Israel vs ONGs humanitarias: ¿Un control necesario o represión encubierta?

Por Redacción

Israel suspende a más de 25 ONGs en Gaza

El gobierno de Israel anunció esta semana la suspensión de al menos 25 organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGs) que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), una decisión que ha generado una ola de críticas y preocupación entre los actores humanitarios internacionales. Esta medida está prevista para entrar en vigor el próximo 1 de enero, según informó el Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora.

La decisión se fundamenta, según el ministerio, en el incumplimiento de “nuevos requisitos” que obligan a las ONGs a compartir información detallada sobre su personal, financiamiento y operaciones. En el caso de MSF, Israel alega que no ha aclarado adecuadamente el rol de ciertos empleados a quienes acusa de colaborar con grupos armados como Hamás.

¿Qué exigen las nuevas normas de Israel?

Las nuevas regulaciones implementadas por Israel obligan a las ONGs a proporcionar una radiografía detallada de sus estructuras internas, incluyendo:

• Nombres y funciones de todos sus empleados en territorio palestino.
• Origen y destino de sus fuentes de financiamiento internacional.
• Registro continuo de actividades —incluso logísticas— dentro de Gaza.

Según Israel, estas medidas buscan asegurar que ninguna organización coopere involuntariamente con grupos armados declarados terroristas. En palabras del Ministerio de la Diáspora: "No podemos permitir que se utilicen estructuras humanitarias como tapadera para actividades hostiles".

Respuesta internacional: preocupación e indignación

Las reacciones de la comunidad internacional no se hicieron esperar. Diversas agencias humanitarias y organismos multilaterales aseguran que estas medidas son arbitrarias, desproporcionadas e incluso peligrosas. Un portavoz de Naciones Unidas afirmó de forma anónima para varios medios:

“Israel puede supervisar la ayuda humanitaria en un conflicto, pero establecer requisitos opacos y no transparentes para limitar el trabajo vital que se hace en Gaza, no sólo es injusto, sino que pone vidas en peligro.”

Médicos Sin Fronteras, si bien no emitió una declaración inmediata tras la noticia, ha respondido en otras ocasiones a acusaciones similares señalando que “nunca contrataría a sabiendas a personas involucradas en actividades militares” y que toma seriamente cualquier denuncia sobre su equipo.

El contexto: Gaza bajo fuego y escaso acceso humanitario

Gaza vive su segundo año bajo ofensiva continua, tras el rebrote del conflicto en octubre de 2023. Desde el inicio de las operaciones militares israelíes, más de 30,000 palestinos han perdido la vida —según autoridades de Gaza— y las infraestructuras fundamentales, como hospitales, escuelas y plantas de agua, han sido devastadas.

Actualmente viven en la Franja de Gaza más de 2 millones de personas, de las cuales al menos el 70% necesitan asistencia humanitaria urgente, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Según sus datos más recientes, menos del 40% de la ayuda planificada ha logrado ingresar al enclave desde que comenzó el conflicto.

Israel alega que sí está cumpliendo con las obligaciones pactadas en el último alto al fuego de octubre —el cual técnicamente aún sigue en pie— pero diversas ONGs han refutado esta afirmación, señalando que los permisos de entrada de convoyes se han vuelto cada vez más erráticos e insuficientes.

¿Cuál es el verdadero propósito detrás de las restricciones?

Una pregunta que divide a analistas y expertos gira en torno a la motivación real tras esta purga de ONGs. Mientras que el gobierno israelí afirma que se trata de seguridad nacional, críticos aseguran que se trata de un intento encubierto de controlar la narrativa de la guerra y penalizar organizaciones disidentes.

Varios ejemplos apuntan a que muchas de las organizaciones suspendidas habían documentado con detalle los efectos de los ataques sobre la población civil, la destrucción de hospitales y el uso de armas explosivas en zonas densamente habitadas, lo cual podría comprometer la imagen internacional de Israel.

Observadores de HRW han expresado su inquietud señalando que:

“Eliminar a las organizaciones que están en el terreno documentando posibles violaciones al derecho internacional es una estrategia clara para minimizar supervisión exterior.”

Reacción desde el terreno: preocupación y desamparo

Desde Gaza, la perspectiva es aún más sombría. La suspensión de estas ONGs representa más que una pugna política: significa la pérdida de asistencia médica vital, ayuda alimentaria, soporte psicológico y acceso a servicios básicos.

Un médico gazatí que trabaja para una ONG no suspendida —y que pidió anonimato por razones de seguridad— relató la situación actual:

“Desde que mediatizaron estas regulaciones, hemos reducido considerablemente nuestras actividades porque no sabemos si nuestro personal será acusado de terrorismo sin pruebas. Tener miedo de ir a trabajar no debería formar parte de una misión humanitaria.”

El caso histórico de MSF: 50 años de conflictos y neutralidad

Médicos Sin Fronteras fue fundado en 1971 por médicos y periodistas franceses con el objetivo de proporcionar asistencia médica imparcial en zonas de conflicto, desastres naturales y crisis sanitarias. Ha ganado el Premio Nobel de la Paz en 1999 y ha intervenido en conflictos desde Ruanda hasta Siria, pasando por Haití y Yemen.

Entre sus principios fundamentales destacan la neutralidad, imparcialidad e independencia. Nunca aceptan ataduras políticas, lo cual les permite operar en crisis donde otras entidades no son bienvenidas. Esta tradición, sin embargo, les ha puesto en la mira de diversos gobiernos tanto autoritarios como democráticos.

Criminalización creciente del trabajo humanitario

La situación en Israel y Gaza no es un caso aislado. En los últimos años se ha venido documentando un patrón global de crecientes restricciones al trabajo de ONGs humanitarias. Países como Venezuela, Etiopía, Rusia y Egipto han impuesto regulaciones similares alegando soberanía nacional, pero el resultado suele ser el mismo: menos acceso a poblaciones vulnerables y mayor represión de la crítica.

Según datos de Humanitarian Outcomes, en 2023 hubo más de 270 incidentes violentos contra trabajadores humanitarios en contextos de conflicto, una cifra que representa uno de los picos más altos desde que se empezó a registrar en 2005.

¿Un precedente peligroso?

Los analistas alertan que la suspensión de estas ONGs por parte de Israel podría abrir la puerta a que otros países utilicen argumentos de “seguridad nacional” para silenciar voces incómodas en medio de catástrofes humanitarias.

Esta estrategia de “legalización del silencio” podría establecer un precedente peligroso para la protección internacional de civiles en guerra y limitar severamente el margen de acción del derecho humanitario internacional.

Como recordó recientemente el experto en derecho humanitario Norberto Lambruschini, profesor en la Universidad de Ginebra:

“Cuando los actores humanitarios pierden acceso o legitimidad, los civiles pierden el único amortiguador entre ellos y la barbarie.”

¿Qué camino queda para la ayuda en Gaza?

A corto plazo, las organizaciones aún autorizadas continúan trabajando, pero con recursos limitados y elevadas barreras administrativas. Organizaciones como la Media Luna Roja Palestina han denunciado que muchos de sus suministros médicos se pierden o no son permitidos en los controles establecidos por Israel.

A largo plazo, el mundo deberá decidir entre actuar ante este tipo de restricciones o normalizarlas. A medida que el contexto de Gaza se vuelve aún más precario, la presión internacional jugará un papel crucial. Los próximos meses serán determinantes para definir si las ONGs son realmente vehículos de esperanza… o blanco de cálculo político.

Más información sobre crisis humanitarias y derechos internacionales en Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.