Florida y la pena de muerte: el oscuro retorno de los veredictos no unánimes

El precedente judicial que cambió la historia (otra vez)

El 2023 marcó un giro fundamental en la historia penal estadounidense. La Corte Suprema de Florida decidió revivir un sistema que en muchos otros estados ya parecía extinto: la posibilidad de imponer la pena de muerte sin la unanimidad del jurado. El nuevo estándar, aprobado por ley estatal, permite que una mayoría de solo 8 jurados contra 4 recomienden una sentencia de muerte. Esto posiciona a Florida con el umbral más bajo del país, incluso por debajo del de Alabama, que requiere una proporción de 10-2.

Este fallo fue una respuesta directa a un hecho cargado de opinión pública: el veredicto en el caso del school shooter de Parkland, que evitó la pena capital pese a asesinar a 17 personas. La ola de críticas impulsó a legisladores y al gobernador Ron DeSantis a modificar la legislación previa.

Un camino lleno de vaivenes

Para entender este regreso al pasado, hay que repasar las últimas décadas del sistema de pena capital en Florida:

• Antes de 2016: Florida no exigía unanimidad. Un simple voto mayoritario del jurado bastaba para que el juez impusiera la pena de muerte.
• 2016: La Corte Suprema de EE. UU. declaró inconstitucional el sistema, alegando que otorgaba demasiado poder al juez por sobre el jurado.
• 2017: Florida estableció que las sentencias debían basarse en una recomendación unánime del jurado.
• 2020: La Corte Suprema estatal, reconfigurada mayormente con jueces nombrados por DeSantis, revocó el requisito de unanimidad.
• 2023: Entra en vigor una ley que oficializa el nuevo umbral mínimo de 8-4.

Este zigzagueo legislativo y judicial ha generado confusión y críticas en igual medida, tanto en el ámbito jurídico como en la sociedad civil.

Las voces a favor de la pena capital no unánime

Los defensores de la ley alegan que es necesaria para aplicar justicia en casos extremos. Según el gobernador DeSantis:

“Un solo jurado no debería tener el poder de vetar la justicia cuando 11 personas están convencidas de que alguien merece la pena de muerte.”

También sostienen que la unanimidad otorga demasiado peso a una única persona, lo que puede derivar en jurados reacios o comprensivos bloqueando el dictamen mayoritario.

El peligro de erosionar las garantías constitucionales

Desde el otro lado del debate, organizaciones como el Death Penalty Information Center han encendido las alarmas. Según su director ejecutivo, Robert Dunham:

“Florida está reduciendo los estándares de justicia cuando el resto del país avanza hacia mayores garantías.”

No solo se cuestiona el nuevo estándar 8-4, sino también la expansión reciente de crímenes susceptibles a la pena capital, como aquellos que involucran violación infantil, una medida que va en contra del fallo Kennedy vs. Louisiana de 2008 emitido por la Corte Suprema federal, el cual prohíbe aplicar la pena capital en casos donde la víctima no ha muerto.

Un contexto nacional diferente

Florida no está alineada con la tendencia general de Estados Unidos. Actualmente:

• 27 estados aún permiten la pena de muerte.
• 23 de esos estados no han realizado ejecuciones en la última década.
• 4 estados han legislado moratorias, como California, Oregón, Pensilvania e Indiana.
• Solo 5 estados ejecutaron presos en 2023. Florida fue el que más ejecuciones llevó a cabo.

De hecho, Florida llevó a cabo más de 15 ejecuciones entre 2023 y 2024, una cifra que lidera el país y que ha causado preocupación entre defensores de los derechos humanos.

Un sistema legal marcado por tensiones políticas

La importancia del factor político no puede sobreestimarse. La composición actual de la Corte Suprema de Florida incluye 5 de 7 jueces nombrados por el gobernador DeSantis. Esta mayoría conservadora ha sido clave para revertir decisiones previas y apoyar la aplicación de leyes más punitivas.

Además, Ron DeSantis se ha utilizado esta política como bandera durante su campaña presidencial para 2024, posicionándose como adalid del “law & order” y de la lucha contra el crimen por medios severos.

¿Qué dicen las estadísticas?

Según datos del Death Penalty Information Center:

• Desde 1976, Florida ha ejecutado a 105 personas.
• Es también el estado con más exoneraciones de pena de muerte en el país, con 30 casos de personas declaradas inocentes tras haber sido condenadas a morir.
• El estado gasta en promedio $51 millones más al año en casos de pena de muerte comparado con sentencias de cadena perpetua, según un estudio del Palm Beach Post.

Estos datos revelan un sistema que no solo es oneroso, sino también peligrosamente falible.

¿Y los jueces? Más que árbitros neutrales

Antes de 2016, era el juez, no el jurado, quien dictaba la sentencia final. Aunque ahora el voto del jurado es vinculante, los fallos judiciales recientes han dejado claro que el rol del juez sigue siendo clave, incluso cuando el jurado no es unánime. Esto ha generado preocupación, pues muchos jueces de Florida son electos o designados políticamente, lo cual puede comprometer su imparcialidad.

¿Estamos ante una contrarreforma punitiva?

La política criminal de Florida parece revivir el viejo punitivismo de los 90. En lugar de enfocarse en prevención, reintegración o reformas profundas del proceso penal, el estado parece apostar por una justicia de efecto inmediato, reactiva e impulsada por la presión mediática.

Este tipo de política ha sido catalogado por expertos como populismo penal, donde el endurecimiento de penas se usa como moneda electoral, aunque esto no implique una reducción efectiva del crimen.

Un modelo que puede expandirse

Lo más preocupante para los defensores de derechos humanos es que Florida puede estar marcando un sendero que otros estados con cortes conservadoras podrían seguir. Con Alabama aceptando jurados 10-2 y varios gobernadores presionando para reducir garantías judiciales, el precedente floridano podría tener consecuencias nacionales.

Hay indicios de que estados como Texas, Missouri o incluso Tennessee observan de cerca el caso de Florida para replicar políticas similares.

La lucha continúa: recursos en camino

Abogados de la defensa, como los que representan a Michael Hunt y Michael Jackson —dos condenados bajo jurados no unánimes—, ya han adelantado que apelarán ante la Corte Suprema de EE. UU., esperando que se siga el precedente de 2016.

Sin embargo, con la composición actual del máximo tribunal, que ha mostrado posturas más indulgentes con los estados en temas penales, las probabilidades de revertir la ley floridana son inciertas.

La pregunta de fondo: ¿qué queremos de la justicia?

El gran dilema es filosófico y ético: ¿vale más la eficiencia de castigar que la garantía de no ejecutar a un inocente? ¿Qué tipo de justicia queremos construir: una que actúe con seguridad jurídica o una que sea una herramienta del clamor público?

Florida ha elegido su camino, pero queda por ver el costo humano, institucional y moral que esta elección implicará.