El fin del subsidio a la gasolina en Bolivia: ¿medida urgente o detonante de crisis social?

En un giro político y económico que ha remecido a Bolivia, el presidente Rodrigo Paz eliminó los históricos subsidios a los combustibles, desencadenando una jornada de huelgas y manifestaciones impulsadas por sindicatos tradicionales y sectores afines al expresidente Evo Morales. Mientras trabajadores mineros marchaban por el centro de La Paz, se producían bloqueos en varias carreteras y las tensiones sociales crecían a medida que el país lidia con su peor crisis económica en más de cuarenta años.

Una medida impopular pero necesaria

Desde que asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz ha marcado una ruptura con las políticas económicas de sus predecesores, particularmente en cuanto al manejo de subsidios. Una de las decisiones más impactantes fue la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente durante más de dos décadas y que mantenía el precio de la gasolina en torno a $0,53 por litro.

Según declaró el mandatario en un cabildo emitido por la televisión estatal, “el país está enfermo y debe ser curado”. Argumentó que el subsidio anual costaba al Estado más de 10 millones de dólares diarios, gran parte de los cuales beneficiaban al contrabando de combustibles al interior y exterior del país.

La economía boliviana en cuidados intensivos

La decisión se enmarca en un contexto económico especialmente delicado. Bolivia enfrenta su mayor crisis económica desde la década de 1980, exacerbada por una caída sostenida en las exportaciones de gas natural —el principal ingreso del país durante años— y una crítica escasez de divisas extranjeras. Las importaciones de gasolina y diésel han supuesto un gasto de hasta 3.000 millones de dólares anuales, según datos del propio gobierno.

Esto ha llevado a un déficit fiscal estructural que amenaza con dejar al país sin los recursos necesarios para importar alimentos, medicamentos e insumos industriales básicos. En este sentido, la eliminación del subsidio fue presentada como una medida de emergencia para recuperar la estabilidad macroeconómica.

El impacto inmediato: de $0,53 a $1 en el precio de la gasolina

Una semana después del anuncio, el costo de los combustibles prácticamente se duplicó. La gasolina comenzó a venderse a alrededor de $1 por litro, medida que generó un incremento automático en el costo del transporte y bienes de consumo básico.

La reacción fue inmediata. La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato tradicionalmente más poderoso del país, convocó a una jornada de huelgas a nivel nacional. Aunque otros gremios menores —como los transportistas y comerciantes— no se sumaron masivamente, sí hubo bloqueos y manifestaciones en seis de los nueve departamentos del país.

¿Quiebre en la fuerza sindical?

El paro del 22 de diciembre mostró, sin embargo, fisuras significativas en el frente sindical boliviano. Mientras los mineros, cocaleros y algunos sectores obreros afiliados a Evo Morales salieron a las calles, otros gremios prefirieron mantenerse al margen tras lograr acuerdos parciales con el gobierno.

Por ejemplo, los sindicatos de transportistas evitaron participar en el paro después de que Paz autorizara la importación libre de repuestos automotrices como mitigación del impacto del alza en combustibles. Además, se decretó un aumento del salario mínimo del 20% a partir de enero de 2026, lo que ha servido para calmar, temporalmente, a ciertos sectores laborales urbanos.

Una grieta política en tiempos electorales

Para el analista político Carlos Cordero, profesor en La Paz, el actual conflicto tiene también una dimensión política. Señala que la COB podría estar utilizando la coyuntura para mostrar fortaleza de cara a las elecciones subnacionales de 2026 (gobernadores y alcaldes).

“En muchos sectores del país existe la convicción de que el ajuste era inevitable”, dijo Cordero. “Pero hay sindicatos que intentan capitalizar este momento crítico para reorganizar fuerzas tras años de desgaste”.

Paz, un presidente centrista entre dos fuegos

Rodrigo Paz llegó al poder como un político centrista tras una campaña que prometía saneamiento fiscal y lucha contra la corrupción. Heredó un sistema económico deteriorado tras gestiones de corte populista que privilegiaron el gasto social por encima de la sostenibilidad financiera.

