Los bombardeos contra supuestos narcos y el conflicto oculto: ¿Guerra contra las drogas o intervención geopolítica?

La nueva cara de la guerra antidrogas de EE. UU.

Desde septiembre, el gobierno de Donald Trump ha intensificado una táctica poco convencional y alarmante en su cruzada contra el narcotráfico: ataques aéreos contra embarcaciones en el Pacífico oriental. Con la reciente operación anunciada por el Comando Sur de EE. UU., el número de estas acciones bélicas ha llegado a 30, y el de víctimas mortales alcanza al menos 107. Todo esto en una supuesta lucha contra carteles de droga...

La pregunta fundamental es: ¿Estamos viendo una operación antidrogas o una intervención militar enmascarada?

Las cifras escalofriantes: 30 ataques y más de 100 muertos

Los datos oficiales, aunque limitados, ya despiertan preocupación. Según el gobierno estadounidense, las embarcaciones neutralizadas estaban involucradas en actividades de narcotráfico. Sin embargo, los informes no acompañan evidencia pública que respalde estas afirmaciones.

En uno de los videos publicados por el Comando Sur, se observa cómo una lancha es impactada por explosiones mientras navega. Se desconoce si hubo oportunidad de rendición o si había civiles a bordo. En al menos una ocasión, un ataque posterior mató a sobrevivientes aferrados a los restos de una nave destruida. Un acto que ha sido calificado por algunos expertos en derecho internacional como posible crimen de guerra.

La justificación de Trump: una “guerra armada” contra los cárteles

“Estamos en guerra”, declaró en su momento el expresidente Trump. Según él, EE. UU. se encuentra dentro de un conflicto armado contra los carteles, lo que justificaría el uso de la fuerza letal desde el aire.

Pero esta lógica plantea dudas. El término "conflicto armado" tiene implicaciones legales bajo el Derecho Internacional Humanitario. Requiere ciertos criterios: entidad organizada del enemigo, participación continua en hostilidades, y control territorial (como mínimo). Si EE. UU. declara un conflicto armado contra actores no estatales de forma unilateral, ¿no abre la puerta a que cualquier Estado haga lo mismo?

Venezuela en el centro de la estrategia

Estos ataques no se dan en un vacío. En paralelo, EE. UU. ha redoblado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico con un objetivo implícito: Nicolás Maduro. Desde que fue acusado de narcoterrorismo en un tribunal estadounidense, el líder venezolano se ha convertido en blanco de una intensa campaña de presión.

La retórica del expresidente Trump no deja lugar a dudas. En reuniones con líderes internacionales, Trump afirmó abiertamente que las explosiones en las costas venezolanas estaban dirigidas contra muelles usados supuestamente para cargar drogas. También se han incautado petroleros sancionados y se han realizado otros actos de presión económica.

Para Maduro, todo esto tiene un solo fin: derrocar su régimen. Y no es descabellado. La historia está llena de intervenciones —declaradas o no— contra gobiernos enfrentados a Washington en nombre de la democracia, los derechos humanos o... las drogas.

De la guerra a una estrategia de salud rural condicionada

En otro frente, la administración Trump puso en marcha el llamado Fondo de Transformación de la Salud Rural, con una promesa de $50 mil millones para los próximos cinco años. El programa busca compensar recortes a Medicaid que ponían en riesgo a más de 300 hospitales rurales.

Pero como todo en política, el diablo está en los detalles. La mitad del fondo se reparte de manera igualitaria a los estados. La otra mitad depende de una fórmula que incorpora no solo indicadores médicos y de infraestructura, sino también...

la lealtad política.

Unos $12 mil millones están ligados directamente a si los estados aplican políticas afines al programa “Hacer América Saludable de Nuevo” (Make America Healthy Again), impulsado por Trump. Algunas de estas políticas incluyen:

• Requisitos de educación nutricional para profesionales de salud
• Aplicación del Test Presidencial de Aptitud Física en escuelas
• Prohibición de usar SNAP (asistencia alimentaria) para comprar refrescos o dulces

¿Condiciones ideológicas para fondos de salud?

Varios estados liderados por demócratas han expresado su negativa a imponer ese tipo de restricciones, incluso si eso significa perder dinero del fondo. Carrie Cochran-McClain, de la Asociación Nacional de Salud Rural, dijo: “Eso no representa el liderazgo de esos estados”.

Dr. Mehmet Oz, actual administrador de Medicaid, defendió el sistema de condicionalidades como una “palanca positiva” y no una amenaza. Sin embargo, usar políticas públicas orientadas sobre valores éticos y nutricionales como moneda de cambio política ha generado tensiones.

Matemáticas que no cuadran

Independientemente de las condiciones, muchos expertos consideran que los $50 mil millones prometidos no serán suficientes para compensar la pérdida de $137 mil millones proyectados como resultado de los recortes presupuestarios federales. La matemática, como dijo Cochran-McClain, “no cuadra”.

Además, las propuestas estatales para usar el fondo no siempre se alinean con las necesidades reales. Un estado, por ejemplo, propone invertir en menús escolares saludables en zonas rurales, lo cual es positivo, pero desconectado de la urgencia de muchos hospitales que luchan para cubrir la nómina mensual.

Una combinación explosiva: militarización e inestabilidad regional

La ecuación es peligrosa. A medida que EE. UU. usa su maquinaria militar en zonas latinoamericanas, se abre una puerta a mayores tensiones internacionales. El hecho que muchos ataques han sido ejecutados sin transparencia ni evidencias públicas, aumenta el escepticismo.

Por otro lado, vincular ayuda en salud a parámetros políticos y culturales puede generar una nueva forma de dependencia que va más allá del dinero: el alineamiento ideológico.

¿El regreso del “Gran Garrote”?

Pareciera que nos encontramos ante una vuelta del Big Stick policy (la política del Gran Garrote) utilizada por EE. UU. en el siglo XX, con un nuevo rostro mediático: la lucha contra el narcotráfico y la salud pública. Una moral retórica al servicio de fines geopolíticos.

La crítica no viene solo de progresistas. Algunos republicanos matizan su respaldo. El congresista Don Bacon de Nebraska, por ejemplo, defendió el fondo rural, pero admitió que los recortes en Medicaid golpean duramente a su estado. ¿Se justifica una intervención militar indirecta solo para presionar a Maduro o frenar al narcotráfico?

Dónde está la línea entre seguridad nacional y colonialismo moderno

La pregunta que subyace en toda esta estrategia es fundamental: ¿Dónde termina la legítima defensa de una nación y dónde empieza la agresión a soberanías extranjeras? La confusión entre crimen organizado y actor bélico da licencia a acciones que pueden tener consecuencias a largo plazo impredecibles.

Y, en medio de todo, las víctimas —civiles o no—, latinoamericanas en su mayoría, siguen acumulándose en silencio.