Los centros de datos, Trump y el futuro energético: cuando la tecnología pone en jaque a la electricidad

Un paso regulatorio sin precedentes

La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) ha emitido una orden histórica que podría redefinir la relación entre centros de datos, plantas de energía y el acceso a electricidad en Estados Unidos. Esta nueva normativa permite que grandes consumidores de energía —como los centros de datos— se conecten directamente a las plantas generadoras de electricidad, eliminando al intermediario tradicional: las compañías eléctricas.

La orden busca facilitar acuerdos de colocación (colocation) que, hasta ahora, eran motivo de disputas entre generadores de energía y empresas de distribución. El ejemplo más emblemático que dio origen a esta medida fue un acuerdo entre la filial de computación en la nube de Amazon y la planta nuclear de Susquehanna en Pensilvania.

Una demanda sin precedentes impulsada por la Inteligencia Artificial

El crecimiento de la demanda energética por parte de centros de datos está estrechamente ligado a la carrera tecnológica global, especialmente en torno a la inteligencia artificial (IA). Entrenar modelos como los grandes LLM (Large Language Models) requiere infraestructuras energéticas de escala y confiabilidad nunca antes vistas. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, el consumo global de electricidad por parte de centros de datos, criptominería e inteligencia artificial puede duplicarse para 2026, alcanzando entre 620 y 1.050 TWh.

Para tener una idea del impacto, en 2023 se estimó que un solo centro de datos de IA puede consumir la misma electricidad que 300.000 hogares estadounidenses al año.

Entre susurros políticos: Trump y la competitividad energética

La administración de Donald Trump ha hecho bandera del "renacimiento industrial y tecnológico estadounidense". Su secretario de energía, Chris Wright, solicitó en octubre de 2023 a la FERC que diseñara mecanismos para agilizar el acceso a la electricidad para grandes industriales y centros tecnológicos, subrayando la amenaza de perder competitividad frente a China y la Unión Europea.

La orden regulatoria actual podría servir como modelo para esa visión de “Estados Unidos primero en IA”, pese a las críticas de manejo unilateral y una preferencia clara hacia grandes corporaciones tecnológicas en detrimento de consumidores ordinarios.

Una amenaza para la red eléctrica tradicional

No todo son aplausos. Las compañías eléctricas tradicionales han levantado la voz. Argumentan que esta nueva modalidad deja de lado las inversiones necesarias para mantener y mejorar la red pública, ya que los centros de datos podrán evitar pagar tarifas asociadas a dicho mantenimiento.

Desde el Edison Electric Institute, representante del sector, se expresó preocupación por la posibilidad de que los costos operativos de las redes sean transferidos a los consumidores residenciales. "Los usuarios comunes podrían terminar financiando la infraestructura que los grandes consumidores simplemente sortean", comentaron analistas de la institución.

Por su parte, organizaciones de defensa del consumidor alertan que estas decisiones podrían conducir a un alza generalizada de tarifas sin que exista aún un plan viable para cubrir la creciente demanda.

Nuevas reglas para un nuevo paradigma

En su resolución, FERC obliga ahora a PJM Interconnection, el operador de la red en la región medioatlántica (que abarca a cerca de 65 millones de personas), a elaborar tarifas personalizadas y condiciones específicas para distintos escenarios de colocación.

Uno de los elementos clave es que los usuarios energéticos industriales deberán pagar sólo por los servicios de transmisión que utilizan, y posiblemente una compensación por la energía que desvían del sistema general de distribución.

Este enfoque busca balancear la innovación con la equidad energética —aunque no está claro cómo podrá aplicarse de manera eficiente y sin desigualdades.

Más allá de la electricidad: la velocidad de los permisos

Como otra pieza del rompecabezas, la Cámara de Representantes aprobó esta misma semana la "SPEED Act", una legislación que busca acelerar los tiempos de revisión para proyectos energéticos y de infraestructura limitando las revisiones judiciales y medioambientales.

El proyecto apunta directamente a modernizar la muy respetada, pero burocrática, National Environmental Policy Act (NEPA), que desde 1969 obliga a evaluar el impacto ambiental de grandes proyectos.

Con un plazo promedio actual de cinco años para la aprobación de proyectos, la nueva ley busca reducir esos tiempos, aunque con el costo de limitar la participación ciudadana y el control judicial.

"El Sistema está roto. El SPEED Act es una reforma necesaria para permitir el crecimiento en infraestructura sin esperar una eternidad", dijo el republicano Bruce Westerman, principal autor del proyecto.

Por otro lado, críticos como el demócrata Jared Huffman consideran que esto pone en riesgo comunidades vulnerables y promueve errores costosos al permitir construir sin conocer completamente su impacto ambiental.

El canario en la mina: ¿puede sostenerse el modelo actual?

El dilema está sobre la mesa: ¿puede el modelo energético de EE.UU. sostener esta nueva ola digital sin colapsar o sin generar desigualdad?

Las voces a favor argumentan que sin una transformación profunda del sistema eléctrico —incluyendo la relación entre usuarios corporativos y acceso directo a las fuentes energéticas—, Estados Unidos podría quedarse atrás en el desarrollo de tecnologías cruciales como la automatización impulsada por IA, el modelado de datos a gran escala o la seguridad nacional basada en redes inteligentes.

Pero la otra cara muestra un riesgo importante: abrir la puerta al desmantelamiento lento y progresivo de la infraestructura pública a favor de conexiones privadas privilegiadas que ya no contribuyen a su sostenimiento.

La paradoja de los centros de datos ecológicos

Mientras el mundo apunta a la sostenibilidad, este cambio normativo también podría aumentar la dependencia del carbón, gas y energía nuclear. Aunque algunos centros de datos pretenden operar con energías limpias, la mayoría aún recurre a fuentes tradicionales.

De hecho, un informe de Greenpeace reveló que solo un puñado de gigantes tecnológicos —entre ellos Apple y Google— han logrado suministrar más del 80% de su electricidad con fuentes renovables.

Sin una normativa suficientemente exigente, permitir accesos directos a plantas tradicionales podría perpetuar o incluso aumentar las emisiones de carbono en varios estados.

¿Un modelo exportable al mundo?

Esta decisión no solo repercutirá dentro de EE.UU. Países como India, Brasil, Alemania y China están observando con atención cómo el país redefine la relación entre energía, infraestructura digital y regulación. Lo que inicie como una excepción puede terminar siendo regla en regiones donde la inversión tecnológica avanza más rápido que las actualizaciones del sistema energético.

La FERC, sin dudas, ha abierto un nuevo camino. Uno que prioriza eficiencia empresarial y presencia tecnológica global, pero que necesitará vigilancia estricta y ajustes finos si aspira a ser justo y sostenible.

Por ahora, estamos ante una verdadera revolución energética digital. El futuro lo dirá si lo hemos hecho bien.