Myanmar vota entre represión y guerra civil: ¿democracia o teatro autoritario?

Por primera vez en cinco años, Myanmar ha inaugurado un proceso electoral en medio de una tormenta política, social y militar. Más que una celebración de democracia, estas elecciones plantean una profunda crisis de legitimidad nacional e internacional. Con la exlíder Aung San Suu Kyi fuera del panorama político tras ser condenada a 27 años de prisión por cargos ampliamente considerados como falsos, y con más de 22.000 prisioneros políticos según la Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), la pregunta es inmediata: ¿Puede llamarse elecciones a lo que ocurre en Myanmar hoy?

Un proceso electoral diseñado para legitimar al régimen militar

El régimen liderado por el general Min Aung Hlaing, tras derrocar al gobierno electo en 2021 con la excusa de fraude electoral, presenta ahora estas elecciones como un paso hacia la estabilidad política. Sin embargo, el contexto en el cual se desarrollan estos comicios es más parecido a un estado de sitio que a una fiesta democrática.

La votación se celebra en tres fases —7, 11 y 25 de enero— abarcando solo algunos de los 330 distritos del país en esta primera tanda. La exclusión de partidos de oposición populares, el uso de la intimidación militar y la censura mediática son argumentos esgrimidos por analistas y opositores para denunciar lo que consideran una farsa organizada.

Tom Andrews, relator especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, lo expresó crudamente: “Una elección organizada por una junta que sigue bombardeando civiles, encarcelando líderes políticos y criminalizando toda forma de disidencia no es una elección, es un teatro del absurdo a punta de pistola.”

Una de las elecciones más desiguales del mundo

Más de 4.800 candidatos de 57 partidos compiten por escaños, pero apenas seis partidos tienen impacto nacional. El único con estructura, recursos y respaldo total del ejército es la Union Solidarity and Development Party (USDP), una formación considerada por muchos como el brazo civil del poder castrense.

También es importante recalcar que el 73% de los votantes en 2020 apoyaron formaciones que hoy están prohibidas, como señala la red Asian Network for Free Elections. La disolución de la Liga Nacional por la Democracia (NLD) de Suu Kyi marca el punto de quiebre de un sistema electoral que pretendía ofrecer pluralidad pero que ha sido devorado por el autoritarismo militar.

Guerra civil, desplazados y represión como telón de fondo

Hablar de elecciones en Myanmar obliga a hablar también de su conflicto interno. Desde el golpe de 2021, el país vive una guerra civil que ha generado más de 3,6 millones de desplazados, según la ONU. Miles de ciudadanos no tienen acceso a centros de votación ni tampoco las garantías necesarias de seguridad.

La criminalización de la disidencia es evidente: más de 22.000 detenidos por motivos políticos y al menos 7.600 civiles asesinados a manos del ejército, de acuerdo con la AAPP. El gobierno militar aprobó recientemente una nueva “Ley de Protección Electoral” que criminaliza cualquier crítica pública sobre el proceso, condenando incluso a prisión a quienes promuevan el boicot electoral.

Este nivel de control y coerción ha sido visible en diversas regiones. Khin, una residente del estado Mon, señaló al medio internacional que “soldados llegaron con armas al pueblo para presionarnos para que votáramos”.

¿Participación ciudadana o voto forzado?

La participación, uno de los pilares fundamentales de cualquier proceso democrático, está siendo impulsada en Myanmar bajo el peso de la amenaza explícita e implícita. Algunos ciudadanos, como Khin Marlar, de 51 años, ven en su voto la esperanza de paz futura, aunque reconocen estar marcados por el temor, tras haber tenido que abandonar sus hogares a causa de la guerra.

“Voto con la esperanza de volver a mi pueblo cuando llegue la paz”, expresó Marlar, quien huyó de Thaungta, una localidad en la conflictiva región de Mandalay. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones pro derechos humanos sostienen que la asistencia electoral está siendo impulsada por miedo, no por convicción.

Reacciones internacionales: apoyo tácito vs. sanciones simbólicas

El desarrollo de estas elecciones también será clave para definir el comportamiento geopolítico de diversos actores. Mientras países como Estados Unidos, Reino Unido y otros aliados occidentales han impuesto sanciones desde el inicio de la junta militar, otros como China, India y Tailandia tienen posturas mucho más pragmáticas. Al celebrarse unas “elecciones”, estos países podrían alegar una supuesta estabilidad institucional para justificar el mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales, incluso en un contexto abiertamente autoritario.

Desde Bangkok, expertos en política del sudeste asiático coinciden en que la región prefiere una dictadura estabilizada a una democracia en guerra civil. Este punto desnuda uno de los aspectos más cínicos de la diplomacia internacional: la prioridad geoestratégica frente al respeto a los derechos humanos.

La figura de Aung San Suu Kyi: entre el mito y la prisión

Aung San Suu Kyi se ha convertido en una figura silenciosa pero omnipresente en esta elección. Privatizada físicamente —condenada a 27 años de cárcel tras múltiples procesos tétricos— su ausencia pesa en cada rincón del país. La NLD, el partido con el que arrasó en los comicios de 2020, se niega a aceptar las nuevas condiciones impuestas por la junta y fue disuelto en 2023.

Desde la cárcel, Suu Kyi guarda silencio mediático, pero su figura sigue siendo icónica, especialmente entre los jóvenes y las comunidades rurales. Su ausencia en las papeletas ha intensificado el llamado al boicot electoral por parte de diversos sectores opositores y grupos armados que luchan contra el gobierno militar.

¿Transición hacia qué?

El general Min Aung Hlaing se perfila como virtual presidente tras las elecciones. Pero ya gobierna con plenos poderes desde 2021. El proceso electoral parece ser un acto de legitimación simbólica para mostrar tanto interna como externamente que el “retorno a la democracia” está en curso, pese a que ninguna característica de este proceso cuadra con los estándares mínimos para considerarlo libre y justo.

Se teme que, con una fachada electoral y sin grandes movilizaciones internas por la represión, el poder militar se perpetúe aún más. Algunos analistas incluso comparan este intento electoral con los procesos de validación simbólica usados por regímenes militares en América Latina durante la Guerra Fría.

El futuro bajo sombra: posible prolongación del conflicto

El panorama para Myanmar en 2024 es sombrío. La lucha armada continuará, pues gran parte del país está controlada por grupos rebeldes étnicos y alianzas civiles con capacidad real de combate. En muchos territorios no hubo elecciones, ni las habrá el 11 ni el 25 de enero.

Los expertos internacionales se debaten entre la condena moral y la impotencia práctica. Las sanciones occidentales no han modificado sustancialmente el comportamiento de la junta, mientras que el respaldo de actores regionales como China y Rusia ofrece un salvavidas estratégico y económico al régimen.

¿Es viable una transición democrática en Myanmar? A corto plazo parece difícil. Pero la historia demuestra que los regímenes autoritarios rara vez tienen garantizada la perpetuidad. Lo que sí está claro es que estas elecciones poco tienen de elecciones: no hay pluralismo, no hay libertad y no hay paz.

En palabras del analista Amael Vier: “No hay genuina oportunidad de elección. No importa por quién votes, si solo puedes elegir entre los soldados y sus aliados”.