Jeanette Vizguerra y la represión migratoria: ¿Justicia selectiva o sistema roto?

Jeanette Vizguerra volvió a salir en los titulares tras pasar nueve meses detenida en un centro migratorio en el área metropolitana de Denver. La activista, ampliamente conocida por refugiarse en iglesias para evitar la deportación durante el gobierno de Trump, fue arrestada en marzo en el estacionamiento de un Target donde trabajaba. Mientras la orden judicial le permite recuperar temporalmente la libertad mediante una fianza de $5,000 dólares, su caso ha reavivado la llama de una problemática mucho más profunda: el trato dado a los inmigrantes por parte del sistema judicial y las autoridades migratorias en Estados Unidos.

En paralelo, en el sur de Florida, una instalación de detención bautizada con el macabro apodo de “Alligator Alcatraz”, construida recientemente por la administración del gobernador Ron DeSantis, ha centrado su atención en múltiples demandas federales. ¿Se trata de abusos sistémicos contra inmigrantes o de la instrumentalización política de la migración?

Una historia que se repite: la odisea de Jeanette Vizguerra

Vizguerra es oriunda de Ciudad de México. Llegó a Colorado en 1997 y su persecución legal comenzó en 2009, cuando fue detenida por un agente de tráfico y se descubrió que usaba, sin saberlo, un número de Seguro Social falso, aunque vinculado a su nombre real. Desde entonces, su lucha se convirtió en símbolo de resistencia comunitaria y legal.

En medio de la ferviente política antiinmigrante del expresidente Donald Trump, Vizguerra pasó periodos prolongados viviendo en iglesias para evitar su deportación, apoyada por redes ciudadanas como la American Friends Service Committee y otras organizaciones de justicia migratoria. En 2017, la revista TIME la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Tras su detención este año, sus abogados argumentaron que existía una orden de deportación inválida y exigieron su liberación mediante una audiencia de fianza. Finalmente, el juez de inmigración aprobó el pedido el pasado domingo. Pero la pregunta que queda flotando es: ¿por qué estaba detenida en primer lugar luego de más de una década de lucha legal y visibilidad pública?

Detención de inmigrantes en Estados Unidos: ¿centros de procesamiento o prisiones políticas?

Estados Unidos cuenta con decenas de instalaciones para la detención migratoria diseminadas por todo el país. Según cifras del ICE, en 2023 había más de 30,000 personas en centros de detención a diario. Estos espacios son manejados en muchos casos por contratistas privados o gobiernos estatales y han sido criticados por condiciones inhumanas y violaciones de derechos humanos.

El caso más reciente se da en Florida, donde abogados de los detenidos han pedido a una jueza federal visitar personalmente el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, emplazado en una antigua pista aérea en los Everglades. La razón: evaluar si los detenidos tienen acceso adecuado a sus abogados, lo cual forma parte de su derecho constitucional al debido proceso.

Los testimonios hablan de derechos negados:

• Necesidad de agendar visitas con al menos tres días de anticipación.
• Transferencias inesperadas que impiden encuentros previamente acordados con abogados.
• Condiciones insalubres como baños colapsados, presencia constante de insectos y contaminación por desechos.

Todo esto contrasta con las normas establecidas en otros centros migratorios del país donde los abogados pueden visitar sin cita previa. La respuesta de los abogados del estado: la jueza no tiene autoridad para inspeccionar la instalación y una visita pondría en riesgo la seguridad del centro.

¿Una estrategia de disuasión o un castigo colectivo?

Esto no es un hecho aislado. Tres demandas federales actualmente impugnan distintas prácticas del “Alligator Alcatraz”. Una de ellas incluso argumenta que el estado de Florida y sus contratistas no tienen autoridad legal para operar centros migratorios, ya que es una competencia exclusivamente federal.

A esto se suma otra orden judicial previa que pedía cerrar este centro debido a que no se había evaluado su impacto ambiental. Aunque una corte de apelaciones detuvo la orden, persisten los reclamos sociales y legales.

Donald Trump recorrió las instalaciones en el verano pasado y sugirió que podrían ser un “modelo nacional” para la expansión del sistema de detención migratoria. Una afirmación que asusta a defensores de derechos humanos. ¿Qué modelo busca promoverse? ¿Qué sucede realmente dentro de esas paredes?

El trasfondo político: Florida como campo de experimentación

La administración DeSantis ha hecho del control migratorio una bandera política clave. En 2022, fue ampliamente criticado por enviar vuelos con inmigrantes desde Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, sin informar a las personas involucradas del destino o las razones.

Ahora, la construcción de un centro de detención altamente restrictivo, sin normas claras de transparencia y con múltiples demandas legales en su contra, sigue esa lógica de confrontación política con el gobierno federal en nombre del orden migratorio.

Y mientras esto ocurre, los derechos fundamentales de personas como Vizguerra o de los cientos detenidos en instalaciones como la Alcatraz de los caimanes se ven negados o violados sistemáticamente.

Los verdaderos costos humanos

La historia de Jeanette Vizguerra podría haber terminado hace años si el sistema legal estadounidense no tuviera vacíos tan amplios y si no se aplicaran selectivamente determinadas leyes a personas racializadas, pobres y sin representación legal adecuada.

Para muchas personas, vivir años sin un estatus legal implica una vida de miedo, vulnerabilidad y silencios obligados. Tener que refugiarse en iglesias o enfrentar prácticas carcelarias sin haber cometido delito alguno son síntomas de un sistema roto, no de disuasión legal.

“Nunca cometí un crimen, solo quise trabajar y cuidar a mis hijos”, ha repetido Vizguerra en múltiples entrevistas. Y aún así, sufre persecución, detención y amenazas constantes de deportación.

¿Qué sigue?

El retroceso en derechos migratorios no es una casualidad, sino parte de una estrategia política y legal de endurecimiento que benefició a ciertos actores ideológicos. Y aunque la administración Biden ha ofrecido ajustes temporales, como el DACA o alivios humanitarios para situaciones específicas, la infraestructura de detención permanece casi intacta.

Frente a esto, las voces de figuras como Jeanette Vizguerra emergen como recordatorio y reflejo de millones de personas trabajadoras, padres, madres, hijos e hijas que solo quieren vivir sin miedo.

Ignorar sus historias es permitir que estructuras como “Alligator Alcatraz” se repliquen como norma, no como excepción. Tal vez, más aún que cambiar la ley, es el momento de replantear los valores que la sostienen.