Centros de datos vs. el futuro energético de California: ¿quién pagará la cuenta de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial: el nuevo depredador energético

A medida que la revolución de la inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados, también lo hace su apetito energético. Los centros de datos, considerados el "corazón palpitante" de esta tecnología, han multiplicado sus demandas eléctricas para poder analizar billones de datos en segundos, entrenar modelos de lenguaje y procesar imágenes, videos y textos.

En California, el epicentro de la revolución tecnológica, los desarrolladores han solicitado 18,7 gigavatios de capacidad de servicio para alimentar centros de datos, una cifra superior al consumo combinado de todos los hogares del estado, según la Comisión de Energía de California.

Pero todo indica que ese crecimiento, lejos de estar controlado, ahora será soltado sin supervisión alguna. Y es que la ley que prometía poner coto a los excesos de esta industria terminó reducida a un único mandato: que la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) produzca un informe… en el 2027. Un plazo que hace inviable usar esos datos para tomar decisiones legislativas antes de 2026.

Una ley descafeinada… y una oportunidad perdida

Senadores como Steve Padilla, autor de la propuesta original, admiten que la versión final de la ley fue aguada por la presión de las grandes tecnológicas, las cámaras empresariales, e incluso del gobernador Gavin Newsom, cuya administración vetó otras medidas más ambiciosas. "No es la ley que esperábamos", reconoció Padilla.

La propuesta original pretendía proteger a los hogares y pequeñas empresas de aumentos bruscos en sus tarifas eléctricas, dándoles a los centros de datos una tarifa energética propia. Además, exigía a los centros de datos contar con baterías de almacenamiento y abastecerse únicamente con energía libre de carbono antes de 2030, anticipándose a los plazos del propio estado. Esos elementos clave fueron eliminados.

Big Tech contra el interés público

Todo intento de imponer reglas mínimas a los centros de datos se enfrentó con feroz oposición de grupos de presión como el Silicon Valley Leadership Group o la Data Center Coalition, que advirtieron sobre una potencial fuga de inversiones a otros estados con regulaciones más flexibles como Texas y Georgia.

Ahmad Thomas, CEO del primero, defendió que “tener normativas más duras compromete que vengan proyectos de gran escala como el de Google por $40 mil millones en Texas”. Por su parte, Dan Diorio, vicepresidente de políticas públicas en la Data Center Coalition, argumentó que apuntar a los centros de datos es una injusticia: “No debería aislarse una sola industria, eso sienta un peligroso precedente”.

Pero Matthew Freedman, abogado de The Utility Reform Network (TURN), un grupo defensor de los consumidores, desmonta ese argumento: “Si realmente les importara ahorrar energía, no estarían proponiendo instalaciones en uno de los estados con electricidad más cara... Buscan rapidez y certeza en los procesos, y eso nos da margen de negociación.”

¿Renegociando el pacto eléctrico?

La situación deja abierta una compleja discusión: ¿deberían los costos de ampliación de la red para alimentar estas instalaciones ser asumidas por los propios desarrolladores, o trasladarse a los consumidores comunes?

“Hay tanto dinero en este negocio que los recibos de electricidad, pese a su tamaño, son poco más que errores de redondeo”, ironizó Freedman. Y añade: “Tal vez no les importe pagar un poco más si eso significa no pasarle la cuenta a hogares y pequeños comercios”.

Los datos respaldan su postura. Según el informe anual del Departamento de Hacienda de California, un puñado de grandes tecnológicas aporta más de $5 mil millones solo en retención de impuestos personales, una cifra que pone en evidencia cómo su presencia fiscal condiciona al poder político estatal.

Centros de datos: mucho más que electricidad

Aunque la discusión se ha centrado en el uso de energía, hay otros recursos que también entran en juego. Un intento de ley para exigir que los centros de datos reportaran su consumo de agua, especialmente relevante en una región con sequías crónicas como California, también fue vetado por Newsom.

La paradoja es frustrante: uno de los principales motores económicos del estado —y de la inteligencia artificial global— genera impactos colaterales considerables (consumo de agua, electricidad, emisión de carbono) que aún no están regulados eficazmente.

¿El informe de 2027 cambiará algo?

Quizá. En palabras del propio Freedman: “El informe podría ayudar a la Legislatura a comprender la magnitud del problema y las posibles soluciones”. También podría influir en revisiones que la CPUC estaría considerando respecto a tarifas específicas o criterios para aprobar nuevos centros de datos. Pero todo eso sigue siendo un podría muy lejos.

Padilla y otros legisladores planean volver al ataque en 2026 y dar una nueva batalla legislativa para evitar que los consumidores subsidien involuntariamente a algunas de las compañías más valiosas del planeta.

¿Hacia un nuevo modelo energético en la era de la IA?

Según un informe de Stanford Energy Systems, California arriesga perder empleos sindicalizados y cientos de millones en impuestos si los proyectos de centros de datos optan por relocalizarse en otros estados. Pero también advierten que sería un error frenar la conversación regulatoria solo por miedo a perder inversiones.

El académico Shaolei Ren, de la Universidad de California en Riverside, lo resume así: “La ubicación de los centros de datos está determinada por el precio de la energía y la normativa local, no por dónde viven los científicos de inteligencia artificial”. Es decir, la fuga del “talento” no es real.

El dilema es claro: permitir que unos pocos acumulen poder sin asumir responsabilidades, o diseñar un modelo donde el desarrollo tecnológico conviva con equidad social y sostenibilidad ambiental.

Por ahora, California eligió hacer una pausa, escribir un informe y mirar para otro lado. Pero la pregunta es si, cuando llegue el año 2027, el problema no habrá crecido tanto como para volverse inmanejable.

Datos clave a tener en cuenta:

• La industria de centros de datos ha solicitado 18,7 GW de electricidad en CA (equivale a abastecer todos los hogares del estado).
• Una sola empresa puede causar un sobrecosto en infraestructura eléctrica que afectaría a todos los ciudadanos.
• Google adquirió Intersect Power por $4,75 mil millones para garantizar energía a sus centros de datos.
• Texas y Georgia ya han aprobado mayores infraestructuras eléctricas para atraer a esta industria.

¿Podrá California equilibrar su liderazgo tecnológico con responsabilidad ambiental y justicia energética, o será el crecimiento de la IA el nuevo salvaje oeste?