¿Un nuevo amanecer financiero en Líbano? La controvertida ley para reparar la bancarrota de la nación

Un paso largamente esperado en medio de la desesperación

El pasado viernes, el gabinete de Líbano aprobó un proyecto de ley que busca atacar una de las heridas más profundas del país: el colapso financiero de 2019. Esta iniciativa legislativa —bautizada como "ley del hueco financiero"— plantea un mecanismo concreto para cuantificar las pérdidas en el sistema bancario y, finalmente, comenzar el proceso de compensación a los depositantes cuyos fondos fueron congelados, devaluados o simplemente evaporados en los últimos años.

El colapso económico libanés es considerado por el Banco Mundial como una de las crisis financieras más graves en más de un siglo. Según datos del Banco Mundial, el producto interno bruto (PIB) libanés cayó un 58 % entre 2019 y 2021, y más del 80 % de la población está actualmente bajo el umbral de la pobreza.

¿Qué propone esta nueva ley?

La legislación, aprobada por 13 votos contra 9 en el gabinete, busca establecer una fórmula para calcular el tamaño de la "brecha financiera" —el desajuste entre los pasivos (fondos depositados por el público) y los activos disponibles. Con esto, se aspira a crear un plan de pago escalonado que priorice el reembolso de los pequeños depositantes.

En declaraciones posteriores a la votación, el Primer Ministro Nawaf Salam aseguró que el 85 % de los depositantes recibirán la totalidad de sus fondos en un período de cuatro años. Para los grandes depositantes, en cambio, se pondrá en marcha un sistema de reembolsos parciales y la conversión de sus fondos restantes en bonos respaldados por los activos del Banco Central —estimados en unos $50 mil millones.

“Un depositante con $3 millones podría recuperar aproximadamente $60,000 al año”, explicó Salam en su comparecencia, subrayando que dichos bonos tienen valor real y no son instrumentos “sin respaldo”.

Un país quebrado con instituciones rotas

Desde el colapso financiero de 2019, los libaneses han vivido una pesadilla económica sin precedentes. Una combinación de deuda impagable, corrupción, clientelismo político y una banca acostumbrada a operar como una especie de esquema Ponzi fue la receta del desastre.

Durante años, los bancos ofrecieron tasas de interés exorbitantes para atraer depósitos, usándolos para cubrir déficits estatales. Esta arquitectura, insostenible desde cualquier perspectiva financiera, colapsó cuando el flujo de nuevos depósitos cesó. Resultado: más de $100.000 millones en depósitos quedaron atrapados en un sistema paralizado.

Las acusaciones de corrupción fueron omnipresentes. El exgobernador del Banco Central, Riad Salameh, está siendo investigado internacionalmente por delitos financieros y malversación. Mientras tanto, la población perdió la capacidad de retirar su dinero, comprar productos básicos o pagar medicamentos.

Protestas y desconfianza

Fuera del edificio del gobierno, decenas de manifestantes se reunieron durante la sesión del gabinete para expresar su escepticismo sobre la ley. “¡No confiamos más en ustedes!”, gritaban algunos depositantes, cuyos ahorros de toda la vida fueron devorados por la inflación y la desconfianza generalizada hacia el sistema financiero.

Muchos activistas consideran que esta ley podría convertirse en otro intento del Estado por evadir responsabilidades. Temen que los retrasos parlamentarios y la falta de mecanismos de fiscalización genuina terminen por invisibilizar los casos más graves de pérdida patrimonial.

“No se trata solo de devolver dinero; se trata de justicia, de dignidad, de responsabilizar a quienes jugaron con el futuro de millones de libaneses”, dijo Rima Makari, una economista y activista política, al salir del sitio de protesta.

La presión internacional y el rol del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido una voz persistente que exige reformas estructurales al sistema financiero libanés. Desde 2020, se han desarrollado negociaciones intermitentes con el objetivo de desbloquear cerca de $3 mil millones de ayuda externa. Pero hasta ahora, todos los esfuerzos han fracasado debido a la negativa de la élite política libanesa a aceptar pérdidas en su patrimonio o alterar el statu quo del sistema bancario.

En su reporte de seguimiento de 2023, el FMI subrayó la necesidad urgente de implementar leyes que:

• Establezcan reglas claras para la devolución progresiva de fondos a los depositantes.
• Determinen la magnitud real de las pérdidas bancarias.
• Restructuren el sector bancario, con saneamiento de instituciones insolventes.
• Mejoren la transparencia y la rendición de cuentas.

La nueva legislación podría, en teoría, ser la llave para reactivar las negociaciones con el FMI. Pero el historial legislativo de Líbano está plagado de retrasos, negociaciones interminables y falta de voluntad política.

Una moneda devastada y una economía en efectivo

Desde el inicio de la crisis, la libra libanesa ha perdido más del 90 % de su valor frente al dólar. El país opera mayoritariamente en efectivo, y las transferencias bancarias internacionales son casi imposibles.

Los ciudadanos han abandonado la banca tradicional, apoyándose en remesas familiares —que constituyen más del 50 % de las entradas de divisas—, transferencias en criptomonedas o billetes físicos que ingresan al país en maletas desde el extranjero.

En algunos barrios de Beirut, los bancos están completamente cerrados o han sido objeto de ataques de parte de ciudadanos desesperados que buscan forzar la apertura de sus cuentas.

El otro frente: tensiones con Israel y destrucción física

Como si el drama económico no fuera suficiente, Líbano está lidiando con las secuelas de su última confrontación con Israel, especialmente relacionada con el grupo militante Hezbollah. Tras un conflicto de 14 meses, se alcanzó un alto al fuego mediado por EE.UU. en noviembre de 2023, pero los daños fueron colosales.

Un informe del Banco Mundial estimó en $11.000 millones el costo de reconstrucción y recuperación tras el conflicto. Con una infraestructura semiderruida, una red eléctrica intermitente y escasez de bienes esenciales, el país está prácticamente al borde del colapso funcional.

El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam han prometido implementar reformas urgentes, no solo financieras, sino también administrativas, energéticas y sociales. Pero el tiempo corre, y la paciencia de la ciudadanía se agota.

¿Cambio real o lavado de cara?

El camino hacia la recuperación será largo, y esta ley, aunque representa un paso en la dirección correcta, aún enfrenta numerosos obstáculos. Su aprobación en el parlamento está en duda, dadas las fracturas políticas internas y las presiones de los intereses bancarios, muchos de los cuales están vinculados directamente a figuras del poder estatal.

La gran pregunta sigue siendo: ¿puede Líbano reconstruir la confianza de una población exhausta, con instituciones tan profundamente erosionadas? Y, quizás más importante aún, ¿podrá encontrar el país la voluntad política para asumir decisiones difíciles que afecten a quienes históricamente se han beneficiado del caos?

El reloj sigue avanzando. Y como dijo uno de los manifestantes fuera del gabinete: “Han prometido mucho, pero la pobreza no se llena con promesas. Se llena con justicia.”