El nuevo frente de batalla en EE.UU.: el acceso a la atención trans para menores enfrenta una ofensiva legal y política

La atención médica afirmativa para personas transgénero, especialmente menores de edad, se ha convertido en una de las batallas políticas más polarizantes en Estados Unidos en los últimos años. El pasado martes, una coalición de 19 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), su secretario Robert F. Kennedy Jr. y el inspector general, en respuesta a una reciente declaración que podría restringir seriamente el acceso a tratamientos médicos para menores transgénero.

Pero este conflicto legal va mucho más allá de una simple declaración. Es el reflejo de un esfuerzo concertado por parte de la administración de Donald Trump para revertir políticas de inclusión, restringir derechos adquiridos y politizar decisiones fundamentalmente clínicas.

¿Qué dice la declaración federal?

El 18 de diciembre de 2025, el HHS publicó una declaración alarmante: los tratamientos médicos como bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y cirugías de afirmación de género serían considerados “inseguros e ineficaces” para niños y adolescentes que experimentan disforia de género.

Además, advirtió que los profesionales médicos que ofrecieran este tipo de atención podrían ser sancionados con la exclusión de programas federales clave como Medicare y Medicaid, lo que en la práctica dificultaría gravemente el acceso de familias de bajos recursos a estos servicios, incluso en estados donde siguen siendo legales.

La declaración se sustentó en un informe interno “revisado por pares” que recomendó priorizar la terapia conductual sobre los enfoques médicos. No obstante, la Asociación Médica Americana, la Academia Americana de Pediatría y otros 29 grupos médicos importantes han tachado el informe como científicamente inexacto y sesgado por motivos ideológicos.

La respuesta legal de los estados

La demanda interpuesta en el tribunal federal de Eugene, Oregón, alega que el HHS violó procedimientos administrativos básicos al emitir la declaración sin permitir comentarios públicos ni seguir los pasos establecidos por la ley.

Letitia James, fiscal general de Nueva York y líder de la coalición legal, fue tajante en su declaración pública:

“El Secretario Kennedy no puede cambiar unilateralmente los estándares médicos con un simple documento en línea. Nadie debería perder acceso a atención médica necesaria porque su gobierno intente interferir en decisiones que pertenecen al consultorio del médico.”

La coalición está compuesta únicamente por fiscales generales demócratas, lo que añade una capa de confrontación política directa a la batalla judicial. Entre los estados demandantes se incluyen California, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Oregón, Washington, entre otros.

Un patrón creciente de restricciones

La declaración no llega sola. A ella se suman dos propuestas regulatorias que aún no han sido finalizadas pero que podrían tener efectos devastadores:

• Negar financiamiento de Medicaid y Medicare a hospitales que ofrezcan atención afirmativa a menores.
• Prohibir expresamente el uso de fondos federales para estos procedimientos.

De adoptarse formalmente, estas medidas reforzarían restricciones ya vigentes en al menos 27 estados, gran parte de ellas aprobadas desde que Trump retornó a la presidencia en 2025.

De hecho, varios centros médicos especializados ya han suspendido sus programas para jóvenes trans, incluso en estados donde tales tratamientos siguen siendo legales. La incertidumbre legal y el temor a perder fondos federales están teniendo un efecto paralizador.

Un giro radical en políticas de salud

Estas acciones representan una fuerte ruptura con las directrices establecidas durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, que promovieron políticas de inclusión desde el sistema educativo y de salud pública.

Por ejemplo, en 2016, bajo Obama, el HHS reconoció formalmente la importancia de los tratamientos afirmativos en la reducción de tasas de suicidio, ansiedad y depresión entre la juventud trans. Estudios publicados en The Lancet y JAMA Pediatrics avalan este enfoque, señalando que el acceso a bloqueadores hormonales reduce el riesgo de suicidio en un 75% entre adolescentes trans.

Esta tendencia inclusiva fue revertida durante el primer mandato de Trump, cuando se prohibió a personas trans servir en las fuerzas armadas y se permitió a instituciones religiosas negar atención o empleo a personas LGBTQ+ bajo fundamentos de libertad religiosa.

El rol de la Corte Suprema

Otro golpe llegó en junio de 2025, cuando la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos afirmativos antes de los 18 años, argumentando que los estados “tienen un interés legítimo en proteger a los menores de riesgos médicos potenciales”.

Este fallo ha allanado el camino para que otras prohibiciones similares permanezcan intactas y ha animado a legislaturas conservadoras a avanzar en leyes aún más restrictivas.

¿Es legítimo restringir el consentimiento médico de menores?

Uno de los argumentos clave de la declaración federal es que los menores no pueden “consentir” de manera informada procedimientos irreversibles como cirugías o terapia hormonal.

No obstante, este punto ha sido ampliamente debatido en la comunidad médica. En Estados Unidos, adolescentes pueden someterse a cirugías estéticas, tratamientos oncológicos agresivos o tomar decisiones reproductivas sin necesidad de consentimiento paterno en determinadas circunstancias. ¿Por qué entonces se establece una vara distinta en caso de jóvenes trans?

“Se están utilizando los estándares médicos como herramientas ideológicas. Se habla de protección infantil, pero lo que realmente se hace es criminalizar una identidad”, señaló la doctora Michelle Forcier, experta en medicina transgénero en la Universidad de Brown.

Consecuencias humanas

Más allá del marco legal o médico, lo que está en juego aquí es el bienestar de miles de jóvenes estadounidenses. Según el Trevor Project, el 54% de los jóvenes trans en EE.UU. han considerado seriamente el suicidio, y cerca del 30% lo ha intentado.

El acceso a tratamientos afirmativos no sólo es un derecho médico, sino también una herramienta de supervivencia.

“Desde que mi hijo comenzó su tratamiento hormonal, dejó de autolesionarse y volvió a sonreír. Estas medidas no protegen a los niños, los condenan”, cuenta Ana López, madre de un adolescente trans en Chicago.

Una disputa que define una era

Lo que esta demanda representa no es una simple disputa técnica entre estados y el gobierno federal. Es la personificación de una guerra cultural en la que se dirimen asuntos que definen el siglo XXI: la autodeterminación del cuerpo, el papel del Estado en la medicina, los derechos de las minorías y la soberanía científica ante la ideología política.

Tal como lo advirtió la organización Human Rights Campaign, “la administración actual busca borrar del mapa a las personas trans menores de edad, comenzando por las clínicas, luego por la cobertura médica y finalmente por la ley”.

Hoy más que nunca, Estados Unidos vive una profunda tensión entre su promesa de igualdad constitucional y la realidad de una política que, en nombre de proteger, margina y excluye.