Ejecución de cuatro niños en Guayaquil: ¿militarización o terrorismo de Estado?

Una tragedia nacional que sacude los cimientos democráticos

El estremecedor caso de la detención, tortura y ejecución de cuatro niños ecuatorianos a manos de once soldados ha conmocionado a toda América Latina. Y no es para menos. Con edades entre los 11 y los 15 años, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, junto con sus amigos Saúl Arboleda y Steven Medina, fueron secuestrados por una patrulla militar en Guayaquil el pasado diciembre. Días después, sus cuerpos calcinados fueron hallados cerca de una base militar.

Este crimen, además de tragarse la niñez de cuatro víctimas inocentes, arrastra consigo un poderoso grito de alerta sobre el rumbo autoritario y militarista que está tomando Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Todo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando los adolescentes no regresaron a casa luego de asistir a un partido de fútbol en la ciudad portuaria. Cámaras de seguridad captaron el momento en que una patrulla militar los detuvo y los subió a una camioneta.

Días después, sus restos carbonizados aparecieron fuera de una base militar. La investigación reveló que fueron golpeados brutalmente con rifles, obligados a desnudarse y ejecutados cruelmente tras haber sido forzados a mover un árbol caído. Los soldados no reportaron su detención ni a sus superiores ni a la policía.

¿Por qué los militares estaban patrullando las calles?

Desde enero de 2024, el presidente Noboa decretó que Ecuador atraviesa un “conflicto armado interno”, medida que permitió a las fuerzas armadas patrullar varias ciudades. Esta decisión se tomó tras un vertiginoso aumento de la violencia atribuida a bandas del narcotráfico. Entre 2021 y 2024, la tasa de homicidios en Ecuador se triplicó, pasando de 14 a más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Gobierno.

El puerto de Guayaquil, por donde sale buena parte de la cocaína hacia Europa y EE.UU., se ha convertido en terreno fértil para disputas entre cárteles rivales. En respuesta, Daniel Noboa ha recurrido a una estrategia de mano dura, colocando a las fuerzas armadas en funciones de orden interno.

Una judicialización con tintes históricos

La corte de Ecuador condenó este lunes a 34 años de prisión a once soldados por el delito de “desaparición forzada con agravantes”, obligándolos además a pagar $10.000 a las familias, pedir perdón en público, e instalar una placa conmemorativa en la base militar donde ocurrieron los hechos.

Esto marca un precedente judicial sin igual en la región: la condena directa a fuerzas armadas por la ejecución de menores de edad bajo custodia militar en un contexto de supuesta lucha contra el crimen organizado.

Aun así, la historia no termina allí: los once soldados enfrentan futuros cargos por homicidio. Cinco soldados que colaboraron con la investigación recibieron sentencias menores de 2 años y medio.

El espejismo de la presencia militar

La narrativa oficial de seguridad promovida por Noboa se escuda en la necesidad de erradicar al narcotráfico utilizando todo el poder del Estado. Sin embargo, este caso revela las grietas del enfoque militarista como solución al crimen.

Organismos de derechos humanos, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (CEDHU), han documentado numerosos abusos cometidos por las fuerzas armadas desde la declaración del estado de excepción: detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, desapariciones y, como en este crimen, ejecuciones extrajudiciales.

“La militarización no se puede usar como pretexto para saltarse el debido proceso ni eliminar garantías constitucionales”, declaró María Dolores Miño, docente de Derecho Constitucional en la Universidad San Francisco de Quito.

Un patrón preocupante en América Latina

Lo que ocurre en Ecuador no es un hecho aislado. En países como México, El Salvador y Honduras, los gobiernos han optado por cederle poder a los militares en funciones de orden público. En El Salvador, por ejemplo, más de 75.000 personas fueron detenidas desde 2022 bajo un régimen de excepción por parte del presidente Nayib Bukele. Aunque la violencia disminuyó, organismos como Human Rights Watch denuncian torturas, desapariciones y falta de juicios justos.

El caso ecuatoriano se suma a esta preocupante tendencia, donde el Estado, en lugar de garantizar justicia, termina perpetuando violencia en nombre de su erradicación.

¿Qué dice Daniel Noboa?

El mandatario ha evitado pronunciarse directamente sobre el homicidio de los menores. Sin embargo, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado este lunes tras la sentencia, asegurando que respetan el fallo y garantizarán su cumplimiento: “Hoy se ha hecho justicia. Ratificamos nuestro respeto por la ley y la resolución judicial”.

Aunque la respuesta oficial reconoce la gravedad del hecho, queda claro que el gobierno se enfrenta a una enorme crisis de legitimidad: ¿cómo puede el Estado justificar la seguridad pública mediante métodos que se equiparan a actos de terrorismo?

La respuesta de la sociedad civil

En las calles de Guayaquil, Quito y Cuenca se han realizado marchas exigiendo justicia por el asesinato de los cuatro menores. Artistas, académicos, líderes indígenas y organizaciones barriales han levantado su voz contra la impunidad militar.

La abuela de los hermanos Arroyo, en una entrevista con el diario El Universo, dijo entre lágrimas: “No los mató la droga, los mató el uniforme”. Esta frase se ha vuelto viral y símbolo de resistencia.

Una generación atrapada entre la violencia y la represión

Ecuador es hoy el país latinoamericano con el crecimiento más abrupto en tasas de violencia: de apenas 1.500 homicidios en 2016 se ha pasado a más de 7.800 en 2023. La edad de ingreso a las bandas ha disminuido y el reclutamiento de niños por grupos criminales se ha disparado.

En este contexto, las autoridades deben apostar por políticas de prevención, justicia social y oportunidades para los jóvenes, en lugar de entregar las llaves del país al aparato militar.

Entre el repudio y la esperanza

El caso de estos cuatro niños ha unido a Ecuador en un reclamo rotundo: la seguridad no puede construirse sobre sangre inocente. Que la justicia haya actuado contra los culpables directos es apenas el principio.

El país tiene ahora una encrucijada frente a sí: o profundiza el camino del autoritarismo blindado con uniforme, o reconstruye sus cimientos democráticos con derechos y garantías para todos, incluso en medio de una crisis narcocriminal. No bastan juicios ejemplares si las instituciones que fomentan la impunidad siguen intactas.

Los nombres de Ismael, Josué, Saúl y Steven deben quedar como un recordatorio de eso que jamás debe repetirse.