¿Deberíamos eliminar los impuestos a las propinas y horas extra? La encrucijada fiscal en EE.UU.

La política fiscal vuelve a colocarse en el centro del debate nacional en Estados Unidos. Con la firma del presidente Donald Trump en julio de una ley que incluye recortes fiscales por 4,5 billones de dólares a lo largo de diez años, los estados enfrentan una complicada decisión: ¿deben adoptar todos estos recortes o elegir cuidadosamente qué medidas aplicar?

Nuevos recortes, viejos dilemas

Entre los principales puntos de esta reforma fiscal destacan:

• Deducciones fiscales para propinas y pagos por horas extra, destinados a aliviar la carga fiscal de trabajadores de sectores como el de servicios y la construcción.
• Ampliación de deducciones sobre intereses de préstamos para vehículos nuevos ensamblados en EE.UU..
• Incremento en la deducción estándar del impuesto sobre la renta.
• Elevación temporal del tope de deducciones por impuestos locales (SALT) de $10,000 a $40,000.
• Exenciones totales para empresas sobre inversiones en equipos e investigación.

Pero cada ‘incentivo’ federal trae consigo una sombra. En varios estados, estas reducciones solo se reflejarán en los impuestos estatales si los congresos locales deciden adoptarlas, lo que ha detonado una discusión política, económica y social sobre si la medida beneficia realmente a los trabajadores o solo añade peso a presupuestos estatales ya ajustados.

¿Cuántos estados adoptaron totalmente los recortes?

Solo siete estados habrían aplicado las reducciones fiscales a las propinas y las horas extras de forma automática: Colorado, Idaho, Iowa, Montana, Dakota del Norte, Oregón y Carolina del Sur. Pero incluso en ese grupo, Colorado decidió desvincularse de esa parte de la reforma poco antes de que esta entrara en vigor.

Por ahora, solo Míchigan ha votado oficialmente para aplicar esas exenciones a partir de 2026. El impacto presupuestario, según el Departamento del Tesoro del estado, será de $113 millones por la exención de horas extras y $45 millones por las propinas.

Para equilibrar la balanza, Míchigan también decidió desconectarse de cinco recortes fiscales corporativos federales que hubiesen producido una merma recaudatoria de $540 millones.

Una lucha política tan profunda como ideológica

Desde el Departamento del Tesoro federal, el secretario Scott Bessent ha instado a los estados a “conformarse de inmediato” a los recortes fiscales, criticando a los gobernadores demócratas por lo que calificó como “obstruccionismo político”.

“Al negar a sus residentes el acceso a estos importantes recortes, los legisladores están imponiendo una mayor carga tributaria estatal a los hogares trabajadores”, dijo Bessent en diciembre.

Sin embargo, el panorama no es tan blanco o negro. También varios estados liderados por republicanos aún no se han alineado con los principios de la reforma fiscal de Trump, citando preocupaciones de largo plazo sobre su sostenibilidad financiera.

Impuestos, equidad y ocupaciones

Uno de los aspectos más discutidos ha sido la propuesta de dejar de cobrar impuestos sobre las propinas. Según un borrador del IRS, esta exención abarcaría hasta 70 ocupaciones, principalmente en los sectores de alimentación, hospitalidad y cuidado personal. No obstante, otros trabajadores de bajos ingresos quedarían por fuera.

“Los legisladores deben evaluar si estas medidas valen el costo fiscal”, plantea Jared Walczak, vicepresidente de proyectos estatales en el Tax Foundation. “Porque si solo ayudamos a algunos trabajadores de bajos ingresos dejando a muchos por fuera, podríamos estar promoviendo una inequidad oculta”.

Un sistema fiscal desigual

Estados Unidos tiene un mosaico tributario altamente complejo: 41 estados aplican impuestos sobre la renta personal, y 44 sobre los ingresos empresariales. Muchos de ellos dependen de la “acoplamiento automático” con el código tributario federal, lo que significa que cualquier cambio a nivel nacional se traslada al nivel estatal si no se hace lo contrario explícitamente.

Por eso, algunos estados están tomando decisiones rápidas para evitar consecuencias retroactivas durante la temporada de declaraciones fiscales. Otros prefieren esperar y aplicar las modificaciones, si las hubiera, a partir de 2026.

Arizona, ¿el próximo en la lista?

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, ha instado al Congreso estatal a adoptar las deducciones fiscales sobre propinas, horas extras, intereses de préstamos para vehículos y aumentos en las deducciones estándar. Los líderes de la Cámara Baja, controlada por republicanos, se han mostrado favorables, lo que podría convertir a Arizona en el segundo estado en aplicar esas políticas a nivel local.

“Necesitamos avanzar en una dirección que favorezca el ingreso disponible de las familias, y estos cambios van en esa línea”, señaló un portavoz de Hobbs en diciembre de 2025.

Rechazo a beneficios fiscales para grandes corporaciones

Mientras tanto, varios estados han dicho no a los recortes fiscales corporativos incluidos en la misma ley. Entre ellos destacan Delaware, Illinois, Pensilvania y Rhode Island. En el caso de Illinois, una ley recién aprobada para desvincularse de parte de la reforma podría ahorrar al estado casi $250 millones, según el senador demócrata Elgie Sims.

“Necesitamos proteger fondos esenciales para salud, educación y programas sociales”, justificó Sims, presidente del Comité de Asignaciones del Senado de Illinois.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, opositor declarado de Trump, advirtió que su estado ya enfrenta pérdidas presupuestarias por otros aspectos de la ley federal, como mayores obligaciones para financiar el programa de cupones de alimentos (SNAP).

¿Quién gana realmente?

La arquitectura de la ley de Trump permite proyectar ganancias inmediatas para trabajadores de sectores como hospitalidad, construcción y transporte. Sin embargo, expertos cuestionan si beneficia de forma equitativa a todos los trabajadores con bajos ingresos.

Por ejemplo, un mesero en Miami podría ahorrar cientos de dólares al año con la deducción por propinas, mientras que un trabajador doméstico en Nueva York, no cubierto por la lista del IRS, seguiría pagando los mismos impuestos. Todo esto, mientras los estados enfrentan déficits que amenazan con recortes a servicios públicos esenciales.

¿Impuestos progresivos o competitividad fiscal?

El equilibrio entre proporcionar alivio fiscal a los trabajadores y mantener servicios públicos de calidad se ha vuelto más frágil que nunca. Al adoptar los recortes, los estados podrían incentivar el consumo y hasta atraer nuevos negocios. Pero también podrían enfrentar una peligrosa carrera hacia la baja con presupuestos cada vez más comprimidos y ciudadanos que exigen mejores servicios.

¿Es mejor aliviar la carga de las propinas y horas extra ahora, o preservar la inversión estatal a largo plazo?

Una nación fragmentada

Lo que queda claro es que la política tributaria en EE.UU. se ha convertido en un reflejo del paisaje político polarizado. En palabras de Carl Davis, del Institute on Taxation and Economic Policy:

“Los estados están adoptando una postura muy escéptica. Esta no es solo una cuestión fiscal, también es profundamente política.”

Mientras tanto, los contribuyentes deberán navegar un sistema desigual, donde ganar lo mismo en Denver o Filadelfia puede implicar consecuencias fiscales drásticamente distintas.

Y en el horizonte, se vislumbra una pregunta aún mayor: ¿hasta cuándo podrá mantener EE.UU. esta combinación de bajos impuestos y altas expectativas sociales?