El legado en disputa: Trump, el Kennedy Center y la batalla por la narrativa cultural en EE.UU.

¿Qué tienen en común un centro cultural icónico, la universidad más prestigiosa del país y una jueza local en el centro de un drama judicial? Todas se encuentran atrapadas en el marco de la política estadounidense más polarizada de las últimas décadas, y el actor principal es, una vez más, Donald J. Trump. En este artículo analizaremos, desde una óptica crítica y en profundidad, cómo estas decisiones aparentemente aisladas forman parte de una estrategia más amplia del expresidente para cimentar su legado, redefinir los símbolos de poder cultural y confrontar las instituciones más tradicionales y liberales del país.

El Kennedy Center: de homenaje presidencial a trofeo político

El John F. Kennedy Center for the Performing Arts es uno de los epicentros del arte y la cultura en Estados Unidos. Desde su inauguración en 1971, el centro ha sido un símbolo vivo del legado de John F. Kennedy, uno de los presidentes más admirados del siglo XX. Dedicado a las artes escénicas, ha sido el lugar de conciertos de renombre, galas presidenciales y eventos memorables que han elevado la importancia del arte en la vida política y social del país.

Sin embargo, el pasado viernes sucedió algo sin precedentes: comenzó la instalación del nombre de Donald J. Trump en la fachada del centro, tras una votación del consejo directivo en la que Trump, como presidente de la junta, impulsó cambiar el nombre oficial a “The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. Según informes, una gran lona azul cubría los trabajos de modificación, pero fue visible una letra gigante "D" antes de que las lonas ocultaran el resto del avance.

¿Puede un consejo cambiar el nombre de un edificio federal?

Este es el punto que ha desatado la controversia. Varios miembros demócratas del Congreso, quienes integran el consejo de forma ex officio, junto con historiadores y expertos legales, aseguran que solo el Congreso tiene autoridad legal para modificar nombres de instituciones federales. La medida se interpreta como un desafío directo a los precedentes históricos, una muestra del poder que Trump busca ejercer incluso fuera de la presidencia.

No es la primera vez que el nombre de Trump aparece en un edificio de Washington. Recientemente, su nombre fue añadido al U.S. Institute of Peace, lo que ha motivado críticas por intentar politizar instituciones tradicionalmente neutrales y apartidistas.

El conflicto con Harvard: cultura, poder y federalismo

En paralelo con la controversia del Kennedy Center, el expresidente se encuentra inmerso en una pelea judicial igualmente significativa, esta vez con Harvard University. Bajo la administración Trump, el Departamento de Justicia recortó más de 2.6 mil millones de dólares en fondos federales para la universidad, acusándola de no abordar con suficiente rapidez incidentes de antisemitismo dentro del campus.

Sin embargo, en septiembre de 2024, la jueza federal Allison Burroughs dictaminó que los recortes eran inconstitucionales, violaban el derecho a la libertad de expresión y no seguían los procedimientos establecidos para sancionar a universidades por presuntas violaciones a derechos civiles.

El fallo fue aclamado por la comunidad académica, y Harvard emitió una declaración en la que expresó que:

“La restitución de estos fondos es crucial para los avances científicos, médicos, tecnológicos y de seguridad nacional que benefician a todo el país”.

Pese a la resolución judicial, la administración Trump apeló el fallo, reafirmando su cruzada contra la llamada “élite progresista universitaria” y utilizando el poder del ejecutivo para presionar reformas ideológicas en instituciones educativas.

Una estrategia: simbología y control institucional

¿Qué tienen en común estas acciones sobre el Kennedy Center y Harvard? Ambas evidencian una estrategia más amplia de Trump para reestructurar el paisaje público y cultural de Estados Unidos. Al enfrentarse con universidades, jueces, centros artísticos y culturales, el expresidente está redefiniendo su campo de batalla más allá del Congreso o la Casa Blanca.

En palabras del sociólogo estadounidense Todd Gitlin:

“La batalla por los símbolos es la batalla por la memoria. Y quien controle la memoria, controla el relato del poder”.

La Jueza Dugan: una pieza más en la narrativa

Otro episodio relevante ocurrió en Milwaukee, Wisconsin, donde la jueza Hannah Dugan fue declarada culpable de un delito grave de obstrucción por ayudar a un inmigrante mexicano, Eduardo Flores-Ruiz, a evitar ser detenido por agentes federales en el tribunal donde ella presidía una audiencia.

Dugan, quien fue suspendida de su cargo y ahora enfrenta hasta 5 años de prisión, se ha convertido en centro de una polémica sobre el alcance del poder judicial y el papel de los jueces en oponerse a políticas federales que consideran inconstitucionales. Grupos como Common Cause Wisconsin o League of Women Voters alertaron sobre lo que consideran una amenaza a la independencia judicial y un posible caso de persecución política.

El gobierno federal, por su parte, calificó la decisión como una victoria para el imperio de la ley. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces”, sostuvo el fiscal adjunto Todd Blanche.

Símbolos, castigos y precedentes: la construcción del legado

Si bien estos tres casos parecen independientes, juntos conforman la narrativa que Trump busca consolidar: la de un país dominado por “élites ideológicas” enfrentadas al “pueblo real” que él dice encarnar. En ese relato, renombrar el Kennedy Center no es solo un acto de vanidad política, sino un símbolo poderoso de una reivindicación ideológica.

• En el caso de Harvard, se utiliza el poder económico para disciplinar instituciones académicas.
• Con la jueza Dugan, se lanza un mensaje disuasorio a cualquier poder judicial que quiera oponerse a su marco legal.
• Y con el Kennedy Center, se busca inscribir, literalmente, su apellido junto a figuras históricas como John F. Kennedy.

¿Qué está en juego?

Más allá de la ideología, lo que está realmente en juego es la narrativa nacional. Las instituciones culturales y educativas no solo son centros de conocimiento y expresión, sino motores que dan forma a la identidad de un país. Cambiar sus nombres, sus fondos, sus miembros o sus decisiones, es intervenir en la forma en que una nación se mira a sí misma.

Estos episodios nos invitan a reflexionar sobre el papel del poder político en la vida cultural. ¿Deben los presidentes influir directamente en estas instituciones? ¿Dónde trazamos la línea entre reformas necesarias y manipulación ideológica?

Con la campaña electoral de 2024 acelerando su paso, es probable que estos enfrentamientos no sean los últimos. La batalla por la narrativa de Estados Unidos —su cultura, su memoria y sus instituciones— apenas comienza.