Trump, la Guardia Nacional y el Capitolio: el poder presidencial bajo la lupa

Donald Trump vuelve a ser protagonista de la agenda pública estadounidense, esta vez por múltiples frentes que exponen el uso irrestricto —y a veces, ilegal— del poder presidencial. Mientras intenta nuevamente alcanzar la Casa Blanca en 2024, sus actos pasados siguen generando controversia y acciones judiciales que podrían marcar su futuro político.

El freno judicial al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas

En uno de sus movimientos más polémicos, Trump intentó enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Los Ángeles y Portland bajo el argumento de frenar el crimen y la inmigración ilegal. Sin embargo, su plan enfrentó obstáculos legales en varios niveles del sistema judicial federal.

El expresidente anunció en redes sociales que por el momento retiraba el esfuerzo de desplegar soldados, aunque advirtió con una peligrosa ambigüedad: “volveremos, quizás en una forma mucho más fuerte, cuando el crimen vuelva a dispararse, solo es cuestión de tiempo”.

En ningún momento las tropas estuvieron en las calles de Portland o Chicago. En Los Ángeles fueron retiradas tras un fallo judicial en diciembre de 2025. El despliegue fue denunciado legalmente por diversos actores, incluyendo la solicitud del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, para detener el movimiento de más de 2,000 soldados.

La Corte Suprema se negó a permitir el despliegue en Chicago en un fallo temporal pero significativo; igualmente, un juez federal bloqueó de manera permanente el despliegue en Portland. Esta serie de fracasos expone los límites al poder presidencial, especialmente cuando se trata de intervenir militarmente en estados sin su consentimiento.

Jack Smith vincula directamente a Trump con el asalto al Capitolio

Otro frente judicial más impactante para Trump se presenta en las investigaciones relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En una reveladora entrevista a puerta cerrada con el Congreso, el exfiscal especial Jack Smith dejó claro: “ese ataque no hubiera ocurrido sin Donald Trump”.

Smith sostuvo que el expresidente fue “el individuo más responsable y culpable” en la conspiración criminal para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Subrayó que muchos de los co-conspiradores actuaron directamente para beneficiar a Trump y que la violencia del 6 de enero fue “previsible para él”.

“Nuestro caso se construyó, francamente, sobre republicanos que pusieron su lealtad al país por encima de su partido”, sostuvo Smith, en referencia a figuras conservadoras que testificaron contra Trump.

Uno de los testimonios más poderosos vino de un excongresista republicano y potencial elector en Pensilvania, quien calificó las acciones del equipo de Trump como “un intento ilegal de derrocar al gobierno”.

La retórica incendiaria de Trump y su papel durante los disturbios

Parte fundamental de la acusación es el comportamiento de Trump durante y después de la manifestación en el Ellipse, en Washington. Según Smith, Trump incitó a sus seguidores a reunirse y luego los dirigió al Capitolio, donde se desató el caos. Durante las horas críticas del asalto, el presidente no solo se negó a detener la violencia, sino que tuiteó poniendo en peligro a su propio vicepresidente, Mike Pence.

Smith relató cómo el expresidente debió ser presionado repetidamente por su equipo para hacer algo y que incluso su intento de llegar físicamente al Capitolio fue frenado por el Servicio Secreto. Una de las anécdotas más controversiales involucra a la exasistente Cassidy Hutchinson, quien dijo que Trump intentó arrebatar el volante del vehículo presidencial para unirse a la turba.

Aunque los agentes dijeron a los investigadores que Trump estaba “enfurecido” y deseaba ir al Capitolio, sus testimonios no confirmaron exactamente lo narrado por Hutchinson, lo cual, sin embargo, no descarta el peligro real de sus intenciones.

Investigaciones y registros telefónicos: el poder del rastreo legal

Las revelaciones sobre las tácticas investigativas del equipo de Smith también han generado tensiones con el Congreso republicano. Se divulgaron detalles sobre el análisis de registros telefónicos de legisladores conservadores que estuvieron en contacto con Trump el 6 de enero, incluyendo al congresista Jim Jordan (Ohio), actual presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja.

Smith calificó este rastreo como “completamente legal”, insistiendo en que el verdadero responsable de estos contactos fue el mismo Trump: “él fue quien ordenó a sus co-conspiradores que llamaran a esos senadores”.

Uno de los momentos más reveladores fue la referencia del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, quien recordó cómo incluso Jim Jordan, un hombre sin miedo conocido, “estaba asustado” durante el asalto, lo que reforzaba la gravedad y autenticidad de los hechos vividos aquel día.

La política de reconfiguración de espacios públicos: Trump y los campos de golf

Mientras enfrenta estas complicaciones legales, Trump sigue encontrando maneras para dejar su huella en espacios públicos de Washington. El Departamento del Interior bajo su administración dio por terminado un contrato de 50 años con la National Links Trust para operar tres campos de golf públicos en D.C., alegando incumplimiento de términos y falta de mejoras capitales.

Aunque la organización sin fines de lucro declaró haber invertido 8,5 millones de dólares y haber duplicado los ingresos y las rondas jugadas, el gobierno decidió cerrar el trato. Esto le abriría la posibilidad a Trump para rediseñar los campos en áreas simbólicamente importantes como Rock Creek Park y East Potomac, algunos con historia afroamericana vinculada al golf.

En paralelo, otras entidades culturales como el Centro Kennedy rebautizaron espacios con el nombre de Trump gracias al dominio de su equipo de confianza en sus juntas directivas. Así, mientras su figura genera crisis institucional, también avanza silenciosamente en la redefinición espacial y simbólica de la capital.

Trump 2024: ¿riesgo de repetición histórica?

Con las elecciones de 2024 a la vuelta de la esquina, y con las causas en su contra técnicamente suspendidas por la costumbre del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones, Trump podría volver al poder sin enfrentar consecuencias judiciales inmediatas. Pero las preguntas éticas, jurídicas y democráticas siguen tan vivas como en enero de 2021.

El caso de la intervención de la Guardia Nacional demuestra la fragilidad del balance federal cuando un presidente intenta usar el poder militar con fines políticos. Y su conexión al asalto del Capitolio revela una amenaza directa al orden constitucional de Estados Unidos.

La pregunta no es solo si Trump enfrentará la justicia, sino si el diseño institucional estadounidense puede resistir otro asalto desde la cima del poder.