La ofensiva política y racial detrás de las auditorías a centros infantiles en Minnesota

Una nueva guerra política se ha desatado en Estados Unidos, pero no ocurre en el Congreso ni en polémicos rallies mediáticos. Esta vez, el campo de batalla son las guarderías infantiles en Minnesota, y los protagonistas son funcionarios federales, el expresidente Donald Trump, comunidades inmigrantes y miles de familias que dependen de la ayuda estatal para cuidar de sus hijos mientras trabajan.

Un conflicto enmascarado como lucha contra el fraude

La administración de Donald Trump anunció que congelará los fondos del programa federal Child Care and Development Fund (CCDF) para todos los estados hasta que presenten nuevos niveles de verificación sobre cómo utilizan el dinero. No obstante, el foco particular está en Minnesota, donde se alega que centros operados por inmigrantes somalíes habrían cometido fraude masivo por montos que alcanzarían hasta los $100 millones, según versiones no comprobadas divulgadas por influencers de extrema derecha.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos señaló que Minnesota deberá presentar documentación adicional como registros de asistencia, licencias, reportes de inspección y antecedentes de supervisión estricta. "Es una respuesta al fraude rampante que parece estar extendido en Minnesota y en todo el país", declaró, en tono alarmista, el subsecretario Jim O'Neill.

El impacto humano: familias angustiada y trabajadores hostigados

El anuncio ha generado preocupación inmediata entre las familias que dependen de estos centros para poder trabajar. Como advirtió Maria Snider, directora del Rainbow Child Development Center y parte de la organización de defensa Minnesota Child Care Association, "los centros que no reciban estos fondos pueden cerrar aulas completas o despedir a maestros".

Además, los efectos ya se sienten entre los operadores, especialmente los provenientes de comunidades inmigrantes. Muchos han sufrido llamadas anónimas amenazantes y un incremento en la vigilancia injustificada, a partir de lo que líderes como Ahmed Hasan, del ABC Learning Center, califican de "caza de brujas" dirigida a los somalíes.

"No hay fraude aquí. Abrimos todos los días y tenemos los registros para demostrarlo. Esto no es una auditoría; es hostigamiento racial con fines políticos" - Ahmed Hasan

Una historia de tensiones raciales y estigmatización

La comunidad somalí de Minnesota es la más grande del país. Comenzó a establecerse en los años 90, tras el inicio de la guerra civil en Somalia. Con el tiempo, se han integrado al tejido social del estado, abriendo negocios, dirigiendo centros de cuidado y participando en política (como la congresista Ilhan Omar). Pero no han estado exentos de ataques.

Trump ha usado su retórica de forma agresiva contra estos grupos. En un mitin reciente, se refirió a los inmigrantes somalíes como “basura”, lo cual encendió las alarmas. Activistas como Nick Brown, fiscal general del estado de Washington, denunciaron que las inspecciones federales han derivado incluso en acosos a hogares: “Presentarse en la puerta de alguien, amenazar o grabar a menores no es una investigación seria. Es intimidación.”

¿Dónde está la línea entre auditoría y persecución?

El foco en Minnesota no es casual. El gobernador Tim Walz, actual candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, es un blanco político frecuente de Trump. Y ahora, la ofensiva se extiende también al acceso de la ciudad a programas federales como SNAP (cupones de alimentos) y Unemployment Insurance. La estrategia consiste en condicionar esos recursos a una supuesta transparencia, creando una narrativa en que estados demócratas son corruptos y deben rendir cuentas.

Muchos expertos coinciden que esta medida es desproporcionada. De hecho, el propio proceso para acceder a los fondos de cuidado infantil en Minnesota es altamente regulado. Además, todos los centros deben someterse a inspecciones aleatorias sin aviso. “No hay mucho más que podamos presentar”, dice Snider con frustración.

Un enfoque selectivo y mediático

La campaña parece tener más de cálculo que de preocupación legítima. El enfoque hacia Minnesota ocurre luego de que un influencer de derecha publicara un video viral alegando que ciertos centros somalíes estaban implicados en fraude. La administración no ha provisto evidencia sólida, ni reportes oficiales que respalden la decisión a nivel nacional. En cambio, han multiplicado sus mensajes en redes sociales y medios afines.

Los críticos también cuestionan por qué, si el objetivo es combatir el fraude, no se imponen las mismas reglas adicionales a estados como Texas o Florida. “Es un ataque dirigido y político”, subraya Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, quien ya anunció que luchará legalmente contra la medida federal.

Y mientras tanto... los niños

En medio del ruido político, los más afectados siguen siendo los más pequeños. Para familias trabajadoras, sobre todo en comunidades de bajos ingresos, los subsidios del CCDF son la diferencia entre mantener un empleo o no. Si el acceso a los fondos se demora o se suspende, muchos niños podrían quedar sin cuidado adecuado.

Según cifras del Departamento de Salud del estado, más de 25,000 familias en Minnesota dependen de estos fondos. La carga no solo es económica. La incertidumbre también provoca ansiedad emocional y sentimiento de persecución, especialmente entre inmigrantes que ya se enfrentan a grandes barreras para acceder a oportunidades.

¿Qué está en juego?

Más allá del contexto electoral, esta nueva política sienta un precedente peligroso. Utilizar fondos federales esenciales como arma política puede socavar la confianza en las instituciones y, sobre todo, dejar desprotegidos a quienes más lo necesitan. Las investigaciones sobre fraude deben hacerse —y se hacen— con rigor, pero no a costa de criminalizar comunidades enteras ni de incendiar tensiones raciales con discursos de odio.

Como ciudadanos, es crucial no perder de vista la humanidad detrás de las cifras y las siglas. Esta no es solo una disputa entre gobiernos. Es una historia sobre niños, migrantes, trabajadores y una nación que está decidiendo, una vez más, qué tipo de país quiere ser.