Sanciones de EE.UU. contra la Corte Penal Internacional: ¿Defensa de la soberanía o ataque a la justicia internacional?

Un nuevo capítulo en la tensión entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI)

La tensión entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional ha alcanzado un nuevo punto álgido con la imposición de sanciones por parte de la administración de Donald Trump contra dos jueces internacionales. El secretario de Estado Marco Rubio anunció que Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, han sido designados para sanciones, las cuales pueden incluir la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones de viaje.

Ambos jueces están implicados en investigaciones contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra durante el conflicto de Gaza con Hamás, lo que ha desatado una ola de reacciones tanto a favor como en contra alrededor del mundo diplomático y jurídico.

¿Qué es la Corte Penal Internacional y cuál es su mandato?

La CPI es un tribunal internacional con sede en La Haya, creado en 2002 mediante el Estatuto de Roma, firmado por 123 países. Su objetivo es juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Estados Unidos e Israel no son miembros del tribunal, lo que ha sido utilizado como argumento para cuestionar la legitimidad de su jurisdicción sobre ciudadanos de estos países.

Sin embargo, la CPI puede ejercer jurisdicción si los crímenes se cometen en el territorio de un Estado parte, lo cual es el caso de Palestina, ya que fue reconocido como miembro en 2015.

Según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, esta atribución es fundamental para asegurar que los responsables de atrocidades no gocen de impunidad sin importar su nacionalidad.

Las justificaciones de Estados Unidos: soberanía versus justicia internacional

Rubio declaró que “la CPI ha seguido acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso”. Agregó que EE.UU. no tolerará “abusos de poder que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel”.

Este enfoque ha sido una constante en la política exterior estadounidense hacia la CPI, con Trump adoptando medidas sin precedentes. En 2020, Estados Unidos ya había sancionado a la fiscal en jefe Fatou Bensouda por su investigación de posibles crímenes de guerra por tropas estadounidenses en Afganistán. La decisión fue fuertemente condenada por aliados europeos, incluyendo Alemania y Francia, quienes la calificaron de “inaceptable”.

La administración Biden levantó algunas de esas sanciones, pero mantuvo una postura crítica hacia las investigaciones que consideran “selectivamente politizadas”.

La reacción de la CPI y los desafíos de la independencia judicial internacional

La Corte Penal Internacional respondió con una declaración contundente, denunciando que las sanciones “constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.

La CPI destacó que sus jueces son elegidos por los Estados parte y que las presiones externas debilitan el orden jurídico internacional. Esto lleva a una pregunta de fondo: ¿Puede haber justicia internacional cuando las potencias más influyentes rehúsan someterse a ella?

Según la jurista Mónica Pinto, exrelatora de la ONU sobre independencia judicial, “las sanciones personales son ataques que buscan intimidar a jueces y fiscales. Pero al hacerlo, minan la premisa básica de todo sistema de justicia: la imparcialidad.”

El contexto del conflicto: Gaza, Hamás e Israel

Las causas que han motivado estas medidas se originan en las pesquisas de la CPI sobre actuaciones realizadas durante los bombardeos israelíes en Gaza. El tribunal emitió una orden de arresto en 2023 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Israel reaccionó con firmeza, calificando las decisiones de “absurdas y peligrosas” y argumentando que se trataba de un ataque al derecho del país a la autodefensa contra el terrorismo de Hamás.

Sin embargo, organizaciones como B’Tselem y Human Rights Watch han documentado presuntos crímenes como el uso desproporcionado de la fuerza, ataques contra infraestructura civil y bloqueos humanitarios que afectan a la población gazatí, lo cual justificaría una investigación judicial según el derecho internacional humanitario.

La doble vara y el debate sobre la imparcialidad

El debate sobre la CPI no solo gira en torno a su jurisdicción, sino también sobre su objetividad. Críticos como el académico John Bolton argumentan que el tribunal está sesgado contra países occidentales y aliados de EE.UU., mientras ignora “auténticas atrocidades” en regímenes autoritarios.

En contraste, la defensa de la CPI afirma que la institución, lejos de tener sesgos, enfrenta limitaciones estratégicas, como la falta de cooperación de Estados no miembros. “Es falso que la CPI no mida con la misma vara; el problema es que las potencias se niegan a aceptar sus reglas”, sostiene Reed Brody, abogado de derechos humanos.

Vale recordar que la corte también ha emitido órdenes de arresto contra dirigentes de África y recientemente declaró culpable a Ali Kushayb por atrocidades en Darfur (Sudán), en una decisión de alto impacto legal.

¿Por qué importa esto al ciudadano común?

Podría parecer un asunto puramente diplomático, pero las implicaciones son profundas. La erosión del sistema de justicia internacional significa que ser poderoso te exime de rendir cuentas. Si la CPI fracasa, los crímenes masivos podrían quedar impunes por falta de voluntad política.

Además, promover la justicia internacional fortalece la paz a largo plazo. Un ejemplo es el juicio de Slobodan Milošević en La Haya por crímenes en los Balcanes, que ayudó a estabilizar la región.
Según el International Center for Transitional Justice, las sociedades más dispuestas a investigar y sancionar los crímenes del pasado son menos propensas a recaer en violencia política.

Una encrucijada geopolítica

Lo que está en juego va más allá de la CPI e Israel. Se trata del equilibrio entre la soberanía nacional y una justicia global capaz de actuar si un Estado no lo hace. En tiempos de creciente autoritarismo y relativismo moral, defender los principios de legalidad e imparcialidad se vuelve más urgente que nunca.

En palabras de la presidenta de la CPI, Piotr Hofmański: “Si nadie puede hacer cumplir la ley cuando se cometen atrocidades y los tribunales son desmantelados a voluntad, se volverá a una era donde el poder hace la justicia”.

Finalmente, aunque muchos critican a la CPI por politización o ineficacia, vale preguntarse: ¿la solución debería ser su reforma o su demolición?
Porque, si hemos aprendido algo del siglo XX, es que sin justicia, no hay paz duradera.