido en Seúl puede ser una lección para contextos actuales o futuros marcados por líderes populistas o autocráticos. La defensa democrática no depende de una sola figura heroica, sino de una ciudadanía activa y una red de instituciones que funcionen, incluso en momentos de crisis.

Sólo el tiempo dirá si Corea del Sur logró quedarse con las cicatrices de este episodio o si transformará este intento de asalto a la democracia en una reforma estructural profunda. Lo cierto es que el país logró enfrentar su noche más oscura con dignidad institucional y coraje cívico.