La eliminación del subsidio, aunque impopular, también ha recibido el respaldo del sector empresarial. La Cámara Nacional de Comercio y otros gremios del sector privado respaldaron la decisión, argumentando que podría mejorar la llegada de inversiones y reducir el mercado negro del combustible.

“El subsidio beneficiaba más al contrabando que al pueblo”

Uno de los argumentos más repetidos desde el Ejecutivo es que el subsidio acabó siendo contraproducente, pues incentivaba el tráfico de gasolina hacia países vecinos como Perú, Brasil y Argentina. El resultado: los combustibles subvencionados acababan en manos de mafias de contrabandistas, mientras el Estado se endeudaba cada vez más.

En palabras del presidente Paz:

“Cada día que mantenemos esa política, estamos financiando al crimen en lugar de invertir en salud, educación o infraestructura”.

¿Y ahora qué sigue?

Aunque las protestas no alcanzaron proporciones masivas en su primer día, la tensión sigue latente. Organizaciones sociales lideradas por el bloque de Evo Morales han prometido mantener la presión, mientras las autoridades refuerzan los controles en las ciudades principales para evitar estallidos violentos.

El reto para el presidente Paz será sostener políticamente una medida tan impopular como el fin del subsidio, sin abrir la puerta a una inestabilidad social más profunda. Para ello, deberá mostrar resultados rápidos en cuanto a mejora de la disponibilidad de dólares, estabilidad de precios y acceso a bienes importados clave.

Los antecedentes: ¿cómo se gestó esta crisis?

La economía boliviana ha tenido una fuerte dependencia del gas natural como fuente primaria de ingresos. Durante el boom de precios de materias primas entre 2004 y 2014, los ingresos por hidrocarburos se multiplicaron, lo que permitió instaurar programas de gasto social y subsidios de amplio alcance.

Sin embargo, la caída del precio del gas y la reducción de contratos de exportación con Brasil y Argentina provocaron una merma significativa en las finanzas del Estado. Bolivia pasó de tener reservas internacionales de casi $15.000 millones en 2014 a menos de $1.800 millones en 2023, según datos del Banco Central.

A esta debacle se suma un tipo de cambio paralelo que ha alcanzado cotas récord debido a la falta de divisas, y una deuda pública que supera el 80% del PIB.

¿Fin del subsidio equivale a mayor justicia fiscal?

Para algunos economistas, la medida de Paz representa un reajuste hacia una mayor racionalidad en el gasto público. Los subsidios, aunque mantienen precios accesibles a corto plazo, distorsionan el mercado, generan corrupción y favorecen el uso ineficiente de recursos.

Según el economista Roberto Laserna:

“Cada boliviano estaba pagando, vía impuestos o deuda pública, una gasolina más cara aunque la surtidora marcara $0,53. El subsidio es regresivo porque beneficia más a quienes consumen más, usualmente quienes tienen automóvil propio, y penaliza a quienes usan transporte público”.

Los riesgos políticos de ir contra la corriente

No obstante, la decisión de cortar el subsidio no está exenta de riesgos. El antecedente más reciente se dio en Ecuador en 2019, cuando el presidente Lenín Moreno intentó eliminar subsidios y tuvo que recular tras las masivas protestas coordinadas por movimientos indígenas. En Bolivia, cualquier intento de ajuste estructural ha venido históricamente acompañado de tensiones sociales profundas.

Rodrigo Paz enfrenta, por tanto, una disyuntiva: mantenerse firme en su ofensiva económica y enfrentar el malestar social, o ceder ante la presión de los sectores movilizados y regresar a políticas que ya demostraron ser insostenibles a largo plazo.

Mientras tanto, la sociedad boliviana observa con cautela el desarrollo de una medida que podría redefinir el rumbo del país en los próximos años: el fin de una era de subsidios y el comienzo ―quizá― de una economía más dura, pero también más realista y menos dependiente.