Colombia en crisis fiscal: ¿está justificado el estado de emergencia económica decretado por Petro?

Colombia ha experimentado otro giro profundo en su escena política y económica. Esta vez ha sido el presidente Gustavo Petro quien, frente a crecientes dificultades presupuestarias y una deuda gubernamental récord, ha tomado una medida drástica: declarar un estado de emergencia económica.

Esta decisión ha encendido las alarmas entre expertos, empresarios y juristas, ya que otorga al Ejecutivo la capacidad de definir nuevos impuestos sin pasar por el Congreso. Aunque el gobierno defiende la necesidad de esta medida para sostener subsidios, pagar seguros de salud y reforzar la infraestructura militar y civil, el trasfondo revela una crisis más estructural y, quizás, mal gestionada.

¿Qué implica un estado de emergencia económica en Colombia?

El estado de emergencia económica, contemplado en la Constitución colombiana, permite al presidente legislar por decreto durante un periodo limitado (30 días prorrogables). Esta figura solo debe activarse cuando existe una amenaza grave, inminente e inesperada para el orden económico del país.

El decreto, emitido el pasado lunes, apunta a que el gobierno necesita ingresos urgentes para cubrir subsidios de combustible, pagos a EPS (Empresas Promotoras de Salud), e inversiones para fortalecer las capacidades militares ante amenazas como ataques con drones.

Un presupuesto sin precedentes y creciente deuda

Desde que llegó al poder en 2022, la administración Petro ha apostado por un enfoque redistributivo que ha elevado el gasto público a niveles jamás vistos, incluso superiores a los observados durante la pandemia del COVID-19.

Para 2025, el presupuesto nacional se sitúa en unos 134 mil millones de dólares, una cifra que refleja el ambicioso plan del mandatario, pero que ha incrementado el déficit fiscal a niveles que preocupan a los mercados y al propio Congreso.

El plan tributario originalmente propuesto por Petro, que contemplaba un incremento estimado de 4 mil millones de dólares en ingresos fiscales para 2026, fue bloqueado en el Congreso. Este revés desencadenó la declaración del estado de emergencia.

¿Se justifica la medida desde el punto de vista legal?

El fundamento jurídico del decreto está siendo fuertemente cuestionado. La legislación colombiana exige que la emergencia económica se dicte ante eventos inesperados, como una guerra, una catástrofe natural o una caída grave e inmediata en los ingresos fiscales. Pero muchos analistas consideran que la situación fiscal de Colombia era previsible.

“Sabíamos desde mediados del año pasado que se aproximaba una crisis financiera”, afirmó Jorge Restrepo, economista y profesor en la Universidad Javeriana de Bogotá. “Esto no se puede considerar un evento sorpresivo ni extraordinario”.

Un decreto que polariza: ¿abuso de poder o respuesta necesaria?

Las críticas no han tardado en llegar. Organizaciones empresariales como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) han tildado el decreto de “autoritarismo disfrazado”, y han acusado al gobierno de querer saltarse el Legislativo para imponer una agenda fiscal ideológica.

Su presidente, Bruce Mac Master, escribió en redes: “Este es un uso flagrante y abusivo del Estado de Derecho. Nos preocupa el precedente que esto pueda sentar para futuras decisiones gubernamentales”.

Mientras tanto, miembros del Congreso también han señalado su preocupación por la legitimidad constitucional de la emergencia. Se anticipa que la Corte Constitucional sea quien tenga la última palabra.

¿Qué impuestos plantea imponer el gobierno?

Aunque el gobierno aún no ha detallado de manera oficial el contenido de las nuevas disposiciones fiscales, medios locales han filtrado algunos borradores. Entre ellos destacan:

• Nuevos impuestos al patrimonio para personas naturales y jurídicas con altos ingresos.
• Aumento del impuesto sobre las ventas de bienes suntuarios, incluyendo una subida radical al impuesto de alcoholes como ron y vino.
• Revisión de las exenciones tributarias para sectores como petróleo y minería, propuesta que ya generó tensiones anteriores con el sector privado.

Estas medidas, de confirmarse, llegarían en un momento de moderado crecimiento económico y en medio de una tensa relación entre el Ejecutivo y el sector empresarial.

Un equilibrio fiscal en juego

Colombia viene enfrentando desde hace años una deuda en ascenso. El servicio de la deuda externa representa ya un porcentaje preocupante del PIB, y el peso colombiano ha experimentado vaivenes en los mercados internacionales.

La calificadora Fitch Ratings, que puso a Colombia en perspectiva negativa en su última revisión, señaló que la sostenibilidad fiscal es uno de los principales retos del país andino. Si el estado de emergencia se percibe como inconstitucional o como una medida hostil para el mercado, la confianza internacional podría deteriorarse aún más.

Gasto público: ¿redistribución o derroche?

La administración Petro defiende su mayor gasto como un instrumento de justicia social y redistribución. Las inversiones en salud, educación, infraestructura social y transición energética son prioritarias en su plan de gobierno.

Pero expertos advierten que el nivel de gasto no ha ido acompañado de una reforma estructural seria para aumentar ingresos fiscales de forma sostenible ni diversificar la economía.

Según el Fondo Monetario Internacional, Colombia necesita urgentemente mejorar su eficiencia recaudatoria, combatir la evasión y establecer un marco tributario más progresivo que no dependa solo del petróleo y la minería.

¿Qué viene ahora?

La Corte Constitucional deberá decidir si el decreto de emergencia económica es legal. En paralelo, el gobierno intentará implementar sus medidas tributarias, lo que sin duda abrirá un debate nacional sobre el rumbo económico de Colombia.

Mientras tanto, los ciudadanos colombianos enfrentan la Navidad con mayor incertidumbre, el temor de nuevos impuestos y la esperanza de que el país logre salir de su laberinto fiscal sin comprometer la democracia ni la estabilidad económica.

El caso colombiano pone sobre la mesa un dilema global: en tiempos de crisis fiscal, ¿cuánto poder debe tener el Ejecutivo para actuar sin contrapesos